Illa cierra la compra de 452 viviendas sociales a InmoCaixa que anunció el anterior Govern

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles que el Govern comprará, mediante el Incasòl, 452 viviendas sociales a Inmocaixa “para garantizar su finalidad social y que las familias que más lo necesitan los puedan disfrutar”. Inmocaixa es la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, el holding industrial de la Fundación Bancària La Caixa. Fuentes del Govern explican que esta adquisición se aprobó la semana pasada, y que para ella se destinarán 30,5 millones de euros, con lo que el precio de compra por piso, de media, será de algo más de 67.000 euros. No obstante, esta operación del Incasòl ya estaba prometida, aunque no se había cerrado, puesto que el grueso de la compra la anunció el anterior Govern el pasado 1 de agosto, pocos días antes de que Illa fuera investido president. Entonces, el Govern de Pere Aragonès prometió que compraría 433 viviendas en nueve promociones que coinciden con las que ahora ha anunciado Illa. El Sindicato de Inquilinas, en un comunicado, ha criticado que se haya anunciado de nuevo la misma medida justo después de que el sábado llenaran las calles con una gran manifestación para pedir más vivienda de alquiler asequible.

El presidente de la Generalitat lo ha anunciado en un discurso en la clausura del congreso confederal de UGT, donde ha situado la vivienda como uno de los principales problemas que sufren los trabajadores y la ciudadanía en general en Cataluña. “¿Qué progreso hay cuando el trabajador se tiene que dejar el sueldo en vivienda?”, se ha preguntado. Ante el mundo sindical, y pocos días después de la masiva manifestación del sábado, el president ha reivindicado las medidas que su Govern ha ido prometiendo desde que Illa fue investido.

La más importante es el compromiso de construir 50.000 pisos públicos hasta 2030, con una inversión de 4.400 millones de euros, pero en la lista también están las ayudas directas a familias, con 500 millones de euros destinados a ayudas al alquiler para familias vulnerables, y a los jóvenes, con un fondo de 100 millones de euros. En Cataluña, además, desde la pasada legislatura también se aplica la contención de rendas prevista en la ley de vivienda (es la única comunidad donde los alquileres tienen un tope regulado) y la regulación de los pisos turísticos con la extinción de licencias.

Este paquete de pisos que se comprarán a Inmocaixa corresponde a nueve promociones situadas en los siguientes municipios: El Vendrell, Girona, Lleida, Salou, Terrassa, Vic, Vila-Seca, Reus y Sant Feliu de Llobregat. La mayoría de las viviendas, según fuentes del Govern, están libres, así que estarán disponibles inmediatamente para entrar a vivir. Estas fueron ya las condiciones con las que se anunció en agosto, por parte del anterior Govern, la compra de pisos a la filial inmobiliaria de Criteria, aunque en aquel caso el anuncio aludía a 433 viviendas sociales, además de otros 467 aparcamientos, 203 trasteros, seis locales y dos oficinas.

Una de las acciones que tuvieron lugar en la manifestación del pasado sábado fue precisamente denunciar a Inmocaixa, puesto que, según detalla en el comunicado, el Sindicato de Inquilinas quiso poner sobre la mesa el hecho de que “las promociones de vivienda protegida ejecutadas por la Obra Social de La Caixa entre 2022 y 2012, financiadas con subvenciones públicas, están siendo descualificadas y vendidas” por la filial inmobiliaria de La Caixa. “Este proceso supuso la expulsión de cientos de familias y la pérdida irreparable del parque de vivienda protegida en un contexto de emergencia habitacional”, señala la nota. El sindicato ya impulsó una demanda colectiva contra la inmobiliaria, y pide al Govern que compre las 38 promociones que conforman el parque de vivienda social de Inmocaixa.