Vivienda pide a los Ayuntamientos que “asuman sus competencias” en pisos turísticos

El Ministerio de Vivienda avanza en sus planes para frenar la proliferación de pisos turísticos. Este martes por la tarde ha convocado a los alcaldes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), tal y como adelantó la ministra en una entrevista en EL PAÍS, para tratar de poner coto a este fenómeno que está presionando el mercado inmobiliario. El encuentro sigue al que la ministra del área, Isabel Rodríguez, ya mantuvo con las comunidades autónomas porque es en ambos niveles de la Administración, el autonómico y el local, donde se regula fundamentalmente esta actividad. Y eso es lo que, según las fuentes consultadas en el ministerio de Vivienda, pretende hacer la ministra este martes: pedir a los ayuntamientos que actúen.

“Es momento de asumir las competencias como ha hecho el alcalde de Barcelona”, indican en el Ministerio de Vivienda. Esa será una de las ideas que transmita Rodríguez a los consistorios. El pasado viernes, el regidor de la capital catalana, Jaume Collboni, expresó intención de acabar en cinco años con todos los pisos turísticos de la ciudad, al revocar las actuales licencias. Desde hace una década Barcelona no ha concedido nuevos permisos, porque está vigente una moratoria, y ahora quiere extinguir lo que ya existen. Y con esa iniciativa en la mayor ciudad que gobiernan ahora los socialistas llegará Rodríguez, del mismo partido, a su reunión con un FEMP dominada en estos momentos por el PP.

Aunque también habrá en el encuentro otros representantes del PSOE más allá de la ministra. La convocatoria, según detalló el ministerio este lunes en una nota de prensa, contará con otros altos cargos del Gobierno (tanto de Vivienda como del Ministerio de Industria y Turismo); y por parte de la FEMP, además de su directiva, participarán las comisiones de Vivienda y Turismo.

El esquema es muy parecido al de la conferencia sectorial que se celebró a finales de mayo, y en la que la ministra anunció la puesta en marcha de una plataforma única para monitorizar los pisos turísticos. Este martes Rodríguez explicará a los ayuntamientos esta iniciativa, que parte de una directiva europea pero que el Gobierno quiere adelantar lo máximo posible. “El ministerio va a seguir con su compromiso”, adelantan fuentes de Vivienda, que apuntan como objetivos específicos “perseguir el fraude de ley y regular todos los pisos turísticos de España”. En la cita autonómica, Rodríguez habló de tener listo el registro estatal en 2025. Unas semanas después, el ministro de Turismo, Jordi Hereu, aseguraba que la puesta en marcha se produciría “en breve”.

La idea es que esa plataforma ayude a monitorizar la situación en toda España, ya que los propietarios de inmuebles que se alquilan por corta estancia tendrían que apuntarse y demostrar que tienen las pertinentes licencias. Pero la colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos es imprescindible porque las primeras tienen transferidas las competencias en turismo y los segundos se encargan de la regulación y normativa urbanística. De hecho, eso provoca una disparidad de situaciones, ya que en algunas ciudades los propietarios deben obtener permiso municipal y autonómico, mientras que en otros lugares basta solo con uno de ellas, o incluso con ninguno.

La propia ministra, en declaraciones de los últimos meses, ha incidido en no hacer brocha gorda. “Un alojamiento turístico en zonas despobladas, en zonas rurales, va anclado también con el modelo de turismo que el Gobierno defiende. Hay zonas donde los alojamientos turísticos no afectan al derecho a la vivienda y, por tanto, ahí no habría que intervenir”, dijo Rodríguez en la citada entrevista con EL PAÍS el pasado abril. Pero la preocupación del Gobierno es que en muchos lugares sí está contribuyendo a tensar un mercado inmobiliario que deja a muchas personas sin posibilidad de acceder a una casa. De hecho, el Ministerio de Consumo, en manos de Sumar, también ha entrado en el asunto en los últimos meses y, en el marco de sus competencias, ha abierto una investigación a algunas aplicaciones y webs de alquileres turísticos por anunciar pisos sin licencias.

En Vivienda defienden que hay sintonía en la materia entre las dos sensibilidades del Gobierno de coalición. Y señalan que la cosa va más allá, ya que según recuerdan, han adoptado iniciativas en los últimos meses ayuntamientos de distintos colores políticos. Incluso Málaga, una ciudad gobernada por el PP que el sector inmobiliario ha puesto en los últimos años como ejemplo de Administración amigable con sus negocios, ha anunciado este mes una moratoria de licencias. Este sábado la urbe andaluza celebrará una protesta contra la turistificación en la que, como sucedió en las manifestaciones de abril en Canarias, es muy probable que los problemas de la vivienda acaparen muchas pancartas. Y el Gobierno quiere aprovechar esa presión ciudadana para pedir a los ayuntamientos más implicación en el problema.

Este martes por la mañana, en una entrevista en Telecinco, la ministra ha asegurado que el Gobierno estudia otras soluciones para el problema de los apartamentos turísticos, como una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Esta ya permite que las comunidades de vecinos prohíban nuevos pisos destinados a arrendamientos de corta estancia en sus edificios. El Ejecutivo estudia otras reformas legales en ese sentido, así como medidas fiscales, dos asuntos en los que el Estado sí tiene competencias, tal y como señaló al constituir el pasado diciembre un grupo de trabajo interministerial para estudiar la cuestión. De esa iniciativa, que comenzó con Vivienda y Turismo y a la que luego se unieron otros departamentos, se derivan también la reciente convocatoria a las comunidades autónomas y el encuentro con la FEMP de este martes.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal