Barcelona quiere regular los alquileres de temporada a través de su normativa urbanística

Barcelona ha dado con la tecla para regular los alquileres de temporada a través de su normativa urbanística. Esta modalidad de alquiler (habitualmente de un año de duración) está rompiendo el mercado de la ciudad, porque los caseros la utilizan para esquivar la regulación de precios que deben aplicar a los alquileres habituales, de cinco años de duración. La fórmula pasa por modificar el Plan General Metropolitano (el PGM, el planeamiento urbanístico de la ciudad) distinguiendo entre el uso habitual y permanente de la vivienda sobre su uso temporal (cuyos motivos, laboralesmédicos o de estudios, deberán acreditarse). Y a posteriori, habilitar al Ayuntamiento a regular o condicionar la implantación de usos temporales, incluso acotando a distritos o barrios concretos, a través de un plan especial que concrete el detalle del cómo y donde. El plan especial es la fórmula con la que Barcelona reguló los alojamientos turísticos: fijando las tipologías y en qué barrios se prohíben o dónde puede crecer la oferta. La fórmula, a falta de ver la concreción en textos, provoca recelos entre colectivos del sector como los APIs.

El anuncio de la fórmula, que se llevará a votación la semana que viene en la comisión de urbanismo (un trámite previo al pleno) es una exigencia de los comunes para aprobar el presupuesto al alcalde Jaume Collboni (PSC). Llega pues, a la primera gran ciudad española donde el precio del alquiler está regulado, en plena emergencia habitacional por el desmadre del mercado del alquiler (precios por las nubes, falta de oferta y barrios vaciándose de vecinos), después de una manifestación masiva clamando contra los precios del alquiler y cuando el Gobierno de Pedro Sánchez también trabaja en una regulación de los alquileres de temporada que justo acaba de comenzar su tramitación.

A todo esto súmese la oportunidad política que para Collboni supone proponer una receta pionera con competencias municipales, además de hacer de la necesidad -de aprobar las cuentas- virtud. En el calendario más favorable, se podría aprobar el primer trimestre del año 2025, tendrá que pasar por la comisión de Urbanismo de la Generalitat y la idea es que esté aprobada el próximo verano. Mientras, deberá aprobarse el plan especial para concretar la implantación de alquileres de temporada. Las votaciones necesitarán el apoyo de ERC.

La presentación de la propuesta, ha sido conjunta por parte de la teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Laia Bonet, y la jefa de filas de los comunes, Janet Sanz, que en entre 2015 y 2023 ostentó la misma cartera en los gobiernos de Ada Colau. Bajo su responsabilidad se aprobó el plan de hoteles.

Bonet ha celebrado “el primer instrumento urbanístico del que se dota el Ayuntamiento, un primer paso en un trabajo de fondo que se hace en contacto con el ministerio de Vivienda y agradecemos también su dedicación y acuerdo a Barcelona en comú”. La teniente ha afirmado que la propuesta se lleva a votación ahora “porque Barcelona no puede esperar más, estamos haciendo todo lo que podemos para facilitar el acceso a la vivienda, tenemos el privilegio, desgraciadamente, de ser la primera ciudad del Estado que regula los precios, también hemos decidido no autorizar más pisos turísticos y trabajamos como nunca para aumentar el parque público”. “Será uno de nuestros caballos de batalla, el uso fraudulento de los pisos de temporada: deben volver a uso residencial”, ha añadido.

En la primera comparecencia de los comunes con el Gobierno municipal de este mandato Sanz ha calificado el alquiler de temporada de “un fraude masivo, el 60% de la oferta de alquileres en los portales es de temporada y la vivienda es la primera preocupación de los ciudadanos”, y se ha mostrado satisfecha de “exprimir al máximo las competencias municipales para evitar este coladero”. “Celebramos que el partido socialista se ponga del lado de la ciudadanía”, ha apostillado la concejal, que ha recordado que los comunes ya advirtieron al PSOE cuando tramitaba la Ley de Vivienda de que debía regular los alquileres de temporada: “De esos polvos, estos lodos, la situación de los inquilinos es muy frágil”.

La regulación municipal, en manos de ERC

Hace unos meses el PSC fue muy criticado cuando tumbó en el Parlamento catalán un decreto del Govern de ERC que también planteaba la regulación autonómica de los alquileres de temporada. Fue un texto anunciado en víspera de las elecciones, en forma de decreto, que no superó la validación un mes después, cuando lo tumbaron los socialistas y Junts. Este jueves, el concejal republicano Jordi Coronas ha dejado claro que ERC está de acuerdo en regular esta fórmula pero, en una reacción ambigua que no aclara el sentido de su voto, ha apuntado que cualquier “iniciativa debe dar cumplimiento a los decretos presentados en el Parlament”. “La solución al problema de los alquileres de temporada supera con creces el ámbito municipal”, ha afirmado Coronas. Por parte de Junts, Jordi Martí Galbis, ha cuestionado la propuesta: “Hay que regular el alquiler de temporada, pero hacerlo bien. Hacerlo de la mano de los comunes es temer lo peor y garantía de fracaso” y se ha referido a que “justo la Ley de Vivienda aprobada por socialistas y comunes limita el precio del alquiler y ha provocado que proliferen los de temporada para esquivar los topes de precio”.

Sobre el futuro de la figura del alquiler de temporada en la ciudad, Laia Bonet ha aclarado que el actual ejecutivo no tienen intención de prohibirlo, como sí quiere hacer con los pisos turísticos. Bonet ha explicado que los alquileres de temporada tienen un sentido si se aplican para colectivos que necesitan residir un tiempo acotado en la ciudad. Sería el caso de estudiantes, profesionales o médicos que se instalan una temporada en la ciudad, por citar tres ejemplos. Los comunes, en cambio, piden su prohibición.

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), su director del área jurídica y portavoz, Carles Sala apunta varias dudas jurídicas y lamenta el “diálogo con el sector” que el consistorio prometió. “De entrada, la actividad del alquiler de temporada no es una actividad económica, es una actividad realizada por un propietario en su vivienda, hay que ver si se puede vincular a los usos urbanísticos. Habrá que ver además cómo se regula esta fórmula en Barcelona, que es necesario para las personas que, por ejemplo, trabajan temporalmente en empresas”, ha dicho. “A luchar contra el fraude nos apuntamos, pero cargarse el alquiler de temporada no sé si es la mejor formula de revertir la caída de oferta de alquiler en la ciudad. Estamos expectantes”, afirma.