Cinco crisis de la vivienda en un solo edificio de Barcelona

Vecinos expulsados, vecinos en riesgo de expulsión, convivencia con pisos turísticos, con pisos que no se sabe muy bien si están vacíos o son alquileres de temporada, y negligencia de la Administración. Cinco crisis de la vivienda que se concentran en un edificio de Barcelona con 120 viviendas de alquiler en la calle de Tarragona, en el Eixample, el distrito central. La propiedad de la finca, la inmobiliaria Gallardo, aprovechó un descuido del Ayuntamiento y en abril de 2023 consiguió licencias de uso turístico para todos los pisos. Desde entonces, los vecinos explican que, a medida que acababan los contratos de alquiler, la propiedad no los ha renovado, los ha reformado, y 35 ya funcionan como apartamentos turísticos.

En 78 pisos viven inquilinos (26 con contratos indefinidos y 52 con contratos que vencen entre 2027 y 2030). Y hay otros siete con distintas casuísticas: los vecinos o no tienen información o aseguran que están vacíos o alquilados con contratos de temporada, recuenta un vecindario que se ha convertido, por tamaño, en el buque insignia de la crisis de la vivienda en la ciudad. El alcalde Jaume Collboni ha prometido eliminar los pisos turísticos en cinco años utilizando un decreto ley de la Generalitat (que ha sido recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional). Pero la eventual anulación de licencias en todo el municipio no resta angustia a los afectados. Los más movilizados no se perderán este sábado la manifestación contra los precios del alquiler convocada por la tarde en Barcelona.

“Llevamos casi veinte años aquí y nos quedan cinco de contrato”, explica una vecina que prefiere no ser identificada. “En 2022 comenzaron a no renovar, convivimos con las molestias por las obras, que fueron terribles; ahora soportamos los pisos turísticos, ascensores que se estropean porque los visitantes de paso no los cuidan, pisos vacíos. Barcelona tiene un problema, se ha convertido en un parque de atracciones para guiris, el tejido local se destruye mientras grandes propietarios han aprovechado vacíos legales para sacar el triple de beneficios de las viviendas mientras los vecinos no podremos pagar los precios de mercado cuando nos tengamos que marchar”, relata de corrido.

En la finca están convencidos de que la propiedad tenía la intención de convertirla en “un gran hotel de 120 habitaciones”. En una de las entreplantas, la empresa ha habilitado una lavandería (16 máquinas, entre lavadoras y secadoras) y otra la han forrado de taquillas para dejar equipaje. Todo de uso exclusivo, a través de contraseñas, para los clientes de los pisos turísticos. Un letrero en la entrada principal detalla la ubicación de los apartamentos, reconocibles porque tienen una placa en la puerta con el nombre Arrivo, la firma con la que se anuncian en internet, que no ha contestado a la pregunta de este diario sobre si también hacen alquileres de temporada, como asegura el vecindario.

Descubrir de un día para otro que vives en un piso con licencia turística agobia a la comunidad. También a los inquilinos de renta antigua: teóricamente no tendrán que marcharse, pero no quieren hablar. Aunque también les ha servido para unirse, conocerse (pese a vivir en tres escaleras distintas) y apoyarse unos a otros. Melanie Andrada, de 52 años, explica que desde que descubrieron el masivo otorgamiento de licencias ha pasado “por varias fases”. Miedo y rabia primero, pero ahora “contenta de haber aprendido, de pensar diferente ahora que cuando pensaba que estaba sola”, en parte gracias al Sindicato de Vivienda de Esquerra de l’Eixample. En una de las protestas que han hecho, relata, se emocionó cuando en el mercado del barrio los tenderos expresaban su temor: “Si os vais, el barrio se va a pique”. Andrada está convencida de que cuando llegue el día no encontrará “nada en el barrio”, en el que creció y donde viven su madre y hermana. Mientras, el día a día con un piso turístico pared con pared no es fácil. Cada apartamento tiene seis plazas y a veces los turistas alquilan varios, pero cenan todos juntos: “24 chavales de fiesta, te puedes imaginar”, lanza.

La antigua vecina de Melanie acababa de jubilarse y tuvo que marcharse del barrio cuando no le renovaron el contrato hace casi dos años. “Fue de sopetón, pagaba un alquiler razonable y no encontraba nada por el mismo precio”, explica desde su actual domicilio. “Fue súper traumático, había pagado durante 13 años y me decían que había ‘un cambio de orientación en la empresa’ sin dar la cara y explicar la verdad. Luego supe que tenían que haberme dado tres meses de plazo, tuve que alquilar un trastero mientras no encontraba nada. Ha costado, ha sido un cambio de vida”, cuenta desde la otra punta de la ciudad, en una planta baja en un barrio de montaña. “No había imaginado así mi vida de jubilada”, suspira por teléfono.

Desde el sindicato de vivienda del barrio, Albert Freixa lamenta que el Ayuntamiento no utilizara “el mecanismo por el que habrían podido caer todas las licencias:: si llevan tres meses sin actividad económica”. “La Administración no se entera de lo que está pasando”, lamenta Melanie, que “duda” de que les salve la promesa del actual alcalde de suprimir los pisos turísticos. Freixa cree que empresas como la Inmobiliaria Gallardo actúan en “alianza con la Administración: es el cómplice necesario, ha omitido los mecanismos legales que tenía para frenarlo”. Y sobre la promesa de Collboni, también duda: “A la espera de una regulación que arregle el mundo, quienes hemos conseguido presionar y apaciguar hemos sido nosotros, la ciudadanía organizada”.

Aunque los vecinos lo desconocían, la petición de licencias turísticas se remonta a 2019. Entonces, la inmobiliaria Gallardo, de la familia fundadora de los laboratorios Almirall, aprovechó la grieta legal que supuso que la justicia tumbara la primera versión del plan de alojamientos turísticos (el PEUAT) de la exalcaldesa Ada Colau y la redacción de la segunda versión. Pidió las licencias, el consistorio las denegó, la inmobiliaria acudió a los tribunales y ganó. El Ayuntamiento actuó de nuevo para frenarlas y, según una respuesta obtenida por Transparencia, de las 120 licencias de piso turístico, 35 están vigentes, 85 fueron invalidadas municipalmente y, de estas, 81 están pendientes de decisión judicial porque la propiedad volvió a recurrir a los tribunales. Por otra parte, la propiedad hizo obras en los 35 pisos turísticos que están activos. Preguntada por escrito, la compañía responde que no pueden confirmar la información: “Los datos no nos cuadran”. A la solicitud de cuántos piso de alquiler indefinido tienen, cuántos con fecha de finalización, cuántos de temporada, vacíos o en obras, contestan: “Lamentablemente, no podemos compartir esta información”.