El registro de pisos turísticos incluirá los alquileres temporales para evitar fraudes

El Gobierno quiere acabar con el fraude de los alquileres temporales. Esta modalidad se ha extendido en los últimos tiempos para eludir algunas normas que estableció la ley de vivienda, como reconocen muchos en el propio sector inmobiliario. Por eso, el Ministerio de Vivienda ha anunciado este miércoles nuevas obligaciones para quienes opten por esta modalidad de arrendamiento. El Ejecutivo prepara un real decreto en el que obligará a justificar la causa de este tipo de alquileres, que además deberán estar incluidos en el registro de pisos turísticos que se prepara conforme a la normativa europea, siempre que los inmuebles se anuncien en alguna plataforma digital y se ofrezcan por plazos inferiores a un año.

“Es necesario establecer todos los mecanismos para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos [LAU, que regula el alquiler de vivienda] y salvaguardar los arrendamientos de temporada para lo que son”, ha señalado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras reunirse este miércoles en Madrid con el grupo de trabajo sobre alquileres temporales. Este grupo se constituyó el pasado diciembre, pasado el plazo de seis meses que establecía la ley estatal de vivienda aprobada en mayo de 2023, aunque el Ejecutivo alegó que entre medias se habían celebrado elecciones generales y se había tenido que formar un nuevo Gobierno de coalición. La de este miércoles ha sido la tercera reunión, en la que han participado sindicatos, patronal, sindicatos de inquilinos, administradores de fincas, agentes inmobiliarios o cámaras de la propiedad urbana, entre otros. Eso ha provocado una disparidad de visiones que llevó a los propios sindicatos de inquilinos a desmarcarse hace una semana de los trabajos y llevar al Congreso por su cuenta una proposición de ley para regular de manera mucho más dura el arrendamiento de temporada. Esta iniciativa, respaldada por Sumar y otros grupos a la izquierda del PSOE, pide limitar a seis meses esta modalidad de alquiler y propone aplicarle los mismos controles de precios que la ley de vivienda preveía para el alquiler convencional.

Finalmente las conclusiones del ministerio no llegan tan lejos. Con el objetivo de “salvaguardar” los alquileres temporales, ha dicho Rodríguez haciendo hincapié en los profesionales o estudiantes que los necesitan, la idea pasa por reforzar la causalidad de los mismos. Un real decreto que se tramitará por la vía de urgencia fijará, mediante reglamento, cómo debe justificarse que un piso se alquiler por un periodo de tiempo determinado, y no por los cinco años que como mínimo blinda la LAU para los arrendamientos de vivienda temporal. La ministra ha explicado que eso irá en paralelo con el desarrollo del registro único de pisos turísticos y temporales, que se anunció el pasado mayo en el marco de otro grupo de trabajo, el de alojamientos vacacionales, que también coordina Vivienda. El motivo es que eso parte de un reglamento europeo que habla de incluir cualquier inmueble que se alquile por menos de un año y se ofrezca en una plataforma digital, ha precisado una portavoz ministerial.

El Gobierno mantiene el compromiso de tener esa plataforma antes de acabar 2025, aunque la ministra ha dicho que va a “intentar que sea antes”. La normativa europea da de plazo hasta mayo de 2026. En el registro único, además de pisos turísticos y de temporada, también entran habitaciones y embarcaciones flotantes, siempre que cumplan los requisitos de ofertarse en internet por periodos interiores a los 12 meses. Rodríguez ha defendido que será “un instrumento al servicio de todas las Administraciones” para gestionar mejor este tipo de inmuebles y “combatir la ilegalidad, el fraude o el abuso de ley”. En el caso de los temporales, la idea es que en la propia plataforma se acredite el motivo por el que no es un arrendamiento de vivienda habitual. Además, habrá una “matrícula única” por casa, lo que ayudará a reforzar la exigencia para que las plataformas digitales garanticen que lo que ofrecen cuenta con licencia.

Rodríguez también se ha referido a medidas relacionadas con el alquiler turístico, otra modalidad que a juicio del Gobierno está esquilmando el parque de arrendamientos tradicional, lo que se traduce en más dificultades para muchos inquilinos o quienes aspiran a serlo. De hecho, también este miércoles, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la proliferación de apartamentos vacacionales es un problema “de primera magnitud”. “Si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de esa vivienda debe ser ilegal y por tanto debe ser perseguida”, ha dicho en una entrevista en TVE Bustinduy, cuyo departamento abrió recientemente una investigación a algunas plataformas de alquileres turísticos por una posible vulneración de los derechos de los consumidores al anunciar pisos sin licencia.

En esta materia, Vivienda tiene las manos más atadas. El alquiler vacacional está específicamente excluido de la LAU. Las competencias en turismo son autonómicas, y por la vía regulatoria y del urbanismo también tienen margen de actuación los ayuntamientos. El Gobierno montó un grupo de trabajo, distinto del de alquiler de temporada, para abordar la cuestión y dentro de esas actuaciones se ha reunido con Administraciones locales y autonómicas. La capacidad del Estado al respecto, además del registro al que mandata la normativa europea, es sobre todo fiscal y a través de la Ley sobre la propiedad horizontal. En ese sentido, la ministra de Vivienda ha señalado que el Ejecutivo pretende reformar esa norma, para lo que está sondeando ya apoyos parlamentarios. La idea es que en la misma quede claro que las casas vacacionales son una actividad económica, según ha determinado en su jurisprudencia el Tribunal Supremo y esgrime el ministerio. Ello comportaría, más allá de efectos fiscales (la posible repercusión de IVA está siendo un debate en el ámbito europeo), la necesidad de que los vecinos autoricen cualquier piso turístico. La norma ahora no es suficientemente clara, pese a que el Gobierno la reformó un par de años atrás para que las comunidades de vecinos pudieran vetar este tipo de pisos con una mayoría de tres quintos. “El detalle no es tanto las mayorías necesarias como la capacidad de autorización previa”, ha señalado Rodríguez.

Las propuestas de Vivienda, como era de esperar, no han satisfecho a los sindicatos de inquilinos. Estos consideran que “es ineficaz y no protege a los inquilinos”, según un comunicado publicado por las organizaciones de Cataluña, Madrid, Zaragoza, Málaga, Vigo e Ibiza y Formentera. En el mismo muestran su “desacuerdo” y piden que en lugar de un reglamento se reforme la LAU, además de criticar que la plataforma para el registro de pisos “es en realidad un sistema encubierto de licencias” y que la justificación de causalidad dejará fuera a muchas personas mientras “continuará vulnerando los derechos de quienes pueden justificar la causa”. En el sector crítico con las medidas también puede encontrarse a CC OO. Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de esa central, ha dicho que son más partidarios de la limitación de alquileres temporales a seis meses, con una prórroga de otros seis, y ha emplazado a seguir trabajando en el grupo de expertos. “El ministerio no ha traído ninguna propuesta por escrito”, ha criticado, a la vez que reclamaba la “prohibición” de alojamientos turísticos en las zonas donde los precios de alquiler impiden a los arrendatarios acceder a la vivienda sin comprometer gran parte de sus ingresos para ello.

En sentido contrario, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) ha “celebrado” las medidas anunciadas por el Ejecutivo. “Es muy importante que no se modifique la legislación, sino que únicamente se lleve a cabo un despliegue reglamentario”, ha señalado en un comunicado. Otra organización participante en el grupo de trabajo, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), ha expresado que “valora” el encuentro de este miércoles “como un paso más para lograr un mercado de alquiler de temporada efectivo, transparente y sin comportamientos fraudulentos”.

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