Collboni se compromete con los comunes a tramitar este año la regulación de los alquileres de temporada en Barcelona
El acuerdo forma parte de la negociación del presupuesto y prevé pedir al puerto el cierre de terminales de cruceros y apostar por la congelación de tarifas del transporte
Los comunes han conseguido que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se comprometa a tramitar antes de final de año la regulación de los alquileres de temporada en Barcelona. El acuerdo, al que ha tenido acceso este diario, forma parte de las exigencias de Barcelona en comú para negociar el presupuesto y las ordenanzas fiscales, y prevé otros dos puntos. El primero, fijar una posición conjunta de ciudad para pedir a la Autoridad Portuaria qué terminales de cruceros se quieren cerrar. Y el segundo, que Barcelona apueste por la congelación de las tarifas del transporte público y reserve presupuesto para ello, aunque para que se materializara deberían estar de acuerdo la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en el marco de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM).
De los tres puntos, el principal es el que se refiere a la regulación de los alquileres temporada, una cuestión que es condición para los comunes para apoyar el presupuesto de Collboni, tal y como ha manifestado reiteradamente la portavoz del grupo municipal, Janet Sanz. En una cuestión que se ha convertido en clave, porque el alquiler de corta estancia es la fórmula con la que muchos caseros esquivan la regulación de precios del alquiler en Barcelona. En pleno clamor contra la emergencia habitacional, con manifestaciones este domingo en Barcelona y Madrid, la idea es que la capital catalana avance en la regulación, mientras el Govern de Salvador Illa y el Gobierno de Pedro Sánchez han expresado la voluntad de hacerlo pero pasan los meses y no lo materializan.
El redactado del texto acordado entre PSC y comunes es preciso y fija “acordar antes de finalizar el año una aprobación inicial de modificación del planeamiento (MPGM) para regular en los alquileres de temporada”. El pacto detalla que se creará “un grupo de trabajo, que cuente con la presencia del Grupo Municipal del PSC y de Barcelona en Comú, para abordar el uso de vivienda de temporada. Éste contará con el apoyo de los técnicos municipales responsables en materia de Urbanismo y de Vivienda, así como los expertos externos de reconocido prestigio que a tal efecto propongan, y tendrá como objetivo a definir los criterios de modificación”.
Janet Sanz, ex teniente de alcalde de Urbanismo y futura presidenta del grupo municipal de los comunes, a partir de finales de mes, tras la anunciada marcha de Ada Colau, es quien ha llevado las negociaciones con el área de economía del gobierno municipal, que encabeza el teniente Jordi Valls. Explica que la receta para regular el alquiler de temporada pasa por una modificación del Pla General Metropolitano que calificara urbanísticamente toda la vivienda de la ciudad como permanente y habitual. Esto permitiría desarrollar después un plan especial que limite los usos temporales, como el alquiler de temporada o el uso turístico. Sanz explicaba en una entrevista a este diario que “está avalado por profesionales y expertos vinculados al derecho urbanístico” y que en el mandato pasado dejaron hilvanada la eventual regulación.
Este primer acuerdo entre Collboni y los comunes acerca posturas en la doble negociación que mantiene el ejecutivo municipal con la oposición. En un primer round, las ordenanzas fiscales, que si se quieren modificar deben estar aprobadas el 31 de diciembre y se votarán por primera vez el próximo miércoles. PSC y Bcomú coinciden aquí en subir el IBI a los hoteles de lujo, pero los segundos quieren subirlo más que lo que ha expresado el teniente Jordi Valls. La segunda ronda serán las cuentas, que los socialistas asumen que deberán esperar a comienzos del año. La razón es que sus dos socios preferentes, comunes y ERC, afrontan congresos en noviembre.
En el caso de los cruceros, el documento firmado por socialistas y comunes prevé la “creación de una comisión de trabajo, entre el gobierno de Barcelona y el Grupo Municipal de Barcelona en Comú, con el objetivo de estudiar las políticas públicas más adecuadas para desincentivar los cruceros de escala, analizar los volúmenes máximos de visitantes, establecer medidas para reducir el número de terminales y trasladar el posicionamiento del Ayuntamiento de Barcelona en el Puerto de Barcelona antes de que finalice el año”. Y sobre las tarifas del transporte público, el compromiso de Collboni es “congelarlas el próximo año”. " Este compromiso del gobierno de la ciudad irá vinculado a que las demás administraciones competentes (la Generalitat y el Estado) también asuman en sus presupuestos de 2025 la congelación de las tarifas”, detalla el acuerdo.
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