PP y Vox aprueban una rebaja fiscal de 71 millones en Valencia que la oposición denuncia que beneficiará a los ricos

La rebaja fiscal de 71 millones de euros ya tiene todos los avales y entrará en vigor el próximo enero. El Gobierno local de Valencia, de PP y Vox han aprobado las nuevas ordenanzas fiscales de 2024. “La hemos aprobado por responsabilidad, compromiso y coherencia” porque lo prometimos y se beneficiarán de ella casi 700.000 valencianos”, ha defendido la concejal de Hacienda, María José Ferrer San Segundo. Juan Manuel Badenas, portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, ha justificado su apoyo, pese a su negativa inicial, en que estas ordenanzas fiscales suponen “una reducción de impuestos muy notable” para los ciudadanos. La oposición, de Compromís y PSPV, denuncia que beneficiará a los que más tienen y menoscabará las arcas municipales.

Las ordenanzas fiscales prevén una rebaja del 20% del IBI, una bonificación del 95% en el impuesto de plusvalía para bienes heredados o transmisiones ínter vivos, un recorte del 8,5% del impuesto de vehículos y una rebaja del 50% en la tasa de alcantarillado. El portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha avanzado además, minutos antes de iniciarse el pleno, que los presupuestos municipales “serán realistas, sin partidas ficticias” y sin recortes. Badenas ha anunciado además este martes que volverá a solicitar la dedicación exclusiva tras su entrada en el gobierno municipal.

El exalcalde de Valencia y portavoz de Compromís Joan Ribó ha asegurado que la rebaja planteada supone un descuento medio de 43 euros para la mayoría de la población. “Da para poco, señora Catalá, para unos cuantos almuerzos y poco más. No resuelve ni el aumento de precios ni el crecimiento de las hipotecas y ya no hablo de los que no tienen ninguna propiedad porque para ellos la rebaja es cero″, ha dicho el portavoz. Además, Ribó ha argumentado que la reducción de impuestos provocará una disminución de los ingresos municipales, lo que planteará problemas para financiar servicios como la contratación de nuevos policías o la lucha contra la pobreza.

La socialista Sandra Gómez ha denunciado que para que la alcaldesa del PP apruebe su proyecto estrella “los valencianos tengamos que tragar con la ultraderecha que representa Vox”, y le ha recordado que los socialistas le habían tendido la mano. “Podríamos haber pactado la bonificación a las familias numerosas pero incluyendo también las familias monoparentales o a las que tienen dependientes a su cargo. Pero querían una ordenanza que fuera un patrón de lo que en realidad piensa la derecha, y es que quien más tiene, más ahorre”, ha concluido.

Una capital verde “no puede bajar el impuesto a los vehículos”

El pleno ha aprobado la creación de una comisión no permanente sobre la Capitalidad Verde Europea, que Valencia celebrará a lo largo de 2024, una propuesta que ha salido adelante con el voto favorable del PP, Compromís y Vox y la abstención del PSPV. “Tenemos una parte del gobierno local que no cree en la capitalidad verde”, ha criticado el edil de Compromís Sergi Campillo, que ha subrayado que una capital verde no puede bajar el impuesto de vehículos porque supone más contaminación. No obstante, el grupo valencianista ha apoyado su creación. “Nos esperaremos a ver su gestión”, ha apuntado Campillo. Para la concejal socialista Elisa Valía es preocupante que Vox esté al frente de servicios como Parques y Jardines o la Devesa de la Albufera, áreas fundamentales para las políticas verdes. “¿Qué hará Vox cuando venga la Comisión Europea para hablar con ellos? ¿Les dirá que esto es la dictadura de los ecoprogres sostenibles?”, ha planteado Valía al pleno.

Paula Llobet, concejal del PP responsable de la capitalidad verde, ha respondido a los dos grupos de la oposición que no se preocupen “porque de las relaciones con la Comisión Europea me ocupo yo. Tenemos una relación fluida y estable con ellos”. Llobet ha apostado por medir el impacto de los eventos e iniciativas que se pondrán en marcha con motivo de la capitalidad verde para evitar “la falta de poso” que ha dejado en la ciudad la capitalidad del Diseño.

En la recta final del pleno, la oposición ha conseguido aprobar una moción presentada por la socialista María Pérez sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con medidas para combatir la polución en la ciudad gracias a que, en el momento de su debate, se encontraban fuera del hemiciclo varios ediles del PP y Vox, entre ellos la alcaldesa, María José Catalá. El Gobierno municipal se pronunció a favor de establecer una zona con restricciones al tráfico de mínimos, que se activaría solo en caso de que se superaran los niveles de contaminación.

La moción, aprobada gracias a las ausencias del varios miembros del equipo de gobierno, propone que se tengan en cuenta las investigaciones del Grupo de Investigación de Tecnologías de la Información contra el Cambio Climático de la Universitat Politécnica de València, así como del proyecto AirLuisa, para la toma de decisiones en el diseño de la zona de bajas emisiones de Valencia y de sus ordenanzas, por su rigor científico y por alcanzar los 600 los puntos de medida frente a los seis del Ayuntamiento. Gómez ha manifestado su satisfacción por la aprobación de una “moción necesaria para que Valencia no se descuelgue de la lucha contra el cambio climático y trabaje por la salud de sus vecinos y vecinas”.

El Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar ha sido aprobado definitivamente en el pleno de este martes, el primero para el nuevo gobierno de PP y Vox y que se ha celebrado en la Diputación de Valencia ante las reparaciones que se llevan a cabo en el hemiciclo de la casa consistorial.