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Los ayuntamientos podrán exigir pagos a las familias para asistir a las nuevas extraescolares impulsadas por Ayuso

La Comunidad de Madrid anuncia 12 millones para el programa, una inversión de 38 euros por alumno, por lo que los municipios tendrán la opción de reclamar cuotas

Juan José Mateo
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el exconsejero de Educación y presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, en un desayuno informativo
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, durante un desayuno informativo este miércoles.Borja Sanchez-Trillo (EFE)

Los ayuntamientos madrileños que se apunten al nuevo programa de clases fuera del horario escolar y del periodo lectivo que acaba de lanzar la Comunidad de Madrid podrán reclamar a las familias que paguen una cuota para inscribir a sus hijos, como viene siendo habitual en las actividades que ya organizan los municipios con precios normalmente mucho más bajos que en los centros privados. Así se recoge en la disposición reguladora del plan que se ha publicado este miércoles en el Boletín oficial de la región (BOCM), y que contextualiza el impacto de los 12 millones de euros con los que financiará el proyecto el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso: como el planteamiento está destinado a 310.000 alumnos de 800 centros púbicos de Infantil, Primaria y Secundaria, la inversión prevista por asistente sería de 38 euros. Con ese dinero, habría que cubrir un programa de extraescolares para todo el curso y de actividades fuera del periodo lectivo (Navidad, Semana Santa, puentes, y desde el 1 de septiembre al inicio de las clases). Si no es suficiente, los Ayuntamientos podrán exigir a los beneficiados que paguen.

“En el caso de que el coste del desarrollo de las actividades objeto del proyecto presentado y autorizado sea superior a la cuantía de la ayuda concedida, la entidad local asumirá dicho coste”, reza el documento publicado por el Gobierno en el BOCM. “Las entidades locales podrán determinar cuotas que hayan de ser aportadas por las familias de los alumnos”, añade.

Esa disposición aclara las dudas que había generado la iniciativa en partidos de la oposición como el PSOE. “Con 38,7 euros, ¿van a financiar ‘actividades de apoyo, estudio dirigido y actividades de refuerzo, idiomas, deportes o iniciativas artísticas durante todos los días lectivos?”, se preguntó al conocer el contenido del programa Esteban Álvarez, diputado socialista en la Asamblea de Madrid. ¿Y “actividades deportivas y relacionadas con la formación en primeros auxilios o en nutrición y hábitos saludables, entre otras” para los días no lectivos?”, siguió. “Es algo manifiestamente insuficiente”, concluyó Álvarez.

De esta manera, el programa previsiblemente cofinanciará en la mayoría de centros actividades extraescolares de apoyo, estudio dirigido y actividades de refuerzo; idiomas; deportes; o actividades artísticas. Y lo mismo ocurrirá fuera del periodo lectivo para las actividades centradas alrededor del deporte, o del aprendizaje de idiomas, música, hábitos saludables, primeros auxilios, actuaciones en situaciones de emergencia, o nutrición.

La asistencia de estudiantes de centros privados quedará “al albur” de las decisiones de los ayuntamientos, según explicó la pasada semana el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García, puesto que la normativa regional no les pondrá límite alguno, aunque sí priorizará a los estudiantes de la pública.

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La iniciativa de financiar las extraescolares con dinero público cumple con una promesa electoral de Ayuso. La presidenta avanzó en marzo de 2023, justo antes de los comicios de mayo, que en 2024 habría centros públicos que abrieran fuera del periodo lectivo para que los progenitores pudieran dejar a sus hijos y seguir trabajando. Aquel anuncio, sin embargo, quedó restringido a alumnos de Infantil y Primaria. Ahora se añade Secundaria, y se extiende, si hay plazas, a estudiantes de centros privados. Quedarían fuera los alumnos de Bachillerato.

Entonces, como ahora, quedó en el aire qué profesionales se ocuparán de atender a los alumnos fuera del horario lectivo, con qué titulación y cuáles serán sus condiciones laborales. De hecho, la disposición conocida este miércoles apenas detalla que será posible que esta labor la desempeñen voluntarios y que deberán presentar una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Precedente del PSOE

La iniciativa del Gobierno del PP sigue la estela de otra planteada por el PSOE, que también ha detectado que los problemas de las familias para conciliar el trabajo de los progenitores con la educación de los hijos es un polo de atracción de votos. Así, Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, ya propuso en septiembre de 2022 abrir los colegios de siete de la mañana a siete de la tarde, y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio, de lunes a viernes, como medida de conciliación, como adelantó EL PAÍS.

“Se fomenta la conciliación de la vida familiar y laboral de una forma flexible porque es un servicio que puede ser usado en función de las horas que se necesiten”, explicó entonces el PSOE de Madrid. “Se lucha contra la pobreza infantil porque se garantizan dos comidas saludables a los menores”, añadió. “Y, al fomentar la conciliación, se evitan reducciones de jornada o excedencias indeseadas que reducen los ingresos familiares”, siguió. Y puntualizó: “Los menores que asisten a centros concertados podrán hacer uso del servicio de conciliación en su centro público más cercano”.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.
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