Barcelona gasta 7,4 millones para expropiar las casas de la calle Encarnació

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido revocar la licencias de obras y expropiar las fincas de las casas situadas en los números 13, 15 y 17 de la calle Encarnació del barrio de Gràcia. El Consistorio destinará seis millones de euros para esta operación, un precio al que tendrán que sumar 1.400.000 euros más en concepto de indemnización. De esta forma, el Ayuntamiento acuerda con el propietario la expropiación y evita futuros litigios.

La comisión de gobierno del consistorio barcelonés dio, el pasado jueves, el visto bueno al convenio que revoca la licencia de construcción que tenía el propietario de los terrenos de la calle Encarnació de Gràcia. Retira asimismo la autorización de derribo de las casas y acuerda el precio e indemnización pactado con los dueños de la finca. En estos inmuebles el Consistorio ha anunciado que tiene prevista la construcción de una guardería y viviendas públicas.

El 9 de noviembre de 2018 más de un centenar de vecinos ocuparon la finca donde se encuentran las dos casas para evitar su derribo. El derribo de las viviendas había comenzado días antes. Las casas no estaban catalogadas pero los activistas denunciaron que la operación inmobiliaria con la que pretendían construir 24 pisos en esa zona era un nuevo episodio especulativo en el barrio. De hecho, la propiedad ya había tirado al suelo gran parte del interior de los dos edificios.

Aquel día, además, estaba prevista la tala de una encina bicentenaria que estaba dentro de una de las fincas.

Los vecinos impidieron la tala y el Consistorio catalogó la encina de más de 200 años que ahora forma parte del listado de Árboles de Interés Local. Gracias a esta catalogación, el Ayuntamiento de Barcelona pudo dictar las medidas cautelares para detener las obras de derribo de las dos edificaciones singulares de la finca, y posteriormente revocar la licencia de obras que tenía concedida la propiedad, que quería construir un edificio de viviendas privado.

El acuerdo municipal con la propiedad, aprobado por la comisión de gobierno, prevé que los hasta ahora dueños de las fincas retiren el contencioso administrativo que interpusieron los dueños contra el proceso de catalogación de la encina y que facilite la tramitación de la modificación puntual del Plan General que permite que las fincas se destinen a equipamiento municipal.