Los ayuntamientos catalanes preparan un aumento generalizado de impuestos para cuadrar sus cuentas
El descenso de ingresos por la anulación del impuesto de plusvalía, sumado al aumento de gasto por la inflación y los salarios acerca al déficit muchas arcas municipales
“Si se reducen los ingresos y aumentan los gastos, estamos ahogados”. Así resume la situación de los ayuntamientos Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell y presidenta del Arco Metropolitano (que agrupa a una decena de ciudades de la segunda corona barcelonesa). Al problema crónico de financiación, los ayuntamientos sufren ahora una reducción de ingresos por la anulación del impuesto de plusvalía y un aumento del gasto por la inflación y la mejora de los salarios. El resultado: las cuentas no cuadran. Así que la mayoría han optado, tras años con pocas variaciones, por una subida generalizada de impuestos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). “Lamentablemente, la subida de tasas es la única manera de garantizar más ingresos. No es una decisión fácil, si se hace es porque no hay más solución”, admite Meritxell Budó, presidenta de la Asociación Catalana de Municipios.
Las finanzas municipales recibieron un duro golpe en 2021, cuando el Tribunal Constitucional anuló el impuesto de plusvalía (se paga al vender una vivienda) y obligó a cambiar el método de cálculo. La sentencia hizo caer en picado los ingresos de los ayuntamientos (suponían 2.500 millones en toda España); en el caso de la decena de municipios del Arco Metropolitano, 26,4 millones menos, la mitad de lo que entraba hasta el momento. Ello coincidió con un aumento desorbitado de los precios de la energía (desde la factura de la luz a la del combustible de la red de autobuses urbanos), además de la actualización de los salarios de los trabajadores públicos. Las entidades municipalistas no disponen de datos del impacto. El Arco Metropolitano, con menos miembros, pero que suman casi un millón de habitantes, sí ha hecho los cálculos: “en total hay 80 millones, un 7,6% de nuestros presupuestos, que se han perdido y no se han compensado”, detalla Farrés.
Los ayuntamientos aseguran que estos últimos ejercicios han capeado la situación tirando de remanente, hasta que se ha acabado. Además, necesitan fondos ahora que están en el inicio de mandato para poner en marcha los nuevos proyectos. Así que, de cara al próximo año, gran parte de los municipios han optado por un aumento generalizado de tasas, impuestos y precios públicos, que estos días van saliendo a la luz con la aprobación de las ordenanzas municipales de 2024 (excepto Barcelona, donde la oposición las ha tumbado).
Las cifras facilitadas por los grandes municipios catalanes hablan por sí solas. Las subidas se concentran en el IBI, la principal tasa de los ayuntamientos: en Sabadell subirá un 15%, lo que se traducirá de cerca de 60 euros anuales más. La ciudad vecina, Terrassa, ya vivió un final de 2022 complicado y en septiembre tuvo que cerrar la caja por falta de presupuesto. Ese año los ingresos por la plusvalía pasaron de 13 a 8 millones. La situación actual sigue siendo delicada. “El momento no es crítico, pero sí tenemos que tomar medidas si queremos equilibrar las cuentas y tirar adelante nuevos proyectos”, indica la tenienta de alcalde de Servicios Generales, Maise Balcells. Terrassa subirá de forma generalizada un 3,5% todos los impuestos y tasas, y eliminará algunas bonificaciones.
Sant Cugat del Vallès, uno de los municipios con un nivel de renda superior, también ha alertado de su mala situación económica: cerrará el año con un déficit de 25 millones, así que la Generalitat está tutelando las cuentas municipales y obligará al Ayuntamiento a hacer un plan de saneamiento, que incluye dejar de prestar algunos servicios (que todavía no ha concretado). A pesar de esta situación, el Consistorio ha decidido congelar todos los impuestos. En cambio, Tarragona, que también aseguró estar al filo de la quiebra con un agujero de 14 millones, sí que ha aprobado un aumento de la presión fiscal con una subida del 7,4% del IBI, un 12% la basura, un 20% las terrazas y un 33% las obras y construcciones.
En todas las grandes ciudades se repite, en mayor o menor grado, la situación: en Badalona, el incremento de todas las tasas y precios públicos oscilará entre el 2,5 y el 3%. En Santa Coloma de Gramenet, el IBI subirá un 5%, pero también lo hará un 7% la zona azul y un 4% las guarderías. En Reus, el incremento del IBI será superior y llegará al 12,5%, mientras que en Mataró será del 7%; en Girona, un 3,6%, y en L’Hospitalet, un 3%. Por el contrario, Lleida se sale de la tendencia y reducirá un 2% el IBI, pero aumenta otras como la grúa o la recogida de basura (6%) o la zona azul (hasta un 19%).
La subida de tasas también llegará a los municipios de costa, con un mercado de la vivienda muy activo. Así, Blanes aumentará un 7% el IBI y el impuesto de vehículos, y un 15% el resto de tasas. En Sitges, la subida del IBI será del 8%.
La Diputación de Barcelona (gobernada por concejales y alcaldes, que se nutre con fondos estatales) ha salido en ayuda de los municipios y el pasado jueves aprobó un fondo extraordinario de ayuda de 75 millones de euros: 50 se pagarán en diciembre para evitar que los ayuntamientos cierren con déficit y 25 para que empiecen el 2024 con liquidez.
Los municipios admiten que en los últimos años ha aumentado las partidas que reciben del Gobierno central, ya sea por el porcentaje que reciben por la recaudación de impuestos como el IVA o por los fondos europeos, pero aseguran que son ingresos variables y a los que no todos pueden acceder. Los ayuntamientos se sienten maltratados y se reivindican como la administración más cercana al ciudadano. “Prestamos muchos servicios que no son propios como las guarderías o las residencias. Y cuando viene una mala época de aumento de gasto, nos va apretando y apretando. Y ahora es un momento de tormenta perfecta, entre los problemas crónicos y los coyunturales”, asevera Eduard Rivas, presidente de la Federación de Municipios de Cataluña.
Equilibrar el coste de la recogida de basura
El aumento de tasas afectará especialmente al recibo de recogida y tratamiento de basuras. Y es que, según la normativa, este servicio no puede ser deficitario, como lo es actualmente, así que los municipios se ven obligados a actualizar al alza su importe para que cubra el coste real del servicio. Algunos ejemplos: en Reus aumentará un 14%; en Sabadell, un 17%; y en Mataró, un 20%. Otros municipios han optado por crear un nuevo impuesto: el de gestión y tratamiento de residuos, que se sumará al de recogida, ya existente. Badalona es uno donde se estrenará, con un importe de 108 euros anuales. En el Vallès Occidental, siete municipios, han delegado la competencia en el consejo comarcal y será este el que gestione el nuevo tributo, que hará doblar en algunos casos la factura de las familias en este ámbito.
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