La Generalitat agota el plazo para aplicar el 25% de castellano sin fijar su aplicación

Este martes se cumple el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la Generalitat para ejecutar, de manera forzosa, la sentencia que obliga a impartir un 25% del tiempo lectivo en castellano en la escuela. El Govern, sin embargo, ha llegado al día D sin dar instrucciones a los centros educativos sobre cómo aplicar la sentencia y con el plan de celebrar hoy un Consell Executiu que aprobará un decreto-ley que explícitamente rechazará que el uso de las lenguas se pueda someter a porcentajes.

El TSJC decidirá si se cumple su sentencia después de que la Alta Inspección del Ministerio de Educación le traslade las medidas activadas por el Ejecutivo catalán. El Tribunal Supremo ratificó en noviembre la sentencia de 2020 que imponía el 25% y, desde entonces, se sabía que llegaría el día en que los magistrados preguntarían por el cumplimiento. A primeros de mes, el TSJC dio al Govern 15 días para ejecutarla.

El Govern recurrió la decisión. El margen de maniobra judicial era muy estrecho, pero no sirvió para acelerar la respuesta legal que se espera que se complete en los próximos días. ERC, PSC, Junts y los comunes pactaron la semana pasada una ley de lenguas, pero la decisión de Vox, Ciudadanos y PP de solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias ha dilatado el calendario como máximo siete días. Ese texto logró recuperar el acuerdo que se malogró en marzo. En el articulado se reconoce al catalán como lengua vehicular y al castellano como “curricular”. La referencia sobre el papel del castellano es ambigua (el PSC dice que es vehicular también y el secesionismo lo niega) pero inédita. La futura ley no asume el 25% sino que define que cada centro, dentro de su autonomía, debe fijar las proporción según la situación sociocultural y el criterio pedagógico.

Tanto el Govern como los socialistas creen que, por elevación, la nueva ley permitiría desbordar el escenario al que se refiere la sentencia. Para ellos, el porcentaje es circunstancial y solo responde a la obligación de determinar cuál debe ser la proporción del castellano en el sistema educativo que el Ejecutivo siempre rehusó especificar. El decreto-ley que se aprueba hoy desarrollará básicamente el artículo 14 de la Ley de Educación de Cataluña sobre cómo regular, aprobar, validar y revisar los proyectos lingüísticos atribuyendo esa responsabilidad a la Generalitat. Con la ley y el decreto-ley —el PSC no votará a favor de esta última norma—, el Govern confía en que el tribunal considere que deponen su inacción.

El auto del TSJC instó a la Alta Inspección del Ministerio de Educación a que supervisara las medidas. Fuentes del ministerio apuntan que los jueces les transmitieron ese encargo y que será el tribunal el que decida si son o no suficientes. Los escenarios a partir del miércoles son múltiples. El tribunal podría pedir al Govern información sobre el plan para dar respuesta al auto; advertir al consejero de posibles sanciones o dar instrucciones a los centros para que lo apliquen.

El jurista Joan Ridao, director del Instituto de Estudios de Autogobierno, convino en un informe de ese organismo del pasado mes de abril la necesidad de impulsar un cambio legislativo para dotar de seguridad jurídica a la Administración y a la comunidad educativa, pero apuntó que corresponde a la Generalitat regular cómo aplicar el cambio y no a los tribunales. Y recuerda que el Constitucional dio la razón al Govern en los dos recursos contra sentencias del TSJC que había fijado unas subvenciones a guarderías mayores que las que había concedido.

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