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Los socios de izquierda del PSOE piden endurecer el alquiler temporal y asimilarlo al de vivienda habitual

Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG avalan una proposición de ley preparada por los sindicatos de inquilinos que pide extender los controles de precio también al arrendamiento de habitaciones

Gabriel Rufián e Ione Belarra
Portavoces de varios partidos de izquierda y representantes de los sindicatos de inquilinos, este jueves en el Congreso.FERNANDO VILLAR (EFE)

Nuevo movimiento de los socios del PSOE en materia de vivienda. Sumar, Podemos, Bildu, ERC y BNG han registrado una proposición de ley en el Congreso, que parte de los sindicatos de inquilinos, para regular el alquiler temporal y de habitaciones (distintos de los pisos turísticos). El movimiento se solapa con el grupo de trabajo que el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha, tal y como señalaba la ley aprobada el año pasado, para estudiar la cuestión y proponer medidas. Pero los sindicatos de inquilinos consideran que esa acción solo busca una “reforma cosmética e ineficaz”. Y por ello han llevado un texto propio al Parlamento, con la complicidad de los socios a la izquierda del Partido Socialista.

La proposición de ley busca, básicamente, equiparar el alquiler de temporada y el de habitaciones con el de vivienda habitual. Y que se reconozcan los mismos derechos a los inquilinos que se encuentran en estas modalidades. Ambas, según denuncian recurrentemente los sindicatos (y reconocen muchos actores del sector inmobiliario), se están usando como alternativa al arrendamiento tradicional para eludir algunas obligaciones que impuso la Ley por el derecho a la vivienda.

Los alquileres de temporada están previstos en la regulación española para personas que disponen de otra vivienda y necesitan una temporalmente por el motivo que sea (desplazamiento laboral, estudios, etcétera). Y lo mismo sucede con el de habitaciones. Pero la Ley de Arrendamientos Urbanos los trata de manera distinta al de vivienda habitual, para el que determina unos topes al crecimiento anual de la renta y una duración mínima. Además, desde la aprobación de la norma estatal de vivienda, estos últimos también pueden estar sujetos a controles de precios en las áreas tensionadas, algo que ahora mismo solo sucede en Cataluña porque para ello es necesaria una declaración que parte de cada comunidad autónoma.

Con el nuevo texto legal, que tiene pocas posibilidades de sumar apoyos suficientes en el parlamento, estos controles de precios se aplicarían también a los alquileres temporales y de habitaciones. Además, obliga al arrendador a demostrar que hay una causa que justifica esa temporalidad (la regulación actual es más ambigua en este punto) y fija un máximo de seis meses. Transcurrido ese plazo, el arrendamiento pasa a ser de vivienda habitual y por tanto el inquilino tendría derecho a quedarse cinco años como mínimo, o siete años si el propietario es una empresa. En un comunicado difundido a la vez que la propuesta legal, seis sindicatos de inquilinos (Cataluña, Madrid, Zaragoza, Málaga, Vigo e Ibiza) señalan que “la falta de regulación de alquileres temporales y de habitaciones se ha convertido en un incentivo para que rentistas y especuladores expulsen a los inquilinos de toda la vida”. Y por ello “retan” al Gobierno a regularlos.

La iniciativa legislativa marca otra clara diferencia entre el PSOE y sus socios parlamentarios respecto a la vivienda, un asunto que levantó ampollas en la pasada legislatura. El Ministerio de Vivienda, que dirige la socialista Isabel Rodríguez, tiene en marcha el grupo de trabajo que preveía la ley para buscar soluciones a las modalidades de arrendamiento distintas al de vivienda habitual. Ahí no se incluyen los pisos turísticos, donde entran en juego las competencias autonómicas en turismo y las municipales en urbanismo. Para ello hay otra iniciativa, en la que también participa el Ministerio de Industria y Turismo, y se ha buscado la complicidad de los Gobiernos autónomos y de los ayuntamientos. También el Ministerio de Consumo, en manos de Sumar, ha pedido este jueves a los consistorios que colaboren en su investigación sobre las plataformas de alquileres turísticos por una posible vulneración de los derechos de los usuarios al publicitar pisos sin la pertinente licencia.

Medidas inminentes

Rodríguez ha visitado este martes junto con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, una promoción de viviendas públicas de alquiler social. La visita ha tenido lugar una semana después de que el Ayuntamiento de la capital catalana anunciara que a partir de noviembre de 2028 se extinguirían todas las licencias de pisos turísticos de la capital catalana. Tras aquel anuncio, fueron muchas las voces que vaticinaron que los propietarios trampearían la prohibición alquilando los pisos con contratos de alquiler de temporada o de habitaciones. Estos contratos permiten a los propietarios esquivar los topes de precios que marca la norma la norma estatal y Cataluña ha habilitado. De hecho, el PSC y Junts no apoyaron en plena campaña electoral para las europeas (PSC se abstuvo y Junts votó en contra) un decreto que impulsaba ERC en Cataluña para regular los alquileres de temporada y de habitaciones. Los socialistas recordaron que la regulación de estos es de carácter estatal.

Rodríguez ha recogido este jueves ese guante: “Es importante garantizar que los que necesitan un alojamiento temporal lo puedan tener, para que no se use la figura del alojamiento temporal para limitar la oferta de vivienda de residencia habitual”. La ministra ha asegurado que el grupo de trabajo presentará sus conclusiones la próxima semana y marcará el camino a seguir para “combatir el fraude”. Entre las medidas, ha adelantado la ministra, se contempla una plataforma única estatal en la que se deberá acreditar la condición de estudiante, investigador, trabajador desplazado o cualquier otra circunstancias similar para poder optar a este tipo de alquiler. Rodríguez mantiene que es necesaria esta revisión para que los propietarios “no se salten los derechos por la puerta de atrás”.

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