Cataluña comunica a las escuelas que no apliquen el 25% de castellano a partir del lunes

“A partir de la semana que viene, ninguna aula aplicará el 25% de castellano”. Así de contundente se ha expresado el consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray, este jueves durante la presentación de las novedades del próximo curso escolar. La medida afectará a todos los colegios catalanes, incluidos los 27 que, según los datos del Govern, estaban aplicando ya el 25% de castellano, algunos desde hace años, en algunas aulas en cumplimiento de resoluciones judiciales sobre casos particulares. Educación ha enviado una carta a esos 27 centros, anunciándoles que deben dejar de acatar las sentencias; se ampara para ello en la nueva legislación catalana que establece que no se pueden implantar porcentajes en el uso de lenguas en la escuela, una legislación en la que el Tribunal Superior de Justicia ve indicios de inconstitucionalidad.

El consejero ha mostrado su satisfacción por el hecho de que, según él, haya funcionado la estrategia de la Generalitat, y ha admitido expresamente que los cambios legales puestos en marcha tenían una finalidad: eludir el cumplimiento de las sentencias. “El curso pasado estuvo marcado por las injerencias judiciales”, ha dicho. Por eso, ha añadido, el Govern decidió dar “una respuesta de país”: “Activamos cambios legislativos desde el Parlament y desde el Govern con el máximo consenso, social, político y pedagógico”.

La justicia catalana fijó por primera vez en 2014 este porcentaje mínimo del 25% para garantizar la condición de lengua vehicular del castellano, pero en ese momento las sentencias solo se aplicaban en la clase del alumno que lo había solicitado. Ante la negativa reiterada de la Generalitat de considerar al castellano como lengua vehicular en la enseñanza, a finales de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) extendió el 25% a todo el sistema educativo, una sentencia que el Supremo ratificó y que se convirtió en firme el pasado mes de enero. Educación debía empezar a aplicarla en mayo. El Gobierno catalán y los partidos partidarios del modelo de inmersión lingüística (en el que, sobre el papel, el catalán es la única lengua vehicular y el castellano solo se usa en la asignatura de Lengua Castellana) aprobaron entonces de urgencia un decreto ley (30 mayo) y una ley (8 junio), regulando el uso de las lenguas cooficiales en la escuela y rechazando expresamente el establecimiento de porcentajes. Educación se escudó en este cambio normativo exprés para justificar ante el tribunal que ya no se podía aplicar el 25% porque entraba en contradicción con las nuevas leyes, donde se reconoce el “uso curricular” del castellano pero no su condición “vehicular”.

La Generalitat considera que con este marco normativo ya no es necesario cumplir las sentencias. El TSJC ha llegado a la conclusión de que, efectivamente, en este momento la sentencia que obliga a extender el 25% a todo el sistema no se puede aplicar porque choca con esa nueva legislación, pero ha enviado el decreto y la ley al Tribunal Constitucional para que los estudie, porque cree que en las nuevas normativas hay “indicios de inconstitucionalidad” y “fraude de ley”.

Quedaba pendiente solventar el caso de las escuelas en que ya se aplica el 25% de castellano. Según los últimos datos del departamento de Educación, son 27 centros afectados por sentencias judiciales —que corresponden a 48 alumnos—, de los cuales 10 tienen medidas cautelares y 17 cuentan ya con sentencias. Desde hace unos meses, los abogados de la Generalitat han buscado la forma de alegar ante los tribunales que la nueva normativa también se debe aplicar a esos centros.

En agosto, Educación anunció que quedarían eximidos del 25% solo la decena de centros que tienen las cautelares. Pero, alentado por las últimas resoluciones del TSJC —que, a la espera de que se pronuncie el Constitucional, ha rechazado las demandas de los colectivos defensores del bilingüismo para el inicio de curso—, la Generalitat ha tomado la directa y ha enviado este jueves una carta a las direcciones de los 27 centros para que ignoren la orden judicial.

En la misiva, firmada por la secretaria general, Patrícia Gomà, Educación afirma que, de acuerdo con la nueva legislación, “todos los centros sostenidos con fondos públicos deben garantizar, a partir del inicio de este curso escolar, el cumplimiento de este nuevo marco normativo y, por tanto, resultan incompatibles con dicho marco normativo las medidas judiciales que se hayan determinado en la aplicación del 25% de enseñanza de lengua castellana”.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe, impulsora de las demandas del 25%, rechaza la decisión de la Generalitat porque considera que “las decisiones judiciales no pueden dejar de ser aplicadas de forma unilateral”, y anuncia que exigirán “responsabilidades judiciales” en los casos de alumnos que dejen de recibir una hora más de castellano.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal