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Los vecinos se rebelan contra la renta y los gastos de los pisos municipales

Unos 200 inquilinos del Ayuntamiento de Valencia piden alquileres más bajos

Cristina Vázquez
Asamblea de inquilinos de pisos municipales de Aumsa en la asamblea celebrada este lunes en El Micalet.
Asamblea de inquilinos de pisos municipales de Aumsa en la asamblea celebrada este lunes en El Micalet. MÒNICA TORRES

Los alquileres son caros y los gastos de comunidad, abusivos para la mayoría de inquilinos de los cerca de 650 pisos sociales que alquila el Ayuntamiento de Valencia. Anoche unos 200 afectados, reunidos por la Asociación de Vecinos del Palleter, dijeron basta y pusieron encima de la mesa desde dejar de pagar unos gastos de comunidad que consideran injustos hasta denunciar al Consistorio ante los tribunales. Quedaron en constituirse en una comisión coordinadora y, aunque con división de opiniones, solicitar una entrevista con el vicealcalde Alfonso Grau y los responsables de Aumsa, la sociedad municipal que gestiona los alquileres. La gente está muy enfadada”, explicó momentos antes de la asamblea el vicepresidente de la asociación vecinal, Honori Estornell.

“Me voy a tener que ir de mi piso porque no tengo dinero para pagar la escalera”, contó Rosalía, inquilina de una finca en la calle de Guillem de Castro, número 34. Lleva desde 2001 en un dúplex y desde entonces tiene goteras. Ella y sus vecinos se gastaron 3.000 euros para cubrir el tejado con tela asfática “y sigo con la gotera”. “Vienen hacen fotos y se van. Es una vergüenza”, se quejó después de denunciar que paga 265 euros trimestrales de comunidad.

Me tengo que ir del piso porque no tengo dinero para pagar la escalera

Uno a uno, los afectados, que abarrotaron una de las salas de El Micalet, contaron su historia. Ximo rompió el hielo, fue el primero en coger el micrófono. “Nos pasan cualquier gasto sin justificación y cuando pedimos las facturas se cierran en banda y no hay manera”, dijo en relación a los administradores de fincas que impone Aumsa a los bloques de alquiler social. Por si fuera poco, Ximo, vecino de la calle Campos Crespo, explicó que durante dos alos cobraron de forma indebida facturas del administrador con IVA. Lo denunciaron y se lo quitaron pero nadie les devolvió lo cobrado injustamente. “Pero qué gente hay en Aumsa que no se dió cuenta”, añadió. Otra inquilina expresó sus dudas acerca de si los inquilinos de pisos de protección pública debían o no pagar el IBI.

Los defectos de origen de la construcción también salieron a relucir. Carlos, residente en un bloque del barrio de El Carme citó incluso el Código Civil para referirse a la mala calidad de estas construcciones. “El que produce un daño tiene que pagar la reparación”, repitió. A diferencia de la mayoría de los presentes, Carlos vive en un edificio con 14 años de antigüedad. Los balcones de su edificio se están viniendo abajo y Aumsa dice que tienen que pagarlo de su bolsillo los inquilinos. “La aseguradoras dicen que son defectos o vicios de construcción y qué tenemos nosotros que ver con la construcción”, remachó indignado.

“El Ayuntamiento tiene que verse en los tribunales”, dijo levantándose otra de las afectadas que poco más o menos explicó que en su bloque de viviendas tiene el garaje inundado porque hay un jardín encima y se producen filtraciones desde el principio. “Animo a todos a seguir movilizándonos. Sobre todo que se nos oiga”, propuso micrófono en mano. Durante hora y media que duró la reunión salieron a flote agravios narrados por otros afectados. Así contaron que los vecinos están pagando el IBI cuando eso es un impuesto que debe pagar el propietario para luego repercutirlo en los alquileres.

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El Ayuntamiento [de Valencia] tiene que verse en los tribunales

Victoria, afectada de la calle Torno de Hospital, planteó depositar el dinero del alquiler en los juzgados y no abonarlos a Aumsa hasta que solucionase el problema. Todos son conscientes de que la insumisión en el pago de la renta puede conducirles a un desahucio. “A veces llamas a Aumsa y se ríen”, describió Victoria tras explicar que cuando ocupó su vivienda se encontró con la caldera y los fuegos con precinto y desde Aumsa le dijeron que lo paguese de su bolsillo y luego se lo abonarían. Dos años después no lse lo han pagado. En otra escalera son 12 viviendas y hay dos ascensores, lo que dispara los gastos comunes una barbaridad.

Enrique, inquilino de la calle Estrella, les animó. Explicó que llevan tiempo sin pagar al administrador los extintores y el seguro de la finca y no les ha pasado nada. Ahí vive un familiar de uno de los directivos de Aumsa, contó.

Estornell, vicepresidente de la asociación y afectado, propuso la creación de un comité coordinador que tiene previsto reunirse hoy mismo para debatir los siguientes pasos a dar. De él fue la idea de pedir entrevistas con el gobierno local y con los dirigentes de Aumsa.

Otro grupo planteó a la asamblea que a partir del 1 de enero se dejen de abonar los gastos de comunidad. “Llevamos años hablando con ellos, mandándoles escritos y no han hecho caso de nada”, dijo poco dispuesta a más reuniones.

Una rebaja del 25%

C.V., Valencia

Varios concejales de la oposición de Valencia acudieron a la reunión en El Micalet para apoyar a los afectados y ponerse a su disposición. El edil socialista Vicent Sarrià, consejero de Aumsa, recordó que su grupo lleva desde 2009 denunciando la situación.

Sarrià recordó que el origen del problema arranca de 2008, cuando la Generalitat aplicó el máximo de recargo al precio del módulo de estas viviendas sociales. El Gobierno español estableció el módulo en 758 euros el metro cuadrado y el Consell de Francisco Camps decidió multiplicarlo por 2,40%. Así, la vivienda pública es más barata en ciudades como Zaragoza o Sevilla que en Valencia.

Los socialistas han llevado sin éxito a las comisiones de Urbanismo y a los plenos una rebaja del 25% de los alquileres de estos pisos protegidos. El gobierno del PP solo ha aceptado estudiar la reducción de los alquileres de los garanjes pero no de las casas. “La Generalitat y el Ayuntamiento se mantienen en sus trece y no reaccionan”, dijo Sarrià.

Los gastos de comunidad son exagerados. Si el alquiler del piso ronda los 450 euros (según la superficie), los gastos de comunidad oscilan entre los 140 y los 200 euros trimestrales, incluso más. Por ello, los socialistas proponen que se contrate un solo administrador para los 30 bloques de viviendas de protección pública. “Ahorraríamos muchos costes”, aseguró Honori Estornell, de la asociación de vecinos.

De los defectos de origen en la construcción, que disparan los gastos comunes, los inquilinos exijen a Aumsa que haga valer el seguro decenal y exija a los constructores que repare lo que no hicieron bien en su día.

El concejal de Compromís Joan Ribó, también del consejo de Aumsa, se dirigió a los afectados para mostrarse dispuesto a escucharlos y trasladar las acciones que emprendan en la lucha por sus derechos.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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