“Nos oponemos al tope a los alquileres en el sector privado”

Como consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez (Madrid, 1972) afronta alguno de los retos más complicados del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se ha comprometido a construir 15.000 viviendas públicas durante la legislatura para intentar rebajar los prohibitivos alquileres que hay en la región. Tiene la misión de combatir la despoblación de la sierra. Y le toca digerir la venta de 2.935 viviendas públicas a un fondo de inversión, decidida en 2013 por Ignacio González, y declarada nula en diciembre por el Tribunal Supremo.

Pregunta. El Gobierno ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia porque argumenta que vender vivienda pública a un fondo privado es legal. ¿También es moral?

Respuesta. No me corresponde a mi enjuiciar eso desde un punto de vista moral. Yo tengo que tomar decisiones desde el punto de vista de la gestión, y ya las hemos tomado: este Gobierno no va a recurrir a esa fórmula.

P. ¿No hay una contradicción entre comprometerse a no volver a vender viviendas públicas a fondos y recurrir la sentencia que declara nula esa venta?

R. En absoluto. Es lo que la Abogacía general nos ha indicado que procedía hacer. Eso no significa que avalemos la venta, ni que estemos de acuerdo con ella. Es jurídicamente lo que le corresponde hacer a la Comunidad.

P. ¿Lo que le corresponde, o lo que se le recomienda? ¿No puede usarse el criterio político para no seguir esa recomendación?

R. Hay algunos afectados que también esperan que la Comunidad les ampare, como las personas que ya compraron sus viviendas a los fondos, más de 1.000. Ahora tienen incertidumbre, porque la sentencia es de difícil ejecución. Si renunciáramos a recurrir, estaríamos desamparando a esas personas. No es tan fácil. No se pueden tomar las decisiones por miedo a la acusación política de que si recurres es que estás de acuerdo con lo que se hizo.

P. ¿Y qué pasa con los residentes que vivían ahí porque la Comunidad consideró que tenían necesidad de ese techo y ahora denuncian que les han desahuciado, les han dificultado la permanencia, o le han subido el alquiler?

R. No puedo resolver lo que ya no está en mi mano. Hacia esas personas solo puedo sentir comprensión.

P. "Vender vivienda pública a fondos de inversión fue un error, estuvo mal", dijo Ángel Garrido cuando presidía la Comunidad con el PP. Si volviera a 2013, ¿usted vendería esas viviendas? ¿O no?

R. Yo no tengo que mirar atrás, sino adelante.

P. Cristina Cifuentes, Garrido, Pedro Rollán, Isabel Díaz Ayuso... desde Ignacio González, que fue quien vendió las viviendas, todos los presidentes se han comprometido a no hacer lo mismo. ¿Por qué adoptan un compromiso verbal en lugar de prohibir esas operaciones por ley?

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R. De nuestro compromiso queda constancia en sede parlamentaria, de una forma clara y nítida. Es suficiente. No tendría inconveniente en que se recogiera de otra forma, pero me parece innecesario.

P. ¿Qué emoción le provoca saber que hay 4.000 solicitantes de la ayuda para el alquiler que cumplían los requisitos y no la han recibido por falta de fondos?

R. Prefiero fijarme en los 4000 que sí han recibido su ayuda. ¿Que hay otras personas que no han podido beneficiarse? Como pasa en todas las convocatorias públicas. Los fondos no son ilimitados. Los Presupuestos muchas veces no dan más de sí. Pienso en esas personas que se han quedado fuera de esta convocatoria... y me alegro por los 4000 que le han recibido, y pienso en los otros 4000 para ver cómo el año que viene pueden recibirlo. Es lo que me corresponde hacer como gestor. A veces hay que dejar esas emociones un poco al lado, planificar y trabajar desde la gestión para dar soluciones.

P. ¿Un gestor debe trabajar con una coraza?

R. Soy incapaz de separar mis sentimientos de mis responsabilidades. Puedo ponerme en la piel de los ciudadanos porque he pasado lo mismo que ellos.

P. ¿Ha vivido alguna vez de alquiler?

R. Sí. Durante algunos años viví en el centro, donde pagaba una cantidad excesiva para un estudio demasiado pequeño. Actualmente vivo en alquiler, pese a tener vivienda en propiedad. Tengo dos hipotecas (tras la entrevista, aclara que son tres).

P. Dice que ha sufrido los altos alquileres que hay en Madrid. Entonces, ¿por qué es contrario a que se limite su alza en zonas concretas, como quiere permitir el Gobierno central?

R. Por muchas razones. Nos oponemos al tope a los alquileres en el sector privado, aunque nosotros sí lo vamos a establecer (en las 15.000 viviendas que construirá la Comunidad), porque entendemos que esa es la política que tiene que tener la Administración para sus promociones. No estamos de acuerdo en la injerencia en el sector privado que implica la medida. Si ha fracasado en París o en Berlín, ¿qué más necesitamos saber para rechazarla? No se debe anteponer la ideología a los resultados que los ciudadanos esperan de ti. En materia de vivienda estamos viviendo una explosión de propuestas experimentales. En Madrid no las vamos a aplicar.

P. ¿Y entonces cómo se evita que los jóvenes estén condenados a no emanciparse, o que tengan que abandonar el centro de las ciudades, para que les sustituyan los pisos turísticos?

