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El Sindicato de Inquilinos demanda a InmoCaixa por “cláusulas abusivas” en sus contratos de alquiler

En los documentos figura la obligación de los arrendatarios de pagar gastos, impuestos o un seguro de impago

Clara Blanchar
Rueda de prensa del Sindicato de Inquilinos, en una imagen de archivo.
Rueda de prensa del Sindicato de Inquilinos, en una imagen de archivo.Massimiliano Minocri

El Sindicato de Inquilinos presentó este miércoles una demanda colectiva contra InmoCriteria que pide la nulidad de lo que considera “cláusulas abusivas” en los contratos de alquiler de centenares de inquilinos de un total de 37 fincas repartidas en 23 varias poblaciones de Cataluña y que en origen habían sido de protección oficial. Entre las cláusulas denunciadas, sobre las que se busca que se declare la nulidad, el sindicato cita la obligación de que los inquilinos paguen gastos, el Impuesto de Bienes Inmuebles, un seguro de impago, que deban ingresar el alquiler en una cuenta de CaixaBank o que domicilien la nómina o la pensión en la misma entidad financiera.

La demanda ha sido interpuesta por el despacho de abogados Col.lectiu Ronda, y su abogada, Montse Serrano, destacó que se trata de “un litigio estratégico que busca la transformación del mercado precario de los arrendamientos”. Serrano, que llevó otro caso de cláusulas abusivas, subrayó que es la primera demanda colectiva que presenta una asociación de consumidores, en este caso el Sindicato. “Pese a haber sido firmadas, salen del paradigma por cómo fueron firmadas, impuestas y contra los principios de buena fe que provocan desequilibrio” entre la empresa y sus inquilnos. “La ley de consumo considera que pueden ser declaradas abusivas y nulas, porque no se han podido pactar en condiciones de igualdad”, añadió. Además de las citadas, citó como “nulas” otras cláusulas “que limitan los derechos sobre la duración del contrato, penalizan a la parte arrendataria económicamente, atribuyen al inquilino obligaciones que corresponden por ley al casero y obligaciones desproporcionadas en relación al estado de la vivienda en el momento de devolverla”. “En el mismo estado que se arrendó”, ejemplificó, “cuando su uso genera desgaste”. La abogada precisó que piden nulidad por abusividad, cesar las cláusulas de los contratos, que se inscriba la declaración en el registro de contratación y multas si no se cumplieran los plazos previstos en la ejecución de la sentencia, si se declararan nulas.

Fuentes de Criteria respondieron a la presentación que “la actuación de InmoCaixa se basa en un estricto cumplimiento de la legalidad”. “La compañía busca siempre un equilibrio entre la defensa de su cartera y la sensibilidad en los casos de vulnerabilidad económico-social acreditada por parte de los inquilinos”, afirmó y aseguro que “en caso de desacuerdos puntuales con sus inquilinos, InmoCaixa lo gestiona caso a caso y con flexibilidad para encontrar la mejor solución”.

Por parte de los afectados por estos contratos intervino Asun, inquilina en El Vendrell, que destacó: “Luchamos por nuestra dignidad en un caso que requiere atención urgente e inmediata, porque las cláusulas abusivas dejan a los vecinos en posición de fragilidad y vulnerabilidad”. En su caso, explicó que el contrato incluye “plaza de aparcamiento obligatoria, gastos de comunidad, IBI, o el mantenimiento de la propiedad, que es penoso”, y lamentó “el trato despectivo e inhumano” que los inquilinos reciben de la empresa. La inquilina cuantificó en “la mitad” del coste mensual que paga los gastos de cláusulas que la demanda busca que se declaren nulas. Entre otros, ha enumerado “50 euros de aparcamiento, 50 de mantenimiento, 30 de IBI y 80 euros anuales de seguro”.

La portavoz del sindicato, Carme Arcarazo, recordó que la justicia dio la razón a la organización en otra demanda por cláusulas abusivas, que fueron declaradas nulas, y puso en valor que “el Sindicato hace lo que no hacen las instituciones”.

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Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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