Colau no frena los nuevos hoteles, pero los centrifuga a la periferia

No hay freno a la construcción de nuevos hoteles en Barcelona, pero se centrifugan a los barrios periféricos. Nueve meses después de dictar la polémica moratoria de apertura de nuevos alojamientos turísticos, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha aprobado este jueves inicialmente el plan urbanístico que fija dónde podrá crecer la oferta y dónde no. El plan fija un potencial de crecimiento de 11.700 nuevas camas en cuatro años, una cifra que corresponde a las mismas plazas de hoteles y albergues que se han creado últimamente: unas 2.500 al año.

De hecho, ahora mismo hay en construcción o proyectados con licencia 63 nuevos hoteles. El plan trata aparte los apartamentos turísticos, para los que dicta un “crecimiento cero”: no se podrá abrir ni uno nuevo más. Actualmente hay 142.000 camas turísticas legales en la ciudad.

El PEUAT (Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, que se revisará en cuatro años), resuelve también la incógnita sobre los 38 proyectos hoteleros y de albergues que la moratoria de julio dejó en suspenso. Un total de 29 no se podrán hacer porque están en las dos zonas donde no se pueden crear nuevas camas. Solo nueve se podrán materializar porque están en los barrios donde se prevé crecimiento. Los promotores de los proyectos afectados por la moratoria han recurrido a los tribunales con 32 contenciosos, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El plan divide la ciudad en cuatro zonas en función de la presencia de oferta turística que concentran. El primero, que comprende Ciutat Vella, el Poble-sec y buena parte de Gràcia, donde no se podrán abrir nuevas camas aunque cierren las existentes. Es lo que el Ayuntamiento denomina “decrecimiento natural” y recuerda que en esta zona están ubicados el 50% de los hoteles y apartamentos turísticos de la ciudad, el 80% de las pensiones y el 60% de los albergues. En la zona 2, que comprende el Eixample, parte de Sants, la zona alta de Gràcia, parte del Guinardó y Sant Martí, solo se podrán abrir camas si cierran los establecimientos actuales. En esta zona es donde están el 30% de los hoteles, el 50% de los apartamentos, y el 20% de los albergues. El resto de la ciudad constituyen las zonas tres (los barrios más periféricos, como Sants, Les Corts y Sarrià, Nou Barris y Sant Andreu y Sant Martí, donde ahora apenas se concentra el 10% de la oferta y se podrán crear 4.000 camas); y zona cuatro, las zonas de desarrollo urbanístico especial en marcha, como La Marina de la Zona Franca (1.500 plazas), La Sagrera (3.000) y el 22@ (3.200), donde podrá haber un total de 7.700 camas más.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, defendió un plan que busca regular la presión turística sobre la ciudad y “que ningún vecino más se tenga que marchar de su casa si no es por voluntad”. “El PEUAT es una herramienta que resuelve problemas, no los crea. No va en contra del turismo, sin esto íbamos al caos turístico y habría afectado a todo el mundo: a los vecinos y al sector. Para conseguir un turismo responsable y sostenible con la ciudad y los derechos de sus vecinos”, dijo.

Además de las cuatro zonas, el PEUAT prevé que cualquier nueva oferta se ubique en edificios destinados enteros a alojar turistas que ahora no sean viviendas; y excluye nuevos proyectos de cualquier tipo en las calles que midan menos de ocho metros de ancho.

Además de la zonificación y estas normas generales, el PEUAT incluye otra medida “complementaria” llamada a ser polémica. Se trata de impulsar una modificación del Plan General Metropolitano para que solo se puedan transformar en hoteles los edificios catalogados que están en las zonas donde se podrán hacer nuevos establecimientos. La medida afectará a edificios catalogados del centro cuyos propietarios habían comprado pensando en la rentabilidad de un hotel y que ahora tendrán que reorientar con rentabilidades posiblemente menores. “Pueden tener otros usos, hasta ahora era la única salida que tenían porque el interés era éste”, dijo la concejal Sanz.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) consideró ayer que “la congelación de licencias de viviendas de uso turístico es arbitraria e injusta”. La patronal defiende que la ciudad todavía puede admitir más pisos turísticos porque hay demanda, “aunque es preciso que estén bien repartidos y bien gestionados”. El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, que representa a 195 empresas y particulares que suman 7.000 apartamentos en Barcelona y su provincia, no dudó en calificar de “ilegal” la congelación y mantuvo que el Ayuntamiento no ha tenido una voluntad real de regular el sector. “¿Alguien se imagina prohibir abrir más tiendas o bares porque hay manteros o lateros?”, preguntó.

El gremio de hoteleros emitió un comunicado en el que pidió seguridad jurídica para los proyectos que habían iniciado la tramitación; erradicar los pisos turísticos ilegales; permitir el crecimiento hotelero “buscando la fórmula”; y concentrando los pisos turísticos en edificios enteros.