“Tratan los pisos como si fueran relojes de lujo”

“Tratan los pisos como si fueran relojes de lujo, cuando la vivienda es un derecho”. Lo lamenta Jordina, inquilina de uno de los pisos de una finca de las que antes se calificaban de regias, en la calle de Marina esquina Gran Via, en Eixample de Barcelona. Junto a su marido, Ernest, denuncian que la propiedad del edificio les quiere subir el alquiler mil euros: de 800 a 1.800 euros. Su caso es especial porque cuando llegaron a la vivienda, hace diez años, pactaron con los caseros asumir el coste de la reforma (60.000 euros) a cambio de pagar 700 euros de alquiler (más los aumentos del IPC) y alargar el contrato una década. Ahora, con el contrato vencido desde noviembre, se niegan a asumir la subida y siguen pagando como antes, pero afrontan un juicio para echarles y recuerdan que con la Ley de Vivienda, deberían continuar pagando lo mismo. El piso tiene 180 metros cuadrados. “Es un abuso y actúan con prepotencia”, señala Ernest. “Si claudicamos y nos marchamos, estaremos dando alas a otros propietarios para echar a otros vecinos”, añade su mujer, que explica que poco a poco la finca se ha llenado de extranjeros con alto poder adquisitivo o expatriados.

Los propietarios de esta finca y las dos contiguas son hijos y nietos de la familia Marcilla. Su abogado, Carlos Muñoz, precisa que, por haber asumido la reforma, durante diez años han pagado “una parte del alquiler en especies y otro el dinero”. Y entiende que ahora deben pagar 1.800 euros, que suponen “una rebaja de 400″ respecto a otros vecinos de la finca. El representante de la propiedad asegura, además, que la regulación del precio del alquiler “no aplica” en este caso, porque el piso tiene más de 150 metros, y estas viviendas quedan fuera del índice oficial del ministerio de la Vivienda. Fuentes del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de la Cámara de la Propiedad Urbana aseguran que, a falta de referencia del índice, la propiedad, por su condición de gran tenedor, debería mantener el precio del alquiler que figura en el anterior contrato. El Ministerio confirma que el precio del nuevo contrato debería ser, a falta de referencia en el índice, el del contrato anterior.

El Sindicato de Inquilinas y la Asociación de Vecinos del Fort Pienc han apoyado este jueves a la familia en un caso para el que están recogiendo firmas. “Pedimos al gobierno municipal que quiere poner Barcelona en el mapa, que cambie de modelo, porque la ciudad está llena de vecinos que no pueden asumir los elevados precios de la vivienda. Sus políticas van en detrimento de los vecinos que queremos vivir 365 días en Barcelona”, ha denunciado Jordi Casanovas, de la asociación vecinal. Enric Aragonès, del sindicato, ha lamentado que “la patronal desprecia la regulación y quiere colar [a Ernest y Jordina] una subida del 126% del precio”. El sindicato acusa a la propiedad de presionar a los vecinos para firmar contratos con subidas de precio, de evitar bajar precios prorrogando los contratos y de imponer cláusulas abusivas. “Es falso, la propiedad invierte en mantener la finca y está comprometida con los vecinos, no aceptamos las acusaciones”, responde el abogado de la familia propietaria.

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