Barcelona impulsa un nuevo modelo de vivienda: la masovería urbana

El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado ocho casas del siglo XIX en el casco antiguo de Sant Andreu y, junto a sus inquilinos, ha impulsado el primer proyecto híbrido entre el alquiler y la llamada masovería urbana. Este sistema, previsto en la Ley del Derecho a la Vivienda, consiste en que los habitantes de una vivienda alternan el pago del alquiler a precio asequible con trabajar en la rehabilitación de las viviendas. Es decir, pagan una parte en dinero y otra en especies, rehabilitando.

Las ocho casas que el Ayuntamiento ha comprado están en la calle de Pons i Gallarza y sus habitantes (13 adultos y siete niños) se organizaron hace dos años años para impedir la subida de alquileres que les planteaba la propiedad. Entre los vecinos está Pepita, que firmó el contrato en 1936. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau defiende una operación “para evitar la expulsión de vecinos y parar, ejerciendo el derecho de tanteo [la compra preferente], un proceso de especulación y gentrificación por parte de un fondo que había comprado el conjunto residencial”. Así, además de evitar la expulsión de los vecinos, se suma vivienda al parque público.

Todos cumplen los requisitos de los solicitantes de vivienda pública, asegura el consistorio. Las ocho casas suman 550 metros cuadrados (unos 70 cada una) y tienen planta y piso. El Ayuntamiento ha comprado los ocho edificios a la Sociedad Vermonta SL por 745.000 euros y gastará 290.000 en arreglar las cubiertas.

El consistorio explica que los alquileres vigentes se mantendrán y los que vencen se harán por siete años, como marca la ley. Sobre el alquiler que cada vecino pagará, dependerá de las obras que tenga que hacer, que también marcarán cuánto tiempo pagan en euros y cuanto en rehabilitación. Lo que los vecinos defienden es que los contratos vayan más allá de siete años, en línea con los contratos de masovería rural, explica Roger Ramírez, uno de sus habitantes. Ramírez pone en valor “dos años de lucha con la antigua propiedad y de presión que ha finalizado en este proyecto”.

La concejal de Vivienda, Lucía Martín, defiende que la fórmula “facilita la rehabilitación de vivienda con una fórmula que permite que los vecinos se queden en las casas, pagando un alquiler que se paraliza mientras se hacen las obras”. “Los inquilinos mejoran sus viviendas y tienen estabilidad”, resume. Martín señala además que en este caso existía una comunidad organizada que ya ha hecho obras en las viviendas y que el precio de las finas estaba por debajo de mercado.