Colau ha comprado 900 pisos en seis años para ampliar el parque público de alquiler

La compra a medias con una firma del grupo del empresario Jaume Roures del edificio del Gimnasio Social Sant Pau, para salvar el equipamiento y hacer 36 pisos de alquiler social, es la última de una política de adquisiciones del Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En seis años que lleva en el poder, el ejecutivo ha comprado unos 900 pisos con el objetivo de ampliar el parque público de alquileres. Una operación que ha supuesto una inversión total de más de 70 millones de euros. En el mandato del alcalde Xavier Trias se compraron 274 pisos. Y en el anterior, solo 17.

En el primer gobierno de los comunes, entre 2015 y 2019, se adquirieron pisos sueltos o edificios enteros que tenían vecinos (inquilinos u ocupas) a los que se quería proteger de procesos de expulsión y aumentar la bolsa de vivienda de emergencia para familias desahuciadas. En otros casos fue a instancias de las plataformas que defienden el derecho a la vivienda. En mayo de 2019 se habían comprado 702 pisos, 22 en edificios enteros, que sumaban 401 viviendas.

De las fincas, la mayor, la del final del paseo de la Zona Franca, que tiene 114 viviendas. Pero hubo otras en el mismo distrito de Sants-Montjuïc (en las calles de Leiva, Elkano o Rossend Arús); en Ciutat Vella (Joan de Borbó, Robador) o el Eixample (Aragó, 317). En el paquete de adquisiciones del primer mandato figuraban también casi 100 pisos en fincas horizontales y 163 compradas en usufructo a la Sareb o Caixabank.

Cuando ha habido familias ocupando ilegalmente estos pisos, la idea es regularizar su situación con un contrato que les vincule a la vivienda con el pago de un alquiler, por reducido que sea, y de acuerdo con las condiciones del Instituto Municipal de la Vivienda (IMAHB). Operaciones complejas y lentas y que no se han conseguido en todos los casos, admiten fuentes próximas al área de vivienda. El consistorio no facilita la cifra de cuántos de los pisos están vacíos o todavía en obras y pendientes de adjudicar.

En el segundo mandato, se ha recurrido sobre todo al derecho de tanteo y retracto (la compra preferente por parte de la administración) que contempla el Decreto 1/2015 del Govern, de medidas para movilizar pisos procedentes de desahucios por impago de hipotecas. Toda la ciudad fue declarada área de tanteo y retracto, una fórmula que según una fuente del sector permite evitar irregularidades en las compraventas: “Garantizas el derecho a la vivienda con el piso que pasa a ser público, se utilizan viviendas que están vacías y se evitan operaciones en dinero negro, porque la administración no lo acepta”.

Aunque también se han continuado comprando fincas singulares o con vecinos que pedían blindaje. Ha ocurrido con las ocho casitas de Pons i Gallarza de Sant Andreu (donde se ensayará la masovería urbana), o tres fincas de Horta cuya propiedad había descuidado y el consistorio entendía que sus vecinos podían ser expulsados. En un edificio de la calle de Ferreria (Sants) el Ayuntamiento intervino en una transacción pactada entre sociedades: pagando lo mismo que la propiedad había acordado el comprador para evitar que los vecinos fueran expulsados, informó en su día el consistorio.

Y operaciones de adquisición sonadas de edificios para hacer alquileres públicos y equipamientos han sido también las del antiguo Hotel Buenos Aires (Vallvidrera) o las dos casitas de la calle de Encarnació (Gràcia). Recientemente también se compró un edificio en la calle de Balmes número 16, en pleno centro y con 24 viviendas de entre 40 y 130 metros cuadrados.

La “compra de viviendas en el mercado privado” figuraba en el plan de vivienda de Colau 2016-2025. El documento apunta que la ampliación del parque público no se puede fiar todo a la construcción de vivienda, porque generaría dos problemas: es lento y solo hay solares en determinadas zonas de la ciudad. De ahí la compra de viviendas que permiten ampliar el parque público en todos los barrios, también en zonas céntricas donde los precios son muy elevados y el parque público escaso, y donde no hay suelo disponible para hacer grandes promociones, explican fuentes municipales. Lo que no revelan es el precio metro cuadrado al que acepta comprar el consistorio.