El Ayuntamiento de Barcelona y la fundación Habitat 3 comprarán por 9,2 millones la Casa Orsola, símbolo de la crisis del alquiler en la ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona y la fundación Habitat 3 comprarán la Casa Orsola, el edificio del centro de la ciudad que se ha convertido en símbolo de la lucha por los alquileres y la confrontación con los fondos de inversión que adquieren fincas y expulsan a los inquilinos. En pleno distrito del Eixample, el edificio modernista fue comprado en 2021 por Lioness Inversiones SL, que no renueva los contratos a los inquilinos cuando acaban. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado que la operación se ha realizado por 9,2 millones de euros, tres más que los seis millones que pagó la empresa en 2021. El consistorio aportará el 49% del coste, y el 51% restante, la fundación, una organización sin ánimo de lucro que gestiona vivienda social en Cataluña. “Estrenamos la compra social colaborativa”, ha presumido el alcalde detallando que Habitat 3 gestionará los 26 pisos que hay. El acuerdo, que implica suspender los desahucios previstos, llega tras una enorme movilización social, de los vecinos y el sindicato, y tras la mediación iniciada por el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo en la ciudad, David Bondia. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha celebrado la transacción.

Collboni ha calificado la actuación de “operación pionera y extraordinaria” y ha asegurado que “Barcelona lanza el mensaje de que quiere cambiar las reglas del juego de la vivienda en la ciudad”. “El problema que sufren todas las ciudades europeas solo se pondrá cambiar estructuralmente con regulación” ha afirmado y se ha referido a la aplicación en Barcelona de la regulación del precio del alquiler, la suspensión de licencias de pisos turísticos prevista para 2028 para que vuelvan a ser residenciales y la intención de regular el alquiler de temporada. “A corto plazo podremos disponer de nueve pisos para la bolsa del alquiler de la ciudad y convertiremos toda la finca en viviendas de alquiler asequible”, ha añadido sobre una operación directa, sin recurrir al tanteo y retracto, “gracias a Habitat 3, que se puso a disposición del Ayuntamiento”.

En la finca hay 26 viviendas (más una que no reúne las condiciones) y cuatro locales en los bajos. Actualmente hay siete viviendas con contrato indefinido, siete de alquiler de temporada, cinco con contrato vigente, cinco con demandas judiciales y dos vacíos. Los pisos que comience a gestionar Habitat 3 serán para solicitantes de alquiler público y los vecinos que ya no tienen contrato pero siguen pagando el alquiler vía judicial está por ver si pagan el precio del contrato anterior (como dice la Ley de Vivienda) o si en el nuevo contrato se les aplica el índice oficial.

Sobre la posibilidad de comprar otras fincas en situación parecida a la Casa Orsola el alcalde ha afirmado que “hay que ir estudiando cada caso”, pero ha advertido de que “los recursos son limitados”. La presidenta de Habitat 3, Carme Trilla, ha explicado que la fundación sola no hubiese podido asumir la adquisición, porque “el retorno de los alquileres no hubiese cubierto la carga financiera” y ha celebrado “la apuesta por una colaboración público privada y apoyo a las entidades sociales, que no pueden realizar operaciones a pulmón sin empuje financiero”. “Es una línea de futuro en la que hay que trabajar y es habitual en otros países europeos”, ha apuntado Trilla celebrando también que se cree parque público en el centro de la ciudad.

El Sindicato: “El Ayuntamiento rescata al especulador”

El Sindicato de Inquilinas ha celebrado que “después de tres años de lucha la Casa Orsola sea un bloque indesahuciable hoy y en el futuro”, pero ha arremetido contra el consistorio por “rescatar y premiar al especulador con 9,2 millones de euros”, en palabras del portavoz Enric Aragonès, informa Màrius Lamor. La organización ha tachado de “vergüenza” la operación y ha criticado que el Ayuntamiento haya “negociado de espaldas a los vecinos, instrumentalizando y sacando rédito político de la lucha del Sindicat”. El Síndic David Bondia, ha sacado pecho de que inició la mediación, “a la que rápidamente se sumó el Ayuntamiento”, y ha recalcado que en una situación así “no se buscan ganadores y perdedores, sino soluciones”. El defensor de la ciudadanía no ha querido valorar la compra, pero ha advertido de que estará atento al futuro. Sobre el reproche del Sindicat, Bondia ha explicado que “tal y como estaba la cosa [con desahucios inmediatos y duro enfrentamiento entre propiedad e inquilinos]” decidió “interlocutar con los dos sin sentarles en la misma mesa” y ha confiado en que “a la larga se vea como un buen acuerdo”.

