Isabel Rodríguez: “Hay que regular el alquiler de habitaciones. Está dejando a las personas desprotegidas”

Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 42 años) es la encargada de poner rostro a esta nueva etapa del Ministerio de Vivienda como departamento independiente. Una apuesta, por tanto, del Gobierno en la legislatura que arrancó a finales del año pasado. Cuando ya ha superado holgadamente los 100 días en el cargo, la ministra repasa la actualidad al término de una semana en la que el Ejecutivo ha realizado varios anuncios en la materia, como la eliminación de los visados de oro o la agilización de las licencias de construcción. En el encuentro, celebrado el viernes en su despacho en Madrid, pone el punto de mira en los alquileres turísticos, temporales o de habitaciones, que están sirviendo para esquivar algunos controles legales.

Pregunta. El Gobierno ha anunciado varias medidas coincidiendo con la campaña vasca y la precampaña de catalanas y europeas. ¿Entiende las críticas de la oposición por electoralismo?

Respuesta. No las entiendo, no las comparto y las rechazo de plano, porque el Gobierno tiene por delante todavía tres años y medio hasta las próximas elecciones generales. Ciertamente hay otros comicios que los partidos abordan en los diferentes ámbitos territoriales, pero la llamada a la unidad, esa necesidad de acuerdo de país, la he manifestado desde el primer día que cogí la cartera como ministra de Vivienda y Agenda Urbana.

P. Ha hablado de aportar garantías a los propietarios para que alquilen sus pisos. ¿Cómo lo hará?

R. Soy consciente de que la mayor parte de la vivienda en alquiler en nuestro país forma parte del patrimonio de muchas personas que complementan sus rentas y quieren garantías y seguridad jurídica. Ya hemos puesto en marcha instrumentos. En el último Plan Estatal de Vivienda, el Gobierno quiso lanzar ese mensaje de protección al propietario con un programa para garantizar las rentas, en el que ya están trabajando algunas comunidades autónomas.

P. ¿Va a intervenir el Gobierno el mercado de pisos turísticos?

R. El próximo mes voy a convocar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para abordar este asunto. A través de la conferencia sectorial de Vivienda, conjuntamente con la conferencia sectorial de Turismo, y a través de las comisiones de Vivienda y Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tendremos que intervenir y limitar los pisos turísticos. No podemos mirar para otro lado porque esta actividad económica está afectando a un derecho constitucional.

P. ¿Y cómo pretenden lograr esa limitación?

R. Hay que atender a la normativa europea porque esta situación no ocurre solo en España. Tenemos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que vienen a decir que hay una imperiosa necesidad de abordar la cuestión, y vamos a explorar la jurisprudencia europea. Vamos a apurar nuestras competencias en el ámbito estatal donde también tenemos jurisprudencia del Tribunal Supremo en lo que se refiere a las comunidades de vecinos. El Gobierno es consciente de la importancia del sector turístico en nuestro país y de que este tipo de alojamientos son oportunidades de desarrollo social, económico y de fijación de población en otras zonas. Un alojamiento turístico en zonas despobladas, en zonas rurales, va anclado también con el modelo de turismo que el Gobierno defiende. Hay zonas donde los alojamientos turísticos no afectan al derecho a la vivienda y, por tanto, ahí no habría que intervenir.

P. Otro frente es el alquiler temporal, que permite sortear la ley de vivienda y los límites de actualización de rentas, ¿qué contemplan para evitar que esto suceda?

R. Un mes después de haber sido nombrada ministra, atendiendo el mandato de la ley de vivienda, convocamos el grupo para analizar la problemática de los alojamientos de alquiler temporal. Han trabajado y esta semana vamos a ver sus conclusiones. Estamos observando también otra salida, otra escapatoria, que es el alquiler de habitaciones. En el caso de nuestro país ni siquiera está regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino que quedó en el Código Civil y vamos a analizar todas las reformas necesarias para abordarlo. Algunas tendrán que ser reformas legales. Va a ser inminente cuando podamos analizar estas primeras conclusiones.

P. ¿Se refiere a modificar la LAU?

R. Sin duda hay que regular el arrendamiento de habitaciones porque está siendo una escapatoria. Está dejando totalmente desprotegidas a las personas y creo que hay que dar garantías a todas ellas. No quiero adelantar más por respeto al grupo de trabajo que va a presentar sus propuestas.

