Vivienda abre a consulta pública la orden que regulará los alquileres de temporada y alojamientos de corta duración

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado el proceso de consulta pública del Real Decreto que regulará los alquileres de temporada y los alojamientos de corta duración. Este decreto, que estará abierto a observaciones hasta el 8 de octubre de 2024, creará la Ventanilla Digital Única de Arrendamientos, con el objetivo de registrar y monitorizar este tipo de arrendamientos y obligarles a justificar la causa de este uso. Cualquier persona que desee alquilar su vivienda por plazos menores a un año deberá inscribirse y obtener un número de identificación para poder publicitar su propiedad en plataformas digitales.

La ministra Isabel Rodríguez ha subrayado este martes que la nueva normativa “dará garantías a los consumidores” y permitirá “combatir la ilegalidad, el fraude y el abuso de ley”. Asimismo, ha explicado en una nota difundida por su departamento que se garantizará que los contratos de temporada se justifiquen únicamente en situaciones legítimas, como traslados laborales, estudios o motivos de salud. La idea es que exista una salvaguarda para “quienes de verdad lo necesiten”.

El proyecto nace como respuesta al creciente uso de los alquileres temporales para eludir la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula los alquileres convencionales. Además, responde a la necesidad de adaptarse al Reglamento Europeo 2024/1028, que busca controlar el impacto del auge de los alquileres de corta duración en la oferta residencial y los precios del mercado inmobiliario.

“Si bien los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración crean muchas oportunidades para los huéspedes, los anfitriones y todo el ecosistema turístico, su rápido crecimiento ha suscitado preocupaciones y planteado retos, en particular para las comunidades locales y las autoridades públicas, como su contribución a la disminución del número de viviendas destinadas al arrendamiento residencial y al aumento de los precios”, se lee en el comunicado remitido desde el Ministerio.

Actualmente, la LAU establece que los contratos de temporada deben estar justificados por una causa concreta, como puede ser un traslado laboral, estudios o motivos de salud, entre otros. No obstante, en la práctica y ante la escasa capacidad de control por parte de las Administraciones, muchos arrendadores han utilizado esta figura para eludir las obligaciones y restricciones de los contratos de alquiler residencial, que en líneas generales ofrecen una mayor protección a los inquilinos. Con la nueva normativa, el Gobierno busca cerrar esta vía de fraude. Según Rodríguez, “se trata de clarificar la figura de estos arrendamientos [en referencia a los contratos de temporada] para que no puedan ampararse bajo estos contratos”.

El registro de pisos turísticos, que se prepara conforme a la normativa europea, deberá hacerse siempre que los inmuebles se anuncien en alguna plataforma digital y se ofrezcan por plazos inferiores a un año. El Gobierno pretende tener la plataforma digital operativa antes de acabar 2025, aunque Bruselas da un margen hasta mayo de 2026.