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Los vecinos de la Casa Orsola reaccionan a la compra

El dueño del edificio, Albert Ollé, ha celebrado en una carta los “acuerdos desde el respeto, sin coacciones” y ha cargado contra el Sindicato de Inquilinas. “Su voluntad nunca ha pasado por alcanzar acuerdos sobre los vecinos, tras su máscara esconden la imposición como finalidad y la violencia como estrategia”. Ollé ha defendido que “siempre” ha procedido “desde la legitimidad” y ha asegurado que en los últimos tres años “se ha puesto en riesgo el derecho a la propiedad que reconoce la Constitución”. El propietario agradece al Síndic y al Ayuntamiento su actuación.

La operación supondrá el blindaje de los inquilinos de hace muchos años que quedan en el edificio, tanto los que tienen contratos indefinidos como los que cuatro que ya no tienen contrato pero pagan el alquiler desde que la propiedad no quiso renovar a partir de 2023. El más conocido es Josep Torrent, un profesor de matemáticas en un instituto que lleva 22 años viviendo en la finca y que en la última semana ha afrontado dos intentos de desahucio, aplazados por la gran presión popular y movilización que hubo. Torrent ha dicho que ahora podrá dormir más tranquilo y ha reivindicado la lucha de los inquilinos y el Sindicato, al tiempo que ha pedido “soluciones para las otras Casa Orsola que hay en la ciudad”.

La noticia de la compra ha corrido como la pólvora por el barrio, donde todo el mundo está al corriente de la situación y abundan pancartas en los balcones con el lema “Casa Orsola resiste”. “La decisión del Ayuntamiento es correcta, pero si se ha llegado hasta aquí ha sido gracias a la movilización ciudadana y la presión social, que han evitado el desahucio hasta ahora” advertía un vecino que recordaba que la finca está en plena superilla de Consell de Cent, una vía peatonal donde han subido mucho los precios. Otros remachaban que el caso de Casa Orsola es solo uno entre decenas de bloques amenazados en la ciudad.

Este lunes, tras el aplazamiento del segundo intento de desahucio, el propietario de Lioness Inversiones, Albert Ollé, hizo pública una carta en la que abría la puerta a venderse el edificio. Ollé denunciaba “la criminalización” a su juicio sufrida durante tres años, “con ocupaciones, vandalismo y campañas de desprestigio”. Y defendía que la propiedad ha ofrecido acuerdos a los inquilinos, que negociaron individualmente, frente a los que exigían sentarse de forma colectiva, asesorados por el Sindicato de Inquilinas. La compra lanza también un mensaje a los fondos de inversión que compran edificios enteros para reformarlos y sacar grandes rentabilidades.

La adquisición de Casa Orsola está sobre la mesa del Ayuntamiento desde que en 2023 el pleno aprobó estudiarlo, con los votos de ERC, los comunes y el propio partido de Gobierno municipal, el PSC. Las compras de edificios enteros para blindar a sus vecinos y disponer de vivienda pública fue una práctica habitual durante los mandatos de la alcaldesa Ada Colau. Entre 2015 y 2023 el consistorio compró pisos y fincas enteras ejerciendo el derecho de compra preferente que tiene la administración. En total, 1.600 pisos para aumentar el parque público de vivienda y para proteger a inquilinos en riesgo de expulsión.

Los comunes siempre han explicado que cuando conocieron la compraventa de Casa Orsola (por seis millones de euros) no tenían noticia de vecinos vulnerables en la finca. Solo en 2021 y solo en el Eixample hubo otras 30 operaciones por 260 millones de euros. “Fue imposible comprarlas todas”, recuerdan fuentes de Barcelona en comú, que señalan que ese mismo año compraron cinco fincas en el distrito. En el caso de Casa Orsola, la compra “se desestimó por motivos técnicos y de viabilidad económica, ya que al precio de la compra se sumaba la rehabilitación de la finca y comportaba el realojo temporal de los inquilinos”, explica el Ayuntamiento.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha celebrado la compra en un apunte en las redes sociales. “Celebro la decisión del alcalde @jaumecollboni de adquirir la Casa Orsola, resultado de las movilizaciones sociales, la mediación, el diálogo y el compromiso político. ¡Ha ganado el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad!”, ha escrito. El Ministerio de Vivienda se ha mantenido en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona y ha estado al tanto de las negociaciones para la compra del inmueble, indican en el departamento, que continúa avanzando en la definición de la empresa estatal de vivienda. Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el 13 de enero que la nueva compañía pública tendría “prioridad” para ejercer la compra de viviendas y suelos, entre otras funciones, pudiendo complementar la acción de otras Administraciones.