Alarma entre 530 familias por la subida de hasta el 35% del alquiler de viviendas municipales en Valencia

A Mohamed Ibrahim, de 46 años, la sociedad municipal Aumsa, que gestiona el parque de viviendas público del Ayuntamiento de Valencia, le han subido la renta mensual en 150 euros de diciembre a enero. Sin previo aviso. Alquiló hace ocho años un piso de dos habitaciones —unos 70 metros cuadrados— en una de las promociones municipales por 304 euros y a principios de año le han girado un recibo con una aumento del alquiler de 114 euros, más una cuota de garaje que se ha duplicado. “Encontrar una vivienda accesible en silla de ruedas (va en una) es casi un sueño. Era o una vivienda pública o ir a obra nueva que te clavan 700 euros al mes y yo, entre mis medicamentos, el colegio del niño y el gasto en comida, no llego”, comenta a las puertas de la asamblea convocada el martes ya tarde por la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública de Valencia. Un centenar de inquilinos —el parque municipal son unas 540 viviendas— abarrotaron la sede de la asociación de vecinos de Velluters y acordaron como medida de presión (por dos tercios a favor frente a uno en contra) devolver los recibos de enero con la subida y depositar la renta antigua en una cuenta de la sociedad municipal para no arriesgarse al desahucio. Quieren sentarse y negociar con el gobierno municipal, al que reprochan que haya quitado unilateralmente una bonificación al alquiler, de entre el 15 y el 35% según las zonas, en vigor durante la última década.

L. M., una joven de 28 años, administrativa de exportación, se ha quedado fuera en la calle porque no queda sitio en la sala y cuenta que después de tres años de espera la llamaron para arrendar un piso protegido en Ciutat Vella, que ocupó el pasado agosto. “La subida ha sido sin avisar. No hace ni un año que estoy y ya me han subido 50 euros solo de la vivienda. Después de la subida paga 470 euros (también por el garaje), lo que equivale a un 40% de mis ingresos del mes. Por suerte tengo trabajo pero es lamentable el comportamiento del Ayuntamiento hacia los ciudadanos”, explica.

La presidenta de la asociación, Trini Piquer, pide unidad a los afectados. “Vamos a pagar lo que se estaba pagando en 2023 porque aquí nadie quiere la ruina de Aumsa porque es pública y siempre hemos defendido la vivienda protegida. Pero hay que decir que el Ayuntamiento no nos ha llamado ni notificado nada. De todos modos, la única solución para que bajen los alquileres es la construcción de más pisos públicos”, defiende. Las familias afectadas por el aumento del alquiler “son unas 500″, añade el secretario de la entidad, Ximo Mora, que estima que hay afectados que pagan una media de 200 euros más al mes. La asociación quiere que se prorroguen las bonificaciones.

El portavoz del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, del PP, reconoció días atrás que no se ha renovado el descuento porque “las circunstancias han cambiado”. Según el concejal, hace una década se aprobaron las rebajas para fomentar el alquiler de esas viviendas, que estaban vacías, pero ahora la situación es otra, con una lista de espera de 1.300 personas y unos alquileres por las nubes. Para acceder a uno de sus pisos hay que tener unos ingresos de entre más de una vez y 4,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, utilizado como referencia para la concesión de ayudas públicas). Es decir, entre más de 600 euros y 2.700 euros de ingresos mensuales (brutos) por familia.

Los dos grupos políticos de la oposición, Compromís y el PSPV-PSOE, han registrado una moción en la que piden al gobierno municipal que siga bonificando estos alquileres y este miércoles han llevado lo que califican de “sablazo” a la Comisión de Urbanismo municipal. En respuesta, el concejal responsable, Juan Giner, del PP, ha anunciado un consejo de administración de Aumsa el próximo viernes 26 de enero y una oficina de atención a los inquilinos que estudie de manera individual las situaciones concretas de cada inquilino. La asociación ha trasladado el problema a la Moncloa, que ha tomado nota con una carta firmada por Óscar López, director del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Hace una década, el Ayuntamiento de Valencia, entonces gobernado por la alcaldesa Rita Barberá, también del PP, se enfrentó a un episodio parecido. Aumsa subió los alquileres —por encima del precio de mercado, según denunciaron los inquilinos— y los afectados se movilizaron contra el aumento. La historia se repite una década después. El Ayuntamiento arregló entonces el conflicto aplicando descuentos en el precio, que se ha prorrogado año tras año, hasta diciembre pasado, en que Aumsa no renovó las bonificaciones. “Hemos vuelto a la situación de 2012 y han desaparecido de golpe las bonificaciones, que iban del 15 al 35% de la renta, lo que hace que una familia, con unos ingresos de 1.000 euros, pase a pagar de 380 a 550 euros mensuales por el alquiler”, explica el secretario de la asociación.

Los descuentos acordados en 2013 eran del 15% en las viviendas del centro histórico, 25% en las del resto de la ciudad, y de un 35% en promociones determinadas. “Creemos que el 80% de los inquilinos de Aumsa tiene un Iprem inferior a 3,5 veces. El día 10 de enero llegaron los recibos y la gente comenzó a quejarse y a pedir explicaciones a Aumsa. Los inquilinos con rentas más bajas se agobiaron. A la gente le produce una desazón enorme tener que dedicar la mitad de tu renta a pagar el alquiler”, denuncia Mora.

Las promociones más afectadas son las de Campos Crespo, Arquitecto Segura Lago, Ecuador y Carlos Climent. La bonificación rondaba en estos pisos el 25% del alquiler. “Es inhumano que un matrimonio joven, con dos niñas pequeñas, y 1.100 euros de renta, dedique un 50% de sus ingresos al alquiler cuando uno de los objetivos de Aumsa es precisamente hacer más accesible la vivienda”, critica la asociación.

Otro de los casos más peliagudos se da en la promoción de la calle Arquitecto Segura Lago, en el barrio de San Isidro, al suroeste de la capital, que tenía una bonificación del 35% porque son pisos muy estrechos, con muchos metros cuadrados útiles pero que se desaprovechan con tanto pasillo, y para fomentar que los ocuparan se puso una bonificación del 35%. El alquiler de la casa se ha encarecido en más de 100 euros y el alquiler del garaje se ha disparado hasta los 130 euros, asegura la asociación.