El Gobierno arranca el trámite para regular los alquileres temporales

El Gobierno avanzará este martes otro trámite para regular los alquileres de temporada. “Hoy les quiero anunciar que vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones en los bonos jóvenes de alquiler y un nuevo reglamento para poner fin al fraude en los alquileres turísticos y de temporada”, ha asegurado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este lunes en el foro World In Progress Barcelona organizado por Prisa (grupo editor de EL PAÍS). Está previsto que ambas medidas se pongan sobre la mesa del Consejo de Ministros de esta semana. En el caso de los arrendamientos de temporada, fuentes del Ejecutivo apuntan que se trata del reglamento que Vivienda prometió este verano, que requiere el visto bueno del Consejo antes de pasar a exposición pública para su posterior entrada en vigor.

El Ministerio de Vivienda organizó un grupo de expertos el pasado diciembre para estudiar el asunto. Se trataba de una exigencia de la ley estatal de vivienda (aunque se llegó fuera del plazo previsto por la convocatoria electoral y la conformación de un nuevo Ejecutivo de coalición el año pasado) en la que participaron desde patronales inmobiliarias hasta sindicatos de inquilinos. Estos últimos se acabaron desmarcando de la propuesta y llevaron una propia al Congreso que no progresó por la negativa de Junts, que sumó sus votos a PP y Vox. Ahora es el turno de la propuesta del departamento que encabeza Isabel Rodríguez, que ya dijo tras el varapalo parlamentario a la otra vía que aceleraría la suya.

La fórmula es un real decreto que, por vía de urgencia, desarrolla un reglamento. Al tratarse de un desarrollo normativo, no tiene que pasar por las Cortes, ya que no supone cambiar la redacción de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), como pretendían los sindicatos de inquilinos en una propuesta que hicieron suya los partidos a la izquierda del PSOE. La idea ahora, aunque el texto con los detalles no ha trascendido, es que para firmar un alquiler de temporada haya que justificar bien la causa. Puede ser, por ejemplo, mediante la exigencia de un anexo al contrato donde figure documentación que acredita que no se trata de un alquiler de vivienda habitual, una de las ideas que los expertos trasladaron al ministerio.

El alquiler de temporada es una posibilidad legal y perfectamente contemplada en la LAU. Contrariamente a lo que muchos creen, estos contratos no se basan en la duración de los mismos (teóricamente inferior a 12 meses, según una creencia popular) sino en el propósito. Es decir, que lo que se arrienda no es una vivienda habitual, sino una casa que alguien (un estudiante o un trabajador desplazado serían los casos más típicos) necesita durante un periodo concreto de tiempo. Y ese es el flanco que quiere atacar Vivienda tras haber estudiado el asunto.

La solución propuesta parte de la idea de que ahora mismo no está claro cómo se justifica que se haga ese contrato y no uno de vivienda habitual. Esto ha provocado que los alquileres temporales, que permiten escapar a la duración mínima del contrato que exige la vivienda habitual y también a los límites en la actualización de rentas que prevé la ley, se estén usando por muchos propietarios para intentar eludir las normas vigentes. Ese es el “fraude” que denuncia el Gobierno y que, evidentemente, actúa como combustible para las subidas de precios. Ahora mismo, la única posibilidad que tiene un inquilino al que le han propuesto firmar un alquiler de este tipo y no encuentra otra posibilidad, es acudir a los tribunales.

Sin embargo, la nueva propuesta tampoco va a tener un camino de rosas porque el socio minoritario del Ejecutivo, que impulsó la propuesta de los sindicatos de inquilinos que fracasó en el Parlamento, ya ha dicho que le parece “insuficiente”. “No vamos a tener a una legión de inspectores para perseguir los fraudes, sino que lo que necesitamos es que el alquiler de temporada esté bajo el sistema de control de precios”, ha manifestado este lunes el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El ministro también ha manifestado que “el bono de alquiler joven no va a la raíz de los problemas”, informa Paula Chouza. Este lunes por la tarde, de hecho, Sumar ha informado de que sus ministerios han presentado “una serie de observaciones en el seno del Gobierno” sobre esta medida porque consideran que “puede agravar el problema”.

Lo que esta semana pasará por la mesa del Consejo de Ministros es el reparto de 200 millones entre las comunidades autónomas para financiar la ayuda. No se trata de una ayuda nueva, lleva funcionando desde 2022 y consiste en una subvención de hasta 250 euros al mes para personas entre 18 y 35 años. Se puede percibir durante un máximo de 24 mensualidades y, como se tramita a través de las comunidades autónomas, lo que hará el Gobierno este martes es dar luz verde al reparto de fondos que Vivienda y los territorios acordaron por unanimidad a principios de mes.

La crítica de Sumar, basada en la posibilidad de que esa ayuda acabe sirviendo para que los caseros aumenten los precios y se acaben beneficiando indirectamente del dinero que recibe el inquilino, es un temor habitual ante este tipo de subvenciones, particularmente si tienen un carácter universal. En este caso la medida tiene otros requisitos además de la edad. Se vincula a unos determinados niveles de rentas procedentes del trabajo (tres veces el IPREM, lo que equivale a ganar hasta 25.200 euros brutos al año). En el acuerdo de Gobierno suscrito por PSOE y Sumar hace un año, ambas formaciones se comprometieron a “consolidar” esa ayuda en el largo plazo y a dotarla de más financiación “para llegar a toda la población joven”.