Las dificultades del Ministerio de Educación para hacer cumplir el 25% de castellano: solo dos inspectores y competencias limitadas

La Alta Inspección del Estado es la encargada de vigilar que las escuelas catalanas apliquen la sentencia del 25% de castellano. Pero el Ministerio de Educación no lo va a tener fácil para realizar esta supervisión: tiene que lidiar con problemas técnicos (solo cuenta con dos inspectores en Cataluña), competenciales (no pueden entrar en los colegios) y políticos (no abrir nuevos frentes con sus socios de ERC). Con este panorama, el Gobierno central ha optado por un perfil bajo y sin prisas para hacer que se cumpla la sentencia, y de hecho así lo solicitó al tribunal hace unos días. Por todo ello, en la comunidad educativa catalana hay serias dudas de que en el escaso mes y medio de curso pendiente se vea algún cambio en el modelo educativo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió este lunes una resolución que insta a la Generalitat a ejecutar —en un plazo de 15 días— la sentencia que obliga a aplicar un 25% de castellano en las aulas de todos los centros educativos catalanes, lo que se traduce en una asignatura más en esta lengua. Asimismo, el tribunal exige a la Alta Inspección del Estado que “verifique” su cumplimiento, pero concede al Govern “libertad” para elegir cómo hacerlo. El Govern ya ha anunciado un recurso de súplica en el que pedirá también, como medida cautelar, la suspensión de este plazo.

“Las sentencias están para cumplirlas y los pronunciamientos de los tribunales han de acatarse”, aseguró este martes la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien al mismo tiempo subrayó que las lenguas cooficiales suponen una “riqueza cultural” del país, y que no deben ser usadas “como una fuente de enfrentamiento, ni como arma arrojadiza entre unos y otros”. “La Alta Inspección actuará dentro de sus competencias y la jurisprudencia para dar cumplimiento al mandato del tribunal”, afirmó ayer un portavoz del Ministerio de Educación. El hándicap es ver cómo lo hace. El área que preside Pilar Alegría debe lidiar, en primer lugar, con limitaciones legales.

El Tribunal Constitucional señaló en 2018 —precisamente a raíz de un recurso de la Generalitat contra la Ley Wert— que “corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo, pero también que tal función ha de desplegarse sin desbordar las competencias” de las comunidades. Asimismo, la sentencia del TC recordaba que la función de la Alta Inspección se centraba en ‘’la correcta interpretación de las normas estatales”, que su papel era de “vigilancia, pero no un control genérico” y que no podía sustituir los mecanismos autonómicos, como el cuerpo de inspectores de la Generalitat. Con estos argumentos, el TC consideraba que la intención del anterior ministro José Ignacio Wert de usar la Alta Inspección para comprobar la escolarización en castellano de aquellos alumnos que lo pedían de forma administrativa (no judicial) “desbordaba” las funciones del cuerpo estatal.

Otra limitación que debe afrontar el ministerio es que solo cuenta con dos inspectores en Cataluña que deben supervisar unos 5.000 centros educativos. Aunque estos inspectores no pueden entrar en los colegios, “sí pueden pedir informes”, indican fuentes ministeriales. Falta por ver si Educación se decide a usar a los inspectores de la Generalitat para estas tareas de supervisión.

Una batalla aplazada a septiembre

El tercer problema es más político, con ERC presionando al Gobierno para que no solicite la ejecución de la sentencia ni haga ningún movimiento que acelere los plazos. Las relaciones entre el Gobierno y Esquerra ya están muy enrarecidas por el caso del espionaje a líderes independentistas por parte del CNI y por una mesa de diálogo encallada, que no permite al Govern poner a debate sus reclamaciones y aspiraciones soberanistas.

En todo caso, el ministerio, a través de la Abogacía del Estado, debe presentar un escrito ante el tribunal abundando la fórmula que empleará para supervisar el cumplimiento de la sentencia. Pero de momento se muestran expectantes para ver qué decide el tribunal sobre el recurso de la Generalitat y fuentes ministeriales aseguran que no lo presentarán hasta que esto se resuelva. Con todo, el plazo para ejecutar la sentencia finaliza el 30 de mayo, a tres semanas del fin de curso y en plena época de jornada intensiva en la pública, de exámenes y evaluaciones. Ello hace prever que la batalla por el 25% se traslade a septiembre.

Mientras, ERC, PSC y En Comú Podem urgieron a Junts a firmar ya la reforma de ley de política lingüística que considera por primera vez al castellano como lengua de “aprendizaje”. Los tres grupos creen que con la reforma se puede barrar el paso a la aplicación del 25% y que da respuesta a la petición de los tribunales. Los comunes querrían forzar ya la votación, pero ERC y el PSC prefieren que el pacto salga reforzado y fijarla para el pleno del día 24. El Síndic de Greuges difundió un comunicado en el que rechazó que los jueces puedan determinar el modelo educativo.

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