P. ¿Qué plantea el Gobierno para poner más suelo en el mercado y que se construya más vivienda?

R. El suelo es la materia prima de la política de promoción de vivienda y estamos trabajando en distintos ámbitos. Acabamos de enviar al Parlamento la modificación de la Ley del Suelo para garantizar la estabilidad de los planes urbanísticos y que un defecto de forma no eche abajo un plan completamente. Un alargamiento de los trámites en la gestión de los suelos implica un aumento del coste de la vivienda. Estamos utilizando mucho la construcción de vivienda asequible sobre derechos de superficie. Cuando ese suelo es público, garantizamos para siempre que la finalidad de esas viviendas sea el interés público. Esto es un cambio de paradigma.

P. ¿Acortar los plazos urbanísticos puede mermar las garantías?

R. Comprendo que todos tengamos en el recuerdo la época del bum inmobiliario, pero la situación de hoy nada tiene que ver y no se puede observar con el prisma de entonces. El principal problema es de falta de oferta y hemos de construir. Para eso tenemos que estar acompañados del resto de administraciones y por el sector privado. Para hacer 25.000 viviendas públicas con fondos de recuperación vamos a invertir 1.000 millones. Para llegar a la media europea del 9% de casas en alquiler asequible necesitaríamos dos millones de casas. Es decir, 250.000 al año con una inversión anual de 10.000 millones durante seis años.

P. ¿Y ese objetivo es realista?

R. Está bien que nos marquemos objetivos, pero tenemos que ser realistas. El objetivo que se ha planteado el Gobierno son 184.000 viviendas. Nuestra ambición es llegar a la media europea, pero también tengo que ser honesta con la ciudadanía.

P. De esas 184.000 viviendas, ¿cuántas son ya una realidad?

R. En torno a 80.000 viviendas están en marcha. Algunas las he podido visitar recientemente en Cornellá, Vitoria, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Otras ya están habitadas por las personas a las que finalmente dirigimos nuestras políticas. Hicimos un abanico muy importante que incorpora viviendas de los planes estatales, de los acuerdos con las comunidades autónomas, las entidades locales y el sector privado para invertir 1.000 millones del Plan de Recuperación en alquiler asequible. Hemos superado nuestra expectativa y estamos cercanos a las 25.000 viviendas. También incorporamos los acuerdos de la Sareb y nuevos planeamientos urbanísticos con instrumentos como el Sepes [Entidad Pública Empresarial de Suelo].

P. Sareb quería vender 21.000 pisos a las administraciones y ha vendido 350. ¿Revisarán ese plan?

R. Vamos a hacer un examen mucho más exhaustivo. Hay interés en algunas de estas casas, pero ciertamente donde están las oportunidades, o donde está la oferta, no siempre está la demanda, y ese es un equilibrio importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de adoptar decisiones. Pero, sin duda, Sareb es un instrumento al servicio de la política de vivienda.

P. ¿Por qué eliminan ahora los visados de oro por comprar casas?

R. Ese modelo de visado no solo está vinculado al acceso a la vivienda, que es en lo que yo intervine. Tenemos que hacer grandes políticas de promoción de vivienda pública para llegar a los estándares europeos. Pero, entre tanto, tenemos que ir con un bisturí atendiendo a los verdaderos problemas, que están fundamentalmente en las ciudades de mayor población. Hicimos un estudio riguroso y vimos cómo en algunas ciudades estos visados representaban ya una parte muy importante de las compraventas de vivienda. Además, estaban apurando los márgenes para quedarse en el importe mínimo [500.000 euros]. Y vimos cómo en los dos últimos años se había disparado la adquisición de este tipo de visados. Por tanto, estaba afectando al derecho a la vivienda y hemos intervenido de manera rápida.

P. Pero el Gobierno amplió la duración de esos permisos en 2022.

R. Veníamos de una reacción a la crisis de la guerra de Ucrania y era muy importante mantener la inversión en nuestro país. Y, además, esta medida, igual que con el turismo, no nos aleja de una realidad que para el Gobierno es importante: la atracción de capital inversor. Pero queremos que este inversor extranjero que llega a España esté en sectores productivos anclados con los objetivos de Gobierno, como innovación, tecnología… Y en política de vivienda, que sirva para garantizar viviendas asequibles. Hay mucho que construir, mucho que hacer, y nuestra propuesta es que las inversiones vayan dirigidas a eso y no a garantizarse un visado que está privando a otras personas del derecho de acceso a la vivienda.