R. Nuestra propuesta es que haya más oferta. ¿Cómo? Desbloqueando desarrollos urbanísticos. Pero no solo eso. Hay que trabajar desde la flexibilización del urbanismo. Habrá que retomar la reforma de la Ley del Suelo. Al final, en la conformación del precio de una vivienda, junto al 25% que pueden ser impuestos, que habría que revisar, porque habría que rebajar la carga fiscal que sufre la vivienda, está el 32% correspondiente al precio del suelo. No tiene sentido que el suelo, no siendo un bien escaso, encarezca tanto la vivienda. Y lo hacemos caro nosotros con legislaciones tan largas en el tiempo.

P. Existiendo ese problema, que afecta a todos, ¿por qué han decidido privilegiar el acceso de la Guardia Civil y la Policía Nacional a la vivienda pública?

R. Un matiz, no considero que sea privilegiar.

P. La Comunidad reservará para los agentes un cupo de viviendas —aún por determinar— de las 25.000 casas que contempla construir con el Plan VIVE en las dos próximas legislaturas; diseñará un baremo propio que les beneficiará a la hora de acceder a las ayudas al alquiler; dará "prioridad" a sus hijos en la obtención de becas comedor; creará ayudas sociales específicas para que atiendan a sus dependientes o mayores a cargo; y les ofrecerá tarifas especiales en el transporte público. ¿No es eso privilegiar?

R. A mi no me gusta esa palabra, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad están mal pagados y deberían tener unos salarios mayores.

P. Seguramente podría decir lo mismo de los médicos de la sanidad pública, y a ellos no les va a facilitar el acceso a la vivienda.

P. Seguramente, pero en este momento hablamos de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se ha detectado que en la Comunidad hay muchas vacantes, porque muchas veces se enfrentan a que la vida en Madrid es muy cara, los salarios no son tan altos y a veces tiene dificultades para elegir Madrid para quedarse La Comunidad ha visto ahí la oportunidad de incentivar que puedan establecerse aquí.

P. ¿Esos problemas con el coste de vida no es similar a la de médicos, profesores y otras profesiones? ¿Por qué a estos sí y a otros no?

R. La respuesta no implica desmerecer a esos otros colectivos, pero detectamos una carencia de agentes. Y dijimos: ¿puede la Comunidad hacer algo para resolver la situación? Se vio esta posible fórmula. Cualquier ayuda que se les dé, lejos de ser un privilegio, es la devolución justa de lo que hacen por los ciudadanos, que es garantizar su libertad y seguridad.

P. Han prometido construir 15.000 viviendas públicas en alquiler durante la legislatura. ¿En cuántas habrá viviendo alguien cuando acabe?

R. Confío en que la práctica totalidad de esas 15.000, ojalá que sean todas, pero es un proceso muy complejo, una tramitación nada sencilla. Desde que he llegado, no hemos perdido ni un día. Vamos justos.

P. Apuesta por las viviendas en alquiler ¿Fue un error construir promociones públicas con opción de compra?

R. Son distintas modalidades. A mi me parecen todas buenas. En la del plan vive, la Comunidad nunca pierde la titularidad de esas parcelas. Nuestro objetivo es que quien sea adjudicatario de esos lotes, porque se va a hacer por lotes, tiene que comprometerse a mantener un precio que esté a la mitad del precio de mercado. No buscamos el negocio de las constructoras, si no el beneficio de los madrileños que puedan acceder a las viviendas. Falta vivienda. Y falta vivienda en alquiler, entre otras razones porque durante cuatro años en la capital se ha paralizado el urbanismo por razones ideológicas. Algunos gobernantes se ofuscan en cuestiones ideológicas perdiendo de vista el resultado práctico de las políticas. El Gobierno de Carmena, apoyado por el PSOE, privó a los madrileños de acceder a la vivienda y contribuyó a que se encareciera.

P. Carmena dejó el proyecto de Madrid Nuevo Norte listo para su aprobación, y hoy sigue sin aprobarse porque la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, no le da su visto bueno. ¿qué pasa?

R. Hay que mirar ese proyecto desde una perspectiva histórica. Lleva 30 años coleando. Lo que no se puede pedir es que llegue un Gobierno como el nuestro y en tres meses lo apruebe.

P. ¿Cuál es el problema?

R. No hay ningún problema. Cuando llega ese proyecto, en agosto, se piden una serie de informes, de carácter técnico y jurídico. Lo que se quiere es que cuando se apruebe vaya perfectamente ahormado jurídicamente, porque ya se sabe que se va a tener que enfrentar a recursos y demandas de todo tipo.

P. ¿Temen demandas de partidos de la oposición y privados afectados?

R. Un proyecto de ese calado tiene que estar técnica y jurídicamente perfectamente blindado. Lo recibimos en agosto, y ya en septiembre nos estaban presionando para aprobarlo desde algunas instancias. No se puede pedía a un Gobierno que en tres meses apruebe lo que otros no han conseguido aprobar en treinta años.

P. ¿Juegan con el miedo de la gente diciendo que hay un grave problema con la ocupación, cuando afecta a 4.000 viviendas de un parque de más de tres millones?

R. Si pensamos que un parque de 23.000 afecta a más de 2.000, como en el de la Agencia de vivienda social (antiguo IVIMA), el problema es serio. Son recursos públicos que no se pueden usar porque alguien los ha ocupado ilegalmente. No soy partidario de introducir la ideología en estos temas, pero en el pasado sí se ha introducido por el otro lado. Durante demasiado tiempo se ha sido muy condescendiente con la ocupación. No se puede simpatizar con una actividad ilegal.