PP y Vox corrigen y anuncian que ningún inquilino de los pisos municipales en Valencia pagará más del 25% de sus ingresos

El gobierno de Valencia, de PP y Vox, corregirá la subida de alquileres municipales a más de 530 familias, que se encontraron a principios de año, sin previo aviso, con un aumento de la renta mensual de sus pisos públicos de hasta el 35%. La protesta de los afectados fue generalizada ante aumentos de más de 200 euros al mes. Un grupo de inquilinos ha protestado este lunes a las puertas del pleno municipal y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, les ha asegurado que se revisarán los casos y ninguno pagará más del 25% de los ingresos brutos mensuales de la unidad familiar. Además se modificará el procedimiento de adjudicación de las viviendas en alquiler para valorar las situaciones de especial vulnerabilidad.

Los grupos políticos de la oposición, Compromís y el PSPV-PSOE, registraron de inmediato una moción en la que pedían al gobierno municipal que aplicasen los descuentos que se renuevan cada diciembre desde 2013 para evitar lo que denominaron “sablazo” a los inquilinos, que lamentan que nadie del gobierno los haya atendido pese a solicitarlo. Con la crisis ya desatada y a la vista de las protestas, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, del PP, anunció a principios de semana que una oficina de atención a los inquilinos estudiaría de manera individual la situación concreta de cada uno y se aplicarían, si procedía, las bonificaciones.

La moción aprobada hoy en el pleno de enero, con los 17 votos a favor de PP y Vox y la abstención de la oposición, “que no se fía de las intenciones del gobierno local”, prevé que ninguno de los inquilinos dedique más del 25% de su renta brutal mensual al pago del alquiler con efecto retroactivo al pasado 1 de enero. Los vecinos de los pisos públicos aprobaron hace unos días devolver los recibos con la subida e ingresar solo la renta antigua.

El presidente de la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública de Valencia, Ximo Mora, que ha intervenido al inicio del debate de este punto, ha asegurado que los inquilinos daban por hecho que el acuerdo de hacía 10 años tenía que revisarse “pero miren que lo han hecho complicado”. “Es fácil de entender que el alquiler asequible no debe absorber más del 30% de los ingresos mensuales de una familia. ¿Qué necesidad hay de hacer daño a los que menos tienen?”, ha lamentado Mora. Según la asociación, las bonificaciones al alquiler de estos pisos le cuestan al Ayuntamiento 70.000 euros anuales “y el consistorio dejará de ingresar en 2024 parte de los 70 millones de euros porque ustedes han bajado el IBI [y otros impuestos] a los propietarios de pisos tenga el Iprem entre uno o un millón”, ha denunciado Mora.

“Les recuerdo que las viviendas de la sociedad municipal Aumsa son para los ciudadanos con un iprem de entre el uno y 4,5 veces. Y más de la mitad de los inquilinos de los pisos municipales ganan menos de 3,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, utilizado como referencia para la concesión de ayudas públicas), y el palo que nos han dado es inmoral. El Ayuntamiento tiene la obligación de facilitar alquileres asequibles a quien le es imposible conseguirlo en un mercado libre tan voraz. No tenemos otra opción habitacional”, ha concluido.

Papi Robles, portavoz de Compromís, ha insistido en que el Ayuntamiento tiene una herramienta para proporcionar alquiler asequible a los ciudadanos pero cuando llega el momento “eliminan el convenio y lo que es peor, les suben el alquiler sin una carta de aviso, sin decirles absolutamente nada. Llegan y le pegan un sablazo a los vecinos sin decirles ni media palabra. No negocian, no avisamos, no respondemos y no rectificamos, aunque reconozco que han mejorado hoy la propuesta que hicieron pública la semana pasada”. “Mantengan el convenio y negocien con ellos”, ha pedido Robles.

Por el grupo socialista, la portavoz Sandra Gómez ha reprochado a Catalá la prisa que se ha dado para contestarle hoy a uno de los afectados que se manifestaban a las puertas del pleno, “pero no para darles una explicación del subidón en el recibo de enero: para eso sí ha llegado tarde”. “Mientras su gobierno se apresuraba en diciembre para anunciar a bombo y platillo una rebaja fiscal que iba a proporcionar un ahorro de decenas de miles de euros a multipropietarios, fondos de inversión y grandes superficies, el mismo mes dejaban caer las bonificaciones a los alquileres públicos”, ha lamentado Gómez. La edil socialista ha defendido que la oferta de Catalá, recogida en la moción aprobada más tarde, ya estaba recogida en la normativa en vigor, restándole mérito a su anuncio.

En su turno, el concejal de Urbanismo y presidente de Aumsa, Juan Giner, ha pedido disculpas a los inquilinos “si es que la comunicación no ha sido lo fluida que debía haber sido y esta misma semana nos sentaremos con ustedes para determinar la medida anunciada por la alcaldesa”. El edil ha recordado que en 2013, año en el que se aprobaron las bonificaciones a los alquileres de Aumsa, las viviendas del mercado libre eran más baratas que las públicas, que además estaban vacías. “Se aprobaron una serie de incentivos y se establecieron una serie de reducciones en las rentas que son las que se han ido prorrogando”, ha explicado Giner. “Hoy tenemos que la vivienda de renta libre está 20 puntos más cara que la VPO y tenemos además a casi 1.400 personas en la lista de espera. Si durante su gobierno hubieran construido alguna vivienda pública más, esa lista no sería tan larga”, ha remachado.

Giner ha replicado a la oposición que la limitación de las rentas opera desde la aprobación del decreto de la Generalitat de mayo de 2023, por tanto, los inquilinos de Aumsa anteriores a ese decreto no serían beneficiarios. “Con los casi 540 haremos una bonificación basada en un dato objetivo y es que el que menos recursos tenga más bonificación tendrá”, ha zanjado.