P. ¿Lo mantendrán entonces en el resto de supuestos?

R. Esto hemos de analizarlo, yo me centro en mi competencia.

P. ¿Cuándo estarán listos los avales hipotecarios para jóvenes y por qué limitan la edad a 35 años?

R. La tramitación lleva un tiempo y, además, ha coincidido con un parón electoral. Desde que llegué al ministerio impulsé los trámites administrativos para llevarla a cabo. Son 2.500 millones de euros y no solo va dirigido a jóvenes, también a familias con hijos menores. ¿Por qué? Pues porque los recursos no son ilimitados y hemos priorizado. Uno de los principales problemas en el acceso a la vivienda es la tardía emancipación de los jóvenes en España, superando los 30 años y, por tanto, intentábamos abordar con esa decisión una etapa vital fundamental para el desarrollo de otros proyectos vitales como la emancipación, la maternidad y la paternidad. Creo que van a ser muy demandados. Ha resultado imprescindible contar con la alianza de las entidades financieras. En mayo, podremos firmar los convenios con los bancos y, por tanto, podrán ofrecer el producto a sus clientes.

P. ¿Está satisfecha con la puesta en marcha de las zonas tensionadas en Cataluña? La Generalitat ha dicho que la ley tiene agujeros.

R. El proceso se ha ajustado a lo acordado en la ley de vivienda. Lo importante es que los catalanes están más protegidos y tengo que agradecer el trabajo de los técnicos de la Generalitat. Entiendo también que estamos en un contexto electoral y estoy convencida de que cuando podamos hacer un balance riguroso, para el que al menos tendrán que pasar tres meses, va a ser positivo.

P. La vivienda también ha generado fricciones con Sumar, su socio en el Gobierno de coalición.

R. Los acuerdos del Gobierno de coalición están muy claros. Estoy satisfecha con el trabajo que hemos desarrollado estos meses y convencida de que culminarán con el cumplimiento de los objetivos de ese acuerdo.

P. ¿Se pueden declarar zonas tensionadas sin pasar por las comunidades o está descartado?

R. Esta fue una de las cuestiones que más se debatió en el trámite parlamentario de la ley y lo que hacemos precisamente es preservar la competencia autonómica. Pero eso no impide que podamos ver el problema. Si una zona tensionada existe es porque quienes la habitan están destinando más del 30% de sus rentas al pago del alquiler o porque en los últimos años se ha producido un incremento muy notable de precios con respecto al IPC. Objetivamente existe la tensión, otra cosa es que las administraciones quieran colaborar. Lo que me corresponde como ministra es hacer un llamamiento a todas las comunidades autónomas donde existen zonas tensionadas a que las declaren para que podamos ayudar a dar una respuesta. Es cierto que algunas están trabajando y tienen predisposición. Para mí, el caso más paradójico es el de la Comunidad de Madrid, que es donde más problemas de vivienda existen. Yo tiendo la mano para dar todo lo que podamos a los madrileños a la hora de resolver su problema. Y quien no quiera atender el problema tendrá que explicárselo a ellos.

P. O sea, el mecanismo se centra entonces en un llamamiento...

R. La declaración está perfectamente regulada en la ley y ha de ser solicitada por la comunidad autónoma. Si no la solicita, el Estado no la puede declarar porque está así escrito en la norma para preservar el ámbito competencial. Pero más allá de las competencias está el sentido común, el mandato constitucional de lealtad y cooperación institucional. Y el de dar respuesta a los problemas más urgentes que tiene la gente. Los madrileños manifiestan que uno de sus principales problemas es la vivienda. Entiendo que para la presidenta de Madrid [Isabel Díaz Ayuso] no es su problema personal, pero para la inmensa mayoría de los madrileños sí lo es.

P. La mayoría del presupuesto en Vivienda viene de fondos europeos, que desaparecerán. ¿Cuál es el compromiso para después?

R. En palabras del presidente del Gobierno: todos los instrumentos del Estado al servicio de lo que es una prioridad, que es garantizar el derecho de acceso a la vivienda. Y, por tanto, vamos a trabajar para tener todos los recursos económicos necesarios para ello.

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