El Sindicato de Inquilinas anuncia las dos primeras huelgas de alquiler en dos edificios en Cataluña

Tres semanas después de la masiva manifestación que pidió en Barcelona una bajada del precio de los alquileres y que apuntaba a la convocatoria de una huelga de alquileres, el Sindicato de Inquilinas ha presentado este miércoles el caso de los dos primeros edificios de Cataluña que recurrirán a esta fórmula para mejorar la situación de sus inquilinos. Son dos inmuebles de Salou (Tarragona) y Sentmenat (Barcelona) que en origen eran de protección, promovidos por la obra social de La Caixa y ahora gestionados por InmoCriteria, a quienes los inquilinos llevaron a los tribunales por supuestas cláusulas abusivas en sus contratos. En el caso de Salou, el edificio acaba de ser comprado por la Generalitat. Los vecinos han comenzado o se disponen a protagonizar en marzo huelgas que consisten en dejar de pagar el alquiler a la propiedad, pero lo ingresarán en una cuenta común. El objetivo es presionar para mejorar sus condiciones.

En Salou (Tarragona), las viviendas se han comenzado a desclasificar de su condición de protegida en los últimos años y ha sido comprada por la Generalitat para blindar a las familias que quedan. De 80 pisos que tiene la finca, hay 40 vacíos y el resto siguen alquilados o algunos se vendieron. En total, son 23 las familias que se han sumado a la protesta, el 62% de los inquilinos. La vecina Kika Aguilera ha explicado que “desde hace cuatro años InmoCriteria no ha renovado contratos cuando finalizaban”. “Han ido a saco amenazando para que nos marcháramos: que nos embargarían la cuenta, que nos desahuciarían, que tendríamos que pagar los costes del juicio...”, relata Aguilera, que lleva dos años sin contrato, desde que se le acabó, pero ingresa cada mes el alquiler en una cuenta corriente. En el edificio de Salou la huelga consiste en devolver los últimos dos recibos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que la propiedad ha cobrado irregularmente: el cobro del IBI en vivienda protegida fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo y los inquilinos de Salou dejan de pagar, por ahora, los dos últimos recibos, a la espera de si la Generalitat elimina las cláusulas abusivas cuando comience a gestionar las viviendas.

El Sindicato de Inquilinas asegura que InmoCriteria “ha cobrado más de 10 millones de euros en concepto de IBI solo en Cataluña”. Fuentes de InmoCriteria responden que no comentan la situación, que “se está estudiando caso a caso”. Sobre la compra por parte de la Generalitat, aseguran que no se ha formalizado todavía.

En el caso de Sentmenat (Vallès Occidental), la inquilina Marta Carrillo ha explicado que la idea es comenzar la huelga el próximo 1 de marzo y que se han fijado como condición que se sume a la protesta un 25% de los inquilinos, una cifra que, asegura, alcanzarán. “Hemos creado un registro de huelguistas, porque en la asamblea de ayer [por el martes por la noche] faltaba gente. Nuestra huelga consistirá en ingresar los recibos en una cuenta mancomunada y comunicarlo a La Caixa, y a servicios sociales o la Agencia de la Vivienda en el caso de personas que reciban ayudas”. “Somos dos promociones de vivienda protegida, todavía vigente, que llevamos años de asedio, falta de mantenimiento, precios abusivos, y hasta 16 cláusulas abusivas en los contratos que firmamos personas que cumplimos los criterios para solicitar vivienda pública”, ha añadido y ha pedido que la Generalitat compre todas las fincas de InmoCriteria.

“La revuelta de las llaves”

El portavoz del Sindicato, Enric Aragonès, ha asegurado que estas propuestas son “los primeros pasos de un movimiento huelguista que sale del clamor que se escuchó en la manifestación Ni un euro más, huelga de alquileres” y que ha calificado de “revuelta de las llaves”. Aragonès ha señalado que estas dos fincas forman parte del paquete de vivienda protegida de alquiler que la antigua obra social de La Caixa promovió entre 2002 y 2012 y ahora gestiona InmoCriteria. En total son 38 promociones en municipios de Cataluña. “La huelga es un acto de desobediencia colectiva de retención del pago del alquiler, como medida de fuerza para negociar una mejora de las condiciones”. El Sindicato exige a la Generalitat que compre todas las fincas, la paralización de los desahucios previstos y la retirada de cláusulas abusivas.

Estas promociones forman parte del paquete que, a través del Sindicato, presentó una demanda colectiva contra InmoCriteria pidiendo la nulidad de lo que considera “cláusulas abusivas” en los contratos de alquiler de centenares de inquilinos de un total de 37 fincas repartidas en 23 municipios catalanes (entre las que ahora secundan la huelga) y que en origen habían sido de protección oficial. Entre las cláusulas denunciadas, sobre las que se busca que se declare la nulidad, la organización cita la obligación de que los inquilinos paguen gastos, el Impuesto de Bienes Inmuebles, un seguro de impago, que deban ingresar el alquiler en una cuenta de CaixaBank o que domicilien la nómina o la pensión en la misma entidad financiera.