Las comunidades más turísticas se olvidan del alquiler protegido

La vivienda pública fue una de las grandes protagonistas de la campaña de las pasadas elecciones municipales y autonómicas. El Gobierno anunció ambiciosos planes de construcción de casas y muchas otras Administraciones y partidos hicieron lo propio. Pero la promoción de vivienda es lenta, y las estadísticas son tozudas. La VPO (las siglas con las que genéricamente se conoce a la edificación con ayudas públicas, aunque en cada lugar adquiere siglas distintas) retrocedió el año pasado según los datos de calificaciones definitivas publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda. Las 9.610 casas acabadas en 2022 se quedaron el año pasado en 8.646, el ejercicio con menor actividad desde 2019. Y si se mira solo a los inmuebles que se destinan al alquiler, que es la política por la que la mayoría de Administraciones (y expertos) apuestan para paliar los problemas de accesibilidad al mercado inmobiliario, el panorama no es mucho más halagüeño.

España sumó el año pasado 2.302 calificaciones definitivas de viviendas protegidas destinadas al alquiler, tanto en los planes estatales como en los autonómicos. De facto, supone un estancamiento respecto a 2022 (entonces se acabaron 29 casas menos). Esto significa que el porcentaje de inmuebles de alquiler protegido sobre el total de VPO subió ligeramente hasta el 26,6%. Es el más elevado de la última década, pero todavía muy por debajo de lo que en teoría debería suponer al tratarse de la solución prioritaria para las Administraciones. Y el detalle geográfico revela grandes lagunas: para empezar, en más de la mitad de las comunidades autónomas (nueve de 17) no se construyó ni una sola casa de alquiler protegido en todo el año pasado, de acuerdo con los datos del ministerio.

Tres de esas comunidades (Baleares, Canarias y Cantabria) directamente no reportan ninguna calificación definitiva de VPO. En las otras seis (Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y La Rioja) sí se hicieron viviendas protegidas para venta, pero no destinadas a arrendamiento. En muchos casos se trata de territorios con un fuerte componente turístico, un factor que se asocia a tensiones en los mercados inmobiliarios. Al mirar el arco mediterráneo, el panorama se completa con unas pobres cifras en Andalucía. Allí casi el 24% de la vivienda protegida que se acabó tuvo por destino el alquiler, pero como la nueva promoción fue muy poca eso apenas se traduce en 160 casas dentro de la que es la comunidad más poblada de España. Y en el segundo mayor mercado, Cataluña, se acabaron más pisos (400, según los datos de Vivienda), pero se dio un paso atrás respecto al año anterior, tanto por volumen como en el porcentaje que representan frente al total de VPO (un 17,8%, frente al 26,3% de 2022).

Mirando los porcentajes, solo hay tres comunidades donde la VPO de alquiler tuvo fuerza el año pasado. Navarra, con 237 viviendas que representan más de un 53% de la nueva vivienda protegida, es la única en que la modalidad de arrendamiento copó al menos la mitad de las nuevas promociones con ayudas públicas. Cerca quedó Madrid, con un 47,3%. La región de la capital ha sido de las que han puesto iniciativas más ambiciosas de colaboración público-privada para construir bloques de alquiler protegido que gestionan empresas con un régimen de concesión. El año pasado dio cuenta de 1.086 nuevas VPO de alquiler, que no obstante representan un paso atrás respecto al ejercicio previo. En tercer lugar, el País Vasco mejoró tanto en volumen (357 inmuebles, frente a 224 en 2022) como en el porcentaje de promociones protegidas que se destinaron a inquilinos, un 38,7%, cuando el año anterior representaban menos del 15%.

La foto territorial se completa con tres comunidades, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, donde se hizo alguna VPO para alquiler, pero esta fue casi testimonial. En cualquier caso, tampoco se trata de lugares que a priori aparecen entre los mercados inmobiliarios más tensos. Aunque en el caso del arrendamiento, los problemas de accesibilidad se extienden cada vez por más capitales provinciales.

El panorama en un futuro próximo no parece que vaya a mejorar mucho. Las cifras de calificaciones provisionales, conocidas también ayer y que dan cierta medida de cómo evolucionará la VPO en los ejercicios más inmediatos, retrocedieron en 2023. Y lo hicieron precisamente por el batacazo de las destinadas a alquiler, que pasaron de suponer 5.364 casos en 2022 a 2.113 el año pasado. Es decir, menos de la mitad.

Sin embargo, Javier Jiménez, director de Suelo de la consultora CBRE en España, cree que podemos estar en un “año de inflexión”. Para el experto, tras el estancamiento de los últimos tiempos hay un problema de números. La VPO se basa en un sistema de módulos con los que las Administraciones fijan el precio máximo al que se puede vender o alquilar. Y el encarecimiento de los costes de construcción que se ha vivido desde la pandemia hacía inviable muchas operaciones. “Si el coste de construcción se come el prcio de venta o la renta, no tieen sentido promover”, explica. Pero eso ha cambiado, Jiménez ve a muchas Administraciones “poniéndose las pilas” y cree que España asiste al momento de “pasar de las promesas políticas a los hecho”.

El Ministerio de Vivienda, por su parte, recuerda que las promociones de vivienda llevan un tiempo hasta completarse y pone en valor los planes, anunciados el año pasado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para incorporar al parque público hasta 184.000 viviendas de alquiler asequible. Entre esas medidas figuraba la edificación de unos 20.000 pisos con fondos de recuperación europeos, una iniciativa en la que las solicitudes actuales ya superarían las 22.000 unidades, según reivindica el departamento encabezado por Isabel Rodríguez. Aunque estas, lógicamente, tardarán unos años en aparecer en las estadísticas oficiales.

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