El veto al alquiler de temporada mide las relaciones entre el PSC y ERC ante la investidura

Con el Parlament funcionando a medio gas, a la espera de la apertura de la nueva legislatura el próximo 10 de junio, la Diputación Permanente se reunirá este jueves para convalidar o no tres decretos ley aprobados por el Govern en vísperas a las elecciones. Los tres acuerdos, que están en vigor, decaerán si no obtienen mayoría. Los tres textos regulan, por un lado, los alquileres de temporada en Cataluña y otros aluden a medidas relacionadas con la sequía (como el llenado de piscinas o ayudas para agricultores y ganaderos). En medio de las negociaciones para la investidura, las votaciones serán un termómetro para medir las relaciones entre el PSC, ganador de las elecciones, y ERC, que en buena parte tiene la llave de la gobernabilidad del líder socialista, Salvador Illa. El día 10 se constituirá el Parlament y el debate de investidura será el 26 de junio.

Los socialistas criticaron hace un mes la forma en que el Govern aprobó el decreto para regular los alquileres de temporada al alegar que era impropio hacerlo justo antes de la campaña electoral y también por el procedimiento utilizado sin pactarlo antes con más grupos. “Lo han decidido en tiempo de descuento y a escasas horas de que arranque la campaña”, afirmó Lluïsa Moret, número dos del PSC. “Son propuestas que no han sido consensuadas ni debatidas en sede parlamentaria”. Ese ha sido uno de los reproches más recurrentes del PSC en el último mandato al acusar a ERC de tirar por el camino de en medio cuando solo tenía 33 diputados. Los socialistas, en general, están a favor de regular los pisos turísticos y de temporada, alcanzando un consenso con el resto de partidos y con el sector.

La cuestión es que el PSC, al igual que Junts, no apoyó el manifiesto del Sindicato de Inquilinos que durante la campaña pidió a los partidos que se posicionaran a favor. Solo lo hicieron Esquerra, los comunes y la CUP. El partido está estudiando y valorando ahora el sentido de su voto y posiblemente lo anunciarán el mismo jueves. La incógnita es qué decisión tomará el PSC cuando necesita a los republicanos para un eventual gobierno de izquierdas. Miembros del PSC reiteran que criticaron el decreto por las formas y no por el fondo y piden mirar la votación sin las gafas de la investidura.

La duda es si el PSC, que necesita tanto a ERC como a los comunes para alcanzar la presidencia, pueden permitirse tumbar un decreto que evita que los alquileres de temporada esquiven el límite de precios. Ese tipo de alquiler es una de las fórmulas a las que los propietarios de vivienda han recurrido para burlar la regulación de precios, lo que ha generado alarma social. Hace unos meses el PSC validó otro el decreto del Govern de Aragonès, el de pisos turísticos, que pretendía reducir sustancialmente su número, pero a cambio del compromiso por escrito de tramitarlo como proyecto de ley para fomentar el diálogo. El adelanto electoral no permitió que el compromiso prosperara.

A diferencia del pleno del Parlament, la aritmética en la Diputación Permanente permite al Govern (ahora en funciones) poder convalidar sus decretos solo con el apoyo de un socio (PSC o Junts), en vez de tener que contar con al menos tres grupos (los comunes han jugado ese papel varias veces durante la legislatura). El órgano está integrado por 23 sillas y los tres grandes partidos de la última legislatura, PSC, ERC y Junts, cuentan con seis sillas cada uno. El resto de partidos, Vox, CUP, comunes, Ciudadanos y PP, cuentan con una siila cada uno. El umbral de la mayoría está fijado en 12 votos por lo que a ERC le basta con el apoyo de uno de los grandes. Xavier Bernadí, secretario del Govern, recordó este lunes en la red que tanto PSC y Junts cortejan a ERC y le piden su apoyo y se preguntó si votarán a favor de convalidar el decreto “para evitar el fraude de lo alquilares de temporada y a favor del derecho a la vivienda”.

En el Departamento de Territori, del que dependen las políticas de vivienda, entienden que es el PSC quien tiene máxima presión. La consejera Ester Capella defendió hace un mes que la norma catalana, dijo, “resuelve los agujeros” de la Ley de Vivienda, de ámbito estatal, que han disparado la oferta de alquileres de temporada para esquivar la normativa. El decreto catalán regula los alquileres de temporada y además introduce un régimen sancionador, del que carece la Ley de Vivienda de ámbito español, y que podría multar a los propietarios que no cumplan. También fija obligaciones a los caseros cuando alquilan una vivienda, para que los inquilinos tengan la información que requiere la Ley española: que informen de si son un pequeño o gran tenedor, que en los anuncios o los contratos figure el precio de referencia de cada vivienda o el coste de la última renta que se pagó.

La clave de la regulación que fija el decreto es la consideración de que solo el uso turístico o recreativo se puede considerar alquiler de temporada. Y que un alquiler por una estancia limitada, que no sea por motivo vacacional sino por estudios o trabajo, cubre las necesidades de vivienda permanente y por ello debe cumplir con las obligaciones de la legislación española aprobada en mayo de 2023. Para justificar la condición de vivienda, el casero deberá documentar el motivo de la temporalidad al depositar la fianza en el Instituto Catalán del Suelo (Incasol), explicó Capella cuando lo presentó hace un mes. Capella pidió este este martes a la ministra Isabel Rodríguez, durante la inauguración del salón Construmat en Fira de Barcelona, “la propuesta de fondos del Plan Vivienda”. “En Cataluña hemos hecho los deberes, nos toca participar de estos planes de forma más generosa”, ha manifestado la consejera en funciones.

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