El Sindicato de Inquilinos presiona a PSC y Junts para limitar el alquiler de temporada en Cataluña

El Sindicato de Inquilinos busca la manera de blindar los alquileres de temporada en Cataluña. La entidad presiona a los partidos políticos para que convaliden el decreto aprobado a finales de abril por el Gobierno catalán que regula las rentas de corta estancia (hasta 11 meses) en la comunidad. Este viernes ha conseguido el apoyo de Comunes, CUP y ERC, que han firmado por la mañana un manifiesto del Sindicato en el que se comprometen a dar luz verde a la nueva normativa, entre otras medidas para proteger la vivienda. PSC y Junts, con la fuerza parlamentaria necesaria para sostener el decreto impulsado por ERC, no han firmado la propuesta y confirman las reticencias mostradas a hacerlo tras el anuncio de la Generalitat y durante el de TVE, este jueves.

En vigor desde el pasado 24 de abril, el decreto pretende evitar que los propietarios de vivienda utilicen los alquileres de temporada para esquivar la regulación de precios en las zonas de mercado tenso. Tras la regulación de los pisos en alquiler, que blindan los precios, el mercado observó como buena parte de les tenedores pasaron de ofrecer alquiler de vivienda habitual a alquiler de temporada y, así, escurrir los límites económicos. “El decreto es imprescindible para garantizar que los especuladores no boicoteen la regulación de precios de alquiler”, reclama Marcos Bartolomé, portavoz de la asociación. “La brecha legal [de la normativa] son los alquileres de temporada”.

El Gobierno necesita convalidar la norma en el plazo de un mes en la Diputación Permanente, y actualmente las cifras no salen porque el apoyo de socialistas o posconvergentes es imprescindible para alcanzar una mayoría. “Nadie entendería que los partidos que firmaron la regulación del alquiler no firmen este compromiso para los precios de temporada”, insiste Bartolomé. “Es una mala noticia que PSC y Junts no estén aquí. Parece que han elegido estar del lado de los especuladores que nos quieren echar de casa”. Jéssica Albiach (Comunes) y Laia Estrada (CUP), ya señalaron a ambos partidos durante el debate televisivo ante la falta de concreción de los candidatos en materia de vivienda.

Tildado de “electoralista” por los rivales políticos de ERC, el decreto modifica las leyes catalanas de vivienda y de fianzas, y prevé multas de entre 3.000 y 90.000 euros para los propietarios que no cumplan. La clave de la regulación es la consideración de que solo el uso turístico o recreativo se puede considerar alquiler de temporada. Y que un alquiler por una estancia limitada, que no sea por motivo vacacional sino por estudios o trabajo, cubre las necesidades de vivienda permanente y por ello debe cumplir con las obligaciones de la legislación española aprobada en mayo de 2023.

“El decreto desarrolla medidas para evitar la picaresca que se ha instalado y que algunos eludan la ley en vigor y buscan cobijo en los vacíos legales. Nosotros tapamos esos agujeros dando respuesta urgente y a demandas de entidades sobre la garantía del derecho a la vivienda”, defendió la consejera de Territorio, Ester Capella. La responsable, que era consejera de Justicia cuando en 2020 la Generalitat reguló de forma pionera el precio de los alquileres en 60 ciudades, suele recordar que los precios del alquiler se han disparado un 66% en Cataluña durante la última década, un 10% solo en 2023.

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