Las caras del conflicto por las viviendas de alquiler

Los movimientos por el derecho a la vivienda en Cataluña han tenido en los últimos años y meses relevos en sus liderazgos o portavoces que han adquirido notoriedad con la manifestación más grande que ha vivido Barcelona por la vivienda, el pasado 23 de noviembre. En pleno debate sobre la regulación de los alquileres de temporada y ante el anuncio de una huelga de alquileres, también han irrumpido actores que estaban lejos del foco, como la Asociación de Propietarios. En el Sindicato de Inquilinas, su portavoz Jaime Palomera dio paso hace un par de años al tándem que forman Carme Arcarazo y Enric Aragonès. En la PAH, una de sus fundadoras, Lucía Delgado, ha cedido el testimonio como portavoz a Juanjo Ramon. También Ada Colau, cuya trayectoria está ligada a la defensa del derecho a la vivienda (como activista y también desde la alcaldía de Barcelona entre 2015 y 2023), se ha retirado de la primera línea pública. Los que siguen son los perfiles de las caras de la vivienda.

Enric Aragonès, Sindicato de Inquilinas

Nacido en Reus (Tarragona) hace 33 años, este músico y profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña llegó al Sindicato de Inquilinas en 2019, porque le querían subir el alquiler del piso donde vive, en el barrio de la Sagrada Familia. Paga 753 euros al mes. “Acudí a una asamblea, me informé, vi que lo que me proponía el casero era fraudulento y conseguí frenar la subida”, explica de una época en la que se comenzaba a hablar en serio de topar las subidas de alquiler. Aragonès siguió acudiendo a las asambleas, regresó a su ciudad durante la pandemia y a la vuelta se implicó más: “Las asambleas eran cada vez más concurridas, me interesó seguir aprendiendo, participar en en la regulación que se aprobó en Cataluña en 2020, acompañando negociaciones, y poco a poco en tareas de comunicación e incidencia política”. En 2021 comenzó a ejercer de portavoz, en tándem con Arcarazo. Una implicación en la que ninguno de los dos cobra. Tras la protesta de noviembre, la organización trabaja en la convocatoria de huelgas de alquileres, comenzando con edificios o inquilinos que compartan casero, y celebra el aumento de afiliados y participantes en las asambleas. El Sindicato cuenta con unos 4.000 afiliados.

Carme Arcarazo, Sindicato de Inquilinas

Con 28 años, comparte piso de alquiler cerca de la plaza de España, donde paga 943 euros. Llegó al Sindicato en 2020. La pandemia le hizo volver de tres años en México, donde había estudiado becada y trabajaba. Volvió a vivir en casa de sus padres: “Me había ido hacía años e hice el proceso inverso”. Constató que era “imposible” emanciparse de nuevo con los ingresos de trabajar. “La vivienda es el principal motor de desigualdad y no tenía ninguna duda sobre dónde me gustaría intervenir”, explica sobre su acercamiento a la organización. “En la primera asamblea me pareció brutal el nivel de inteligencia colectiva, fue cuando se estaba negociando el decreto para regular el precio en Cataluña, me absorbió y al comienzo hacía de todo”. Se implicó porque tenía experiencia en intermediación después de trabajar “acompañando a defensores de los derechos que estaban en riesgo”. Su primera intervención como portavoz fue casualidad, Jaime Palomera se puso enfermo y le tocó sustituirle en una entrevista en televisión. La formación de Arcarazo, que estudió becada el Bachillerato en Bosnia y luego en la Universidad de Ámsterdam una licenciatura que incluye políticas, psicología, derecho y economía, le permitió trabajar en un think tank de Ciudad de México, el Laboratorio para la ciudad. Arcarazo trabaja investigando e impartiendo formaciones en el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) donde también es investigador Palomera. “Hay muy poca gente levantando datos de vivienda, si hacemos estudios sobre vivienda es porque no lo hace nadie”, responde sobre la estrecha vinculación entre IDRA y el sindicato. Desde la organización, sus objetivos pasan por las cuatro exigencias de la reciente manifestación: bajar los precios, contratos que se renueven de forma automática, prohibir comprar si no es para vivir y acotar los pisos turísticos y de temporada.

Juanjo Ramon, Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Tiene 52 años, es de Barcelona y llegó a la PAH en 2011, cuando con la crisis posterior al estallido de la burbuja, y sin empleo, no podía pagar la hipoteca. “Fue muy duro y difícil, se acabó con una dación en pago [condonación de la deuda] y un alquiler social, lo que pedía desde el primer día, pero costó 10 años: primero Catalunya Caixa, luego la fusión con el BBVA, la venta a Anticipa...”, relata sobre una situación que vivió como tantos afectados por amenaza de desahucio, que suceden interlocutores y acaban haciendo un máster en vivienda. Sigue residiendo en aquel piso, en Sant Andreu. En la PAH, una organización que se basa en que los afectados se convierten en activistas, fue portavoz a escala nacional y en Barcelona ha hecho “de todo: coordinación, tareas de comunicación, redes, y ahora portavoz”. Dedica a la plataforma “todo el tiempo que puede”, que compatibiliza con su trabajo en la cooperativa L’Enxarxada, que presta servicios de comunicación a entidades del tercer sector. Hace un año que Ramon ejerce de portavoz de la PAH, cuando el que el foco mediático es menor que en otras épocas: “Afrontamos un cambio de ciclo, de nuevos retos, sin tanta presencia pero siendo igual de necesarios porque siguen produciéndose desahucios”, apunta en vísperas del fin de la moratoria que dictó el Gobierno.

Sergi Llagostera, Asociación de Propietarios

Fundada en 1994, la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Cataluña apenas había tenido presencia mediática hasta que el Sindicato de Inquilinos amagó con una huelga de alquileres. Su presidente, Sergi Llagostera, señala que el 90% de los pisos de alquiler son de propietarios que tienen cinco o menos y que la entidad, asegura, representa a la mitad. “Si damos un paso adelante es por la presión que estamos soportando los propietarios de forma injusta y desproporcionada: se ha restado seguridad jurídica a los contratos, modificados en perjuicio del propietario, lo que ha provocado una retirada del mercado. Teníamos que salir y explicar nuestra postura”, defiende. Sitúa el inicio de la crisis de los alquileres en la llegada al poder de los comunes en 2015 en Barcelona y la aprobación de la ley 24/2015, contra los desahucios y la pobreza energética. “Descarga sobre el propietario la función de auxilio social”, entiende. También es muy crítico con los informes de IDRA, “creada durante los mandatos de Ada Colau y con financiación del Ayuntamiento”. Llagostera, abogado doctorado en Derecho Civil y profesor de derecho, tiene 62 años y su padre formó parte de la junta de la asociación, que, destaca, “no recibe subvenciones”. Vive en un piso de su propiedad y tiene otro.