La Generalitat aprueba el decreto que rechaza aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas

El Gobierno catalán se ha reunido este lunes de manera extraordinaria para aprobar el decreto ley con el que espera que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dé por cumplida la sentencia que ordena que al menos un 25% de las horas lectivas (una materia troncal o similar) se imparta en castellano en todos los centros educativos de Cataluña. El texto de la Generalitat, sin embargo, no hace referencia a esa sentencia ―cuyo plazo de aplicación vence mañana martes― y, en lugar de recoger la orden sobre el 25%, defiende lo contrario: la “inaplicación” de “parámetros numéricos” en el uso de lenguas en las escuelas. “El Govern garantizará que las sentencias no condicionen el modelo de escuela catalana”, ha dicho la portavoz del Ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja.

El decreto ley va en la misma dirección que la proposición de ley que actualmente está en trámite en el Parlament y a la espera de un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). Sin embargo, va más allá en el rechazo a los términos de la sentencia sobre el uso del castellano ―aunque no la cita―, estableciendo “la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas”. Además, establece que el catalán es la única lengua vehicular (de uso docente), a pesar de que la sentencia del TSJC (y varias sentencias anteriores del mismo tribunal, del Supremo y del Constitucional) ordena que el castellano también lo sea; en la proposición de ley de lenguas pactada con el PSC tampoco se reconoce al castellano la condición de vehicular, aunque sí se la califica como lengua “curricular”.

El decreto ley ha entrado en vigor este lunes; ahora se abre el plazo para su ratificación en el Parlament, un trámite para el que el Govern no va sobrado de aliados: En Comú Podem tiene la llave para dar luz verde, ante el rechazo del PSC ―que sí se sumó a la proposición de ley de lenguas― y la CUP. En todo caso, a menos de un mes para que acabe el curso, los plazos fijados en el decreto ley dejan ya para el próximo curso escolar los efectos de cualquier medida que se adopte.

Durante una visita a Tarragona, el ministro de Cultura y presidente del PSC Miquel Iceta ha criticado que el Govern no haya contactado con los socialistas. “Extraña que el Govern tuviera tanto interés en pactar la proposición de ley y que ese interés no se haya dado en relación con el decreto”, ha lamentado. Lluïsa Moret, viceprimera secretaria de Organización y Acción Electoral del PSC, ha señalado que “la propuesta de decreto es una improvisación del Govern para esquivar la sentencia del TSJC”, y que los socialistas no lo validarán en sede parlamentaria. Aunque por distintos motivos, la CUP también se muestra contraria: en una entrevista en SER Catalunya, el diputado Carles Riera ha augurado que el decreto “consagrará la segregación escolar por motivos de lengua”.

La Generalitat sostiene que es antipedagógico establecer cuotas para las lenguas cooficiales en la escuela. “El Govern garantizará que las sentencias no condicionen el modelo de escuela catalana. No es posible abstraerse de la diversidad social y cultural del país”, ha defendido la portavoz Patrícia Plaja. Su apuesta es que cada centro, de acuerdo a su realidad sociolingüística, decida la proporción del uso de las dos lenguas pero siempre garantizando que al final de la escolarización obligatoria se cumpla “el objetivo del dominio oral y escrito del catalán y el castellano”. Ello se comprobará con los indicadores que aporten las “evaluaciones internas y externas”. Actualmente, los alumnos catalanes ya se someten de forma periódica a unas pruebas de competencias básicas, que miden el conocimiento en el ámbito de las lenguas, pero también en el científico o el matemático.

Cada centro deberá enviar ahora el proyecto lingüístico al Departamento de Educación, que tiene 30 días para verificar que se ajusta al nuevo marco legal que ha establecido el decreto ley. De esta forma, se considera que la nueva normativa es la que fija el rumbo de los proyectos lingüísticos y del uso de las lenguas en la escuela, y no la sentencia del TSJC. Mañana martes, ha dicho Plaja, se enviará una instrucción a los centros para explicarles el procedimiento. “Educación asume la responsabilidad sobre la legalidad del proyecto que valida”, dice el decreto ley, intentando así tranquilizar a las direcciones ante una hipotética acusación de desobediencia a los tribunales. Si el Departamento hace correcciones, los centros tendrán que revisar sus proyectos “en el menor tiempo posible” durante los seis primeros meses del curso 2022-2023.

El pasado 9 de mayo, el TSJC dio a la Generalitat un plazo de 15 días para empezar a aplicar el 25% de castellano en todos los centros educativos. En esa resolución, el tribunal instaba a la Alta Inspección del Estado a velar por dicho cumplimiento. Como este cuerpo estatal no tiene competencias para entrar en las escuelas, ha enviado un correo al Departamento de Educación preguntándole qué medidas ha puesto en marcha. La Generalitat todavía no ha respondido, según el ministerio. “Cuando tengamos la respuesta, la reenviaremos al tribunal y este decidirá si lo considera suficiente o no. Por las competencias limitadas, no tenemos otra forma de verificación que esta”, apunta un portavoz del Ministerio de Educación.

El escenario que se dará este martes, cuando vence el plazo dado por el tribunal, es incierto. La vía contencioso-administrativa siempre es más lenta y menos punitiva que la penal. El TSJC podría pronunciarse ya sobre si la batería legal puesta en marcha por el Govern y el Parlament es suficiente o no; pedir más información; advertir al consejero de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, de mecanismos coercitivos que pueden acabar en multas diarias; y, finalmente, abrir la vía penal por desobediencia si cree que no se está ejecutando lo dictado. O podría incluso acabar dando instrucciones de manera directa a los centros para que apliquen el 25% de castellano.

La ministra: “No hay debate”

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha recordado este lunes que las sentencias firmes son “de obligado cumplimiento” y que sobre eso “no hay debate que valga”. En todo, caso, ha añadido, es el propio TJSC el que tiene que determinar si el decreto ley es una “respuesta acertada, oportuna o correcta” para dar cumplimento a la sentencia del 25%.

El portavoz de Vox en el Parlament, Juan Garriga, ha admitido que su formación pidió un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias de la proposición de ley sobre el catalán para entorpecer su aprobación. “Nosotros queremos poner trabas a esta tomadura de pelo, y lo llevamos al Consell de Garantías Estatutarias, que es un órgano consultivo, que no sirve de nada, pero que puede paralizar esta tropelía de los derechos de los catalanes a tener algo de español en el aula, que no es tan grave”, ha dicho Garriga en Ràdio 4.

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