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El Gobierno ultima sus medidas para regular el alquiler temporal y los pisos turísticos

Vivienda presenta su propuesta este miércoles, tras la última reunión con el grupo de expertos, en la que aparecerán la necesidad de justificar la causa en el contrato y el registro de pisos para arrendamientos de corto plazo

Barcelona
Protesta en un edificio de Barcelona contra la conversión de sus pisos para el alquiler de temporada, el pasado abril.Carles Ribas
José Luis Aranda

El Ministerio de Vivienda reúne este miércoles al grupo de trabajo que ha estudiado la regulación de los alquileres de temporada y les presentará su propuesta, que también incluirá medidas sobre los pisos turísticos, aunque se trata de dos casuísticas diferentes. Tal y como ha manifestado el Gobierno que era su intención, para los arrendamientos temporales se incluirá un refuerzo de la causalidad que motiva que ese contrato no es de vivienda habitual. Esta es una cuestión sobre la que ha existido un amplio consenso entre los expertos reclutados por el ministerio. De hecho, entre las propuestas que hicieron llegar los participantes, figuraba la de incluir en los contratos de temporada un anexo en el que se especifique el motivo por el que ese alquiler tiene un plazo concreto y la documentación que así lo acredita. Por ejemplo, si se trata de un trabajador desplazado durante unos meses, había que especificar que mantiene otro domicilio habitual y el contrato de trabajo u otro documento justificativo.

Lo anterior es solo un ejemplo, no quiere decir que esa sea la fórmula finalmente escogida por el ministerio, que mantiene los detalles de su propuesta en secreto. Entre otros motivos porque, según distintas fuentes consultadas, todavía no los ha presentado al grupo de trabajo, que es lo que se espera que haga este miércoles en su tercera reunión con los expertos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha convocado a los medios al término del encuentro para hacer público su planteamiento. Este incluirá, tal y como adelantó la Cadena SER y ha podido confirmar EL PAÍS, tanto la necesidad de justificar mejor los contratos de temporada como algunas medidas que entran en el ámbito de los pisos turísticos.

En una entrevista en la SER, el presidente, Pedro Sánchez, se refirió este lunes al registro de viviendas vacacionales al hablar de las propuestas del Gobierno. En realidad es una idea ya conocida, que se anunció tras la conferencia sectorial con las comunidades autónomas que Vivienda convocó el pasado mayo. El asunto se ha tratado en el grupo interministerial sobre apartamentos turísticos, distinto del de los alquileres de temporada, pero fuentes del Ejecutivo recuerdan que todo parte de una normativa europea. Esta, explican, habla de identificar “todo lo que sea [alquiler] de corta duración” y por eso las casas pensadas para alquilarse por temporadas, aunque no sean puramente viviendas vacacionales, deberían estar incluidas. Las mismas fuentes especifican que, más allá de las propuestas sobre arrendamiento temporal, la ministra “dirá algo sobre pisos turísticos”. Lo mismo sucederá con el alquiler de habitaciones, otro de los asuntos que quiere regular el ministerio.

El Gobierno cree que todas estas modalidades al margen de lo que es la vivienda habitual están agravando la crisis accesibilidad y precios de las casas, que es particularmente aguda en el mercado del alquiler. Pese a ello, las normas y las medidas para ambas modalidades de arrendamiento tendrán que ir necesariamente por separado. Los alquileres de casas por temporadas están recogidos como posibilidad en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) mientras que esta excluye específicamente los que tienen finalidad turística porque forman parte de otra necesidad distinta de la residencial y en la que casi todas las competencias son autonómicas y municipales.

No está claro, sin embargo, que la fórmula del Gobierno sea reformar la LAU. Este es uno de los asuntos que se han discutido con los expertos. La otra posibilidad que maneja el Ejecutivo sería hacerlo mediante un reglamento. De hecho, a la vista del panorama parlamentario, esta segunda opción parece más probable, según varias personas al tanto del contenido de las reuniones del grupo de trabajo. Algunas de estas fuentes consultadas lamentan, en cualquier caso, que la propuesta del Gobierno no necesariamente será consensuada ni negociada con los expertos.

Una parte del grupo, de hecho, ya hizo un fuerte movimiento de desmarque la semana pasada. Los sindicatos de inquilinos llevaron al Congreso una proposición de ley, avalada por casi todos los grupos a la izquierda del PSOE, para modificar la LAU y restringir los alquileres de temporada. Proponían limitarlos a un máximo de seis meses y que se les aplicaran las mismas reglas que a la vivienda habitual (como los controles de precios que prevé la ley de vivienda en algunas zonas, por ejemplo).

Pero esa iniciativa, con pocos visos de prosperar en el Congreso, se ha visto confrontada en las reuniones de expertos por un amplio frente. El ministerio convocó en diciembre el grupo, algo a lo que obligaba la ley estatal de vivienda aprobada el año pasado, y este ha contado con representantes del sector inmobiliario, de los administradores de fincas, de las cámaras de la propiedad urbana o de la patronal, entre otros. De estos sectores han surgido visiones menos beligerantes con el alquiler de temporada. Este, insiste una persona próxima a estas organizaciones, es “necesario” en muchos casos por desplazamientos laborales, estudios y otros motivos. Por ello han pedido, también, que no se fije un periodo máximo a partir del cual un alquiler de temporada pasa a ser de vivienda habitual, ya que temen que eso desmotive a muchos arrendadores.

Este miércoles, el ministerio presentará una propuesta que deberá hacer equilibrios entre ambos puntos de vista. E incluirá en el anuncio el registro de pisos para alquileres de corta estancia y alguna otra cosa sobre viviendas vacacionales. Al respecto, Vivienda ha apuntado en varias ocasiones al escaso margen competencial que tiene, lo que deja pocas opciones al Gobierno para actuar, más allá de medidas de carácter tributario o de tocar la Ley sobre propiedad horizontal. Esta ya permite que, con mayoría de tres quintas partes, una comunidad de vecinos pueda vetar nuevos apartamentos turísticos en el edificio. Pero el Ejecutivo busca fórmulas que refuercen la capacidad de los vecindarios para vetar alquileres turísticos, una actividad económica que nada tiene que ver con el alquiler de temporada, aunque ciertamente hay inmuebles que se destinan a satisfacer ambas necesidades.

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Sobre la firma

José Luis Aranda
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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