La amnistía empuja a los partidos independentistas a redefinir sus liderazgos

Los partidos independentistas se juegan mucho en la amnistía para los encausados por el procés que piden a cambio de su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez. El encarcelamiento tras el juicio en el Tribunal Supremo inhabilitó prácticamente a una generación de líderes, y que el mismo camino amenace a otras decenas de cargos medios a la espera de juicio ha minado el proceso de promoción interna y ha dejado fuera de juego a cartas prometedoras para ocupar puestos importantes, tanto en la Administración como dentro de los partidos. La posibilidad ahora de rehabilitarlos, a menos de un año de las elecciones europeas y con los comicios catalanes de 2025 en el horizonte, empuja al debate sobre los liderazgos y la redefinición en el interior de las formaciones.

La exvicepresidenta del Gobierno popular Soraya Sáenz de Santamaría se jactó en varias ocasiones de haber logrado “descabezar” al independentismo tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017. Sin embargo, el PDeCAT (posteriormente Junts) y ERC mostraron gran resiliencia como organizaciones. Pese, efectivamente, a enfrentarse a la pérdida de sus líderes, hasta las dos últimas elecciones fueron capaces de mantener la hegemonía en Cataluña. Otra cosa es que, además del golpe emocional, hayan tenido que tirar de cuadros aún necesitados de rodaje para poder hacer frente a la contingencia y a los efectos de cierta pérdida de peso atómico interno.

Si bien todos los focos se los lleva el futuro político del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y del fundador de Junts, Carles Puigdemont, lo cierto es que las consecuencias de una ley que ponga el contador a cero la responsabilidad penal es mucho más amplia para sus partidos y el independentismo como bloque. Las elecciones europeas del próximo año serán una primera cita para que, si efectivamente hay amnistía, no solo Puigdemont o Toni Comín tengan que mojarse sobre si aspiran a repetir como eurodiputados. No es únicamente un tema de cabeza de cartel, seguramente habrá que redefinir una acción política en Bruselas que han centrado hasta ahora en denunciar la supuesta persecución del Estado a sus ideas políticas y en mantener el pulso judicial en diferentes tribunales.

Clara Ponsatí, ahora acusada solo de desobediencia y sin problemas para aspirar a cualquier elección, no da señales de querer repetir bajo el manto de Junts, pero sí de querer jugar un papel en la reorganización del bloque secesionista, dando cara a la sensibilidad más esencialista que no comparte negociar la investidura. El cisma en Waterloo es evidente. Haya pacto con el PSOE o no (es decir, haya amnistía o no), una de las grandes consecuencias del nuevo panorama de la política estatal será si cuaja un cuarto espacio independentista alternativo a ERC, CUP y Junts.

En las filas republicanas también habrá movimientos respecto a Europa y, de hecho, las piezas parecen ya alinearse. Diana Riba, pareja del exconsejero Raül Romeva, fue la apuesta de ERC en la Eurocámara tras el bloqueo a Junqueras. El día 13, el grupo de Verdes-Alianza Libre Europea (ALE) anunció precisamente que Romeva, ahora vicesecretario general de prospectiva de los republicanos, encabezará de manera simbólica la lista para esos comicios junto a Maylis Rosberg, de la minoría danesa de Alemania. Sin la inhabilitación que le impuso el Supremo, tendría vía libre para ello.

Las últimas elecciones europeas ofrecieron el gran duelo entre Puigdemont y Junqueras (la participación, que rozó el 61%, es el récord histórico). El independentismo llega ahora a esa cita con mucho que demostrar. Por un lado, con amnistía o sin ella, seguramente el electorado secesionista valorará la gestión que cada partido haya hecho de las negociaciones. Por otro, más allá de la lucha entre Junts y ERC, tienen pendiente reactivar a unas bases que en los dos últimos comicios se han quedado en casa o han optado por votar más en clave estatal en las generales. El 23-J, el independentismo se dejó casi 700.000 apoyos con respecto a la cita de 2019.

Forn y Romeva

El exconsejero Josep Rull ya no está inhabilitado y, como Quim Forn, podría presentarse a cualquier elección. El extitular de la Consejería de Territorio ha sido más parco en negar una vuelta a la primera línea (Forn se ha mostrado más rotundo) y no pocos lo sitúan como un candidato de consenso a la Generalitat si hubiera un adelanto de las elecciones catalanas. Junts, por ahora sin candidato visible, necesitará poner una carta potente para intentar no solo cerrarle el paso al PSC, sino también batir a ERC en el duelo por la hegemonía independentista. El actual secretario general del partido de Puigdemont, Jordi Turull, también tendría que esperar hasta 2030 si no hay amnistía.

En las filas de sus respectivos partidos defienden que Forn y Romeva (que fue cabeza de lista de la coalición de Junts pel Sí, en 2016, donde CDC y ERC fueron juntos) tienen perfiles que aún podrían explorarse en diferentes contiendas electorales, pero, como siempre, está el factor humano y que ellos se decidan a dar el paso. En ERC, por ejemplo, la mezcla entre la decisión personal y el cálculo de partido podría enfrentar directamente a Junqueras con un Pere Aragonès que quiere buscar la reelección.

El giro copernicano de Xavier Trias para aceptar finalmente ser candidato de Junts en Barcelona, tras negarlo por activa y por pasiva, muestra que, según en qué encrucijadas, todo es posible. De ahí que la mirada tampoco nunca haya dejado de estar puesta en el expresident Artur Mas, al que la amnistía beneficiaría moralmente y que ya cumplió su pena de dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia en la organización del 9-N.

Personajes que han estado en la trastienda de la gestión de la Generalitat del último decenio, como Gerard Esteve (Junts), Antoni Molons (Junts) y Francesc Sutrias (ERC) también verían despejado el panorama con una amnistía. En el caso de un peso pesado como el actual presidente del Puerto de Barcelona, el republicano Lluís Salvadó, vería a salvo un cargo que no solo es uno de los mejores remunerados de la Administración (115.000 euros al año), sino también clave en la hoja de ruta de ERC para intentar consolidarse como alternativa de poder a la pinza que históricamente han ocupado socialistas y el espacio tradicional de la extinta Convergència.

Con todo, los cálculos personales y de partido quedan congelados por otro debate de enjundia y de incierto calendario. Aunque haya amnistía, está abierta la discusión sobre si una cuestión de constitucionalidad acerca del articulado que voten PSOE, Sumar, los independentistas y el resto de los partidos que apoyen la investidura pararía de tajo sus efectos. La clave está en si los afectados podrían ejercer o no con plenitud todos aquellos derechos que la ley impugnada eventualmente les restituya (algunos fundamentales, como el de la participación política), a la espera de un fallo que puede tomar años en llegar.

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