Alcaldes del PSOE reclaman a Ayuso que limite el precio de la vivienda en ciudades que suman casi un millón de habitantes

El Ayuntamiento de Alcorcón, dirigido por la socialista Candelaria Testa, se prepara para llevar hasta la Asamblea regional una propuesta de ley para regular la declaración de zonas tensionadas por el precio excesivo a pagar para comprar o alquilar vivienda, con el objetivo de que se establezcan topes que faciliten la emancipación de la población. Esa iniciativa necesita recabar el apoyo de al menos otros dos municipios para cumplir con los requisitos de la ley de iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos. Un sostén que Alcorcón tiene garantizado porque Juan Lobato, líder regional de los socialistas, ha dado orden de movilización a todos los alcaldes del PSOE, y porque municipios tan importantes como los de Fuenlabrada o Getafe ya solicitaron que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso los declarara como zona tensionada.

La negativa del Ejecutivo regional a aplicar esta previsión de la ley estatal de vivienda, que también se repetirá ante la petición de Alcorcón, es lo que provoca que se explore como segundo paso esta nueva vía alternativa en el Parlamento, donde el PP tiene mayoría absoluta y previsiblemente también la bloqueará.

“El objetivo del PSOE es que se cumpla la ley que permite que se apliquen medidas que afectan directamente a los precios de los alquileres, como delimitar las zonas tensionadas”, ha argumentado este lunes Juan Lobato en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de portavoces de la Asamblea regional. “Esto se puede hacer a iniciativa de los ayuntamientos, y lo están haciendo los socialistas, en concreto el de Alcorcón por vía formal administrativa”, ha explicado. “Se ha presentado la solicitud formalmente. La Comunidad tiene tres meses para contestar”, ha añadido, dando por hecha la negativa. “A partir de ahí, activaríamos el procedimiento de una iniciativa legislativa para traer el debate a la Asamblea”.

Según la normativa estatal, se debe considerar zona tensionada aquella donde las familias tienen que gastar más de un 30% de sus ingresos en el pago del alquiler o hipoteca (incluyendo gastos en suministros); o aquellas en las que el precio de la renta haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Tras la declaración, se limitan las subidas de los alquileres: por ejemplo, un 2% en 2023 o un 3% en 2024.

Hace un año, Madrid era la segunda provincia con más códigos postales tensionados (179), tras Barcelona, según un análisis de Atlas Real State publicado por este diario. Y, aunque en la Comunidad de Madrid hay 33 municipios que cumplirían con los requisitos para topar los precios, según un análisis de Idealista, el Ejecutivo de Ayuso se niega a permitir cualquier declaración de zona tensionada.

“No creemos en la declaración de zonas tensionadas, porque ataca el derecho a la propiedad, invade las competencias y son iniciativas que hacen subir los precios y que baje la oferta”, explica un portavoz del Gobierno autonómico, que tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional la ley, cuya disposición sobre los topes a los alquileres solo se aplicará en Cataluña.

En ese contexto, Alcorcón es el primer municipio que se plantea intentar la vía legislativa. Previamente, se mostraron a favor de la declaración como zona tensionada los plenos de otros municipios gobernados por el PSOE: Getafe, Fuenlabrada, Coslada, Parla y Ciempozuelos, aunque la Comunidad dice que solo tiene constancia de las peticiones de los dos primeros (además de la de Alcorcón).

En total, esas poblaciones suman más de 700.000 habitantes en 2023, según el Instituto nacional de estadísticas (INE). Los socialistas esperan que todos los ayuntamientos en los que gobiernan, y que cumplen con los requisitos de la ley, den pasos parecidos. De hecho, Rivas Vaciamadrid, municipio gobernado por Izquierda Unida, Más Madrid, Equo y PSOE, estudia tomar esa decisión.

Alcaldes del PP

“En el Ayuntamiento de Alcorcón lo hemos hecho por una cuestión simple: somos el cuarto municipio con los precios del alquiler más altos”, resume Testa en una conversación telefónica con este diario. “Alcorcón tiene que salir de ese ránking para garantizar las posibilidades de emancipación de muchísima gente, no solo jóvenes, pues nos dirigimos a un conjunto de población muy amplio”, añade, recalcando que su solicitud es institucional, pues se ha aprobado en el pleno del municipio, y no partidista. “El PP se ha dedicado más a especular con el suelo que a satisfacer las necesidades de nuestros municipios de emancipación, vivienda y empleo de calidad”.

Así será el procedimiento. Primero, Alcorcón tendrá que esperar a que la Comunidad rechace su petición, para lo que tiene un plazo de tres meses. Luego, podrá activar la iniciativa legislativa, para lo que necesita como mínimo el apoyo de otros dos municipios. En su búsqueda, la alcaldesa contactará con regidores socialistas, pero también conservadores, como los de Móstoles o Leganés. “Es un problema de toda la Comunidad de Madrid”, dice Testa. Y doble para los alcaldes del PP: o respaldar la posición del Gobierno de Ayuso o intentar bajar los precios de la mano del PSOE.

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