Ayuso evalúa un acuerdo extrajudicial con el fondo que reclama 220 millones tras ser obligado a devolver 1.721 pisos públicos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, explora la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial con el fondo Encasa Cibeles, que le reclama 220 millones de euros en los tribunales tras haber sido obligado por la justicia a devolver a la Administración 1.721 viviendas públicas compradas en 2013. Pese a que el Ejecutivo regional ya ha pagado 107 millones por recuperar esos pisos enajenados durante la presidencia de Ignacio González y pese a que las dos partes llevan años de litigios, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo que debe dirimir su conflicto decidió en septiembre suspender el procedimiento para “explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial”, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Un diálogo abierto a petición de Encasa Cibeles, que vendió 1.200 de las 2.935 viviendas que había adquirido antes de que la justicia obligara a reintegrar el resto en el sector público.

“Encasa ha pedido la suspensión para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial y la Comunidad lo valorará”, explica un portavoz gubernamental. “Aunque el plazo de suspensión [adoptado en septiembre] es de 60 días, este se entiende prorrogado salvo que alguna de las partes comunique al juzgado su deseo de continuar con el procedimiento por falta de acuerdo entre las partes”, aclara la misma fuente. “De alcanzarse un acuerdo, debería ser ratificado por los tribunales”, amplía otra fuente conocedora de las entretelas de un conflicto jurídico, administrativo y social que se alarga desde hace una década.

Todo comienza con la Presidencia de Esperanza Aguirre, que impulsa la construcción de estas 2.935 viviendas públicas, repartidas en 32 promociones y por 11 municipios madrileños. Encasa Cibeles las compra en 2013 por 201 millones cuando ya Ignacio González es el presidente. Son tiempos de crisis, el Gobierno regional busca ingresos desesperadamente y la operación supone que la Comunidad deje en manos privados suelo y viviendas que habían sido públicos. Pan para hoy y hambre para mañana: el PSOE calcula que lo que se vendió por 201 millones tenía un valor de mercado de 400.

Con la venta, empiezan a acumularse las quejas de los vecinos, a los que les cambia la vida cuando la Administración pública, sin ánimo de lucro, los deja a merced de un gestor privado. La batalla jurídica comienza en Navalcarnero. Rachid Bouikou pagaba 49 euros mensuales de alquiler y otros 40 de comunidad tras quedarse sin trabajo. Asegura que Encasa Cibeles le reclamó que la renta subiera a 150. Y así arranca un proceso larguísimo y que termina a medias: la Justicia obliga a reintegrar las viviendas en el sector público, pues considera que el expediente de venta no justificó suficientemente que no fueran útiles para la Administración... pero ya se han vendido 1.200 de las 2.935 originales.

En 2019, Encasa Cibeles ya había vendido 1.159 apartamentos, 505 en el mercado libre y 654 tras ejecutar los inquilinos originales su opción de compra preferente a un precio protegido, según fuentes conocedoras de la operativa. La marcha de los ocupantes originales es drástica y continua y responde a una lógica económica descarnada. El fondo compró en 2013 sabiendo que el negocio podía ser redondo, ya que el periodo de protección que impedía vender las residencias estaba a punto de acabarse. Un año después, ya podía comercializar cientos de viviendas. En 2019, casi todas.

Un lío mayúsculo que lleva a sucesivos presidentes regionales a comprometerse a no vender más vivienda pública y a reconocer el error de la operación de 2013. “Vender vivienda pública a fondos de inversión fue un error, estuvo mal”, llegó a decir el presidente Ángel Garrido.

Pero el problema sigue conjugándose en presente. El 20 de diciembre 2022, según un informe de la Cámara de Cuentas, la empresa presentó una demanda en la que solicitaba el reconocimiento del pago de 220 millones de euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados; y subsidiariamente, en caso de no estimarse la pretensión precedente, se reconozca que la Agencia de la Vivienda Social (AVS) tiene la obligación de pagar la suma de 132 millones en concepto de restitución de las prestaciones realizadas en el marco del contrato a fecha 27 de junio de 2022 y sin perjuicio de las actualizaciones que resulten oportunas hasta la fecha en la que se dicte la sentencia y, además, abonar a la empresa la suma de 78 millones en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por la nulidad del contrato, con las actualizaciones que resulten oportunas así como los intereses devengados.

Y entonces llega la posibilidad de la negociación, a la que se llega sabiendo que previsiblemente el Gobierno regional no está dispuesto a compensar con 220 millones que Encasa Cibeles devuelva 1.200 de los 2.935 pisos que compró por 201 millones en 2013.

“De prosperar el recurso indicado a favor del reclamante, se detraería del importe para satisfacer la demanda el correspondiente a la devolución de ingresos efectuada en 2022 por la Comunidad de Madrid a favor del mismo de 107.722.508,95 euros [a los que se suman otros dos millones pagados posteriormente en concepto de intereses]”, afirma el Gobierno regional. En ese caso, el pago sería de 112,6 millones.

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