Una década de reivindicaciones insatisfechas

Hace 10 años que la sociedad civil española se echó a las calles para pedir una democracia más participativa, el fin del bipartidismo y un futuro digno. El 15 de mayo de 2011 miles de personas se concentraron en más de 50 ciudades españolas para pedir un giro político y social. La convocatoria del movimiento DemocraciaRealYa, en marzo de ese año, cristalizó en una acampada multitudinaria en la Puerta del Sol durante casi un mes, pero el caldo de cultivo se venía gestando desde hacía tiempo. La crisis de 2008 golpeó intensamente al país: el paro se disparó del 13,5% a más de un 20% en tan solo dos años.

El déficit público llevó a que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presionado por la UE, presentase un duro plan de ajuste en mayo de 2010. A principios de 2011 la situación seguía empeorando: la caída del Producto Interior Bruto (PIB) era del -0,8% y la del PIB per cápita de un -1,2%. El contexto internacional, con el influjo de la Primavera Árabe y las revueltas de los estudiantes en Grecia, era propicio, y en mayo prendió la mecha del descontento. El lema “Sin curro, sin casa, sin pensión, sin miedo”, promovido por Juventud Sin Futuro, otra de las organizaciones que impulsaron el 15-M, resume las reclamaciones de estos jóvenes, que continúan hoy vigentes.

Del bipartidismo al multipartidismo

La entrada de nuevas fuerzas políticas y actores que rompían con el statu quo, en las elecciones de 2015, dejaron un sistema multipartidista. Tras la mayoría absoluta del PP en 2011, Podemos y Ciudadanos se presentaron por primera vez y sumaron casi nueve millones de votos y un tercio de los diputados del Congreso (109: 69 y 40, respectivamente). Berta Barbet, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Leicester, defiende que supuso el enganche de una generación con la política: “Movilizó a los jóvenes e inició el proceso que acabó con el bipartidismo”. Coincide en el diagnóstico Luis Giménez, ex integrante de Juventud Sin Futuro, que recuerda “la ilusión de sentir que si empujábamos todos, mediante la autoorganización social, podíamos ganar”.

Barbet destaca que, si bien la movilización de 2011 sirvió para generar apego hacia la política, no ha conseguido un cambio en los ejes del debate: “La competición izquierda-derecha se ha mantenido, solo hay más pluralidad”. Concuerda Ramón Espinar, que formó parte de asociaciones como Contrapoder y Juventud Sin Futuro: “El ciclo político ha fracasado porque el poder está más concentrado que hace diez años”. Luis Giménez hace una lectura más optimista: “Los viejos ejes nunca desaparecieron, pero ahora hay otros entrelazados, como el feminismo y el ecologismo, que son esenciales para que un partido se convierta en fuerza de futuro”.

Sobre la posibilidad de que resucite el bipartidismo, Barbet lo ve difícil pero no imposible: “Sigue protagonizando el espacio político y, si el sistema electoral perjudica a los partidos medianos, podría volver a dominarlo”. En las generales de noviembre de 2019, el bipartidismo rozó el 50% y se llevó más de la mitad de los escaños de casi todas las provincias. La irrupción de Vox, con 52 escaños, amplió el tablero político. “El reto ahora es mantener la dinámica política de los pactos y la capacidad del multipartidismo para funcionar eficientemente”, remarca Barbet. Y añade: “Muchas de las demandas sociales del 15-M han quedado en un segundo plano”.

Un empleo precarizado y temporal

Uno de los reclamos de la protesta social de 2011 era el trabajo digno, pero el desempleo en España solo se ha reducido un 4% en la última década, pasando del 20% al 16%. El economista José Moisés Martín Carretero explica que, aunque la situación ha mejorado algo en términos de coyuntura, lo demás sigue igual. “Las condiciones de precariedad siguen siendo las mismas”, asegura. La tasa de temporalidad en nuestro país es la más alta de la UE: un 24% frente a una media del 13%. Antón Costas, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona, lo ve como el gran problema del mercado español: “Supone una destrucción masiva de empleo y una pérdida de capital humano”.

Carretero señala las pocas oportunidades para los jóvenes, que siguen siendo tan limitadas como hace diez años. El paro juvenil alcanza el 39% y muchos han tenido que buscarse la vida fuera. La emigración española no ha dejado de crecer, pasando de 55.000 personas a 77.000 en 2019. “Lo único que cambió es el paro juvenil, que es ahora de un 39% y en 2011 era de un 45% y subiendo”, resume el economista. Luis Giménez, que trabaja hoy en política institucional, reconoce que el Gobierno ha hecho grandes avances, pero los reclamos de hace diez años se mantienen.

Un 75% de jóvenes no se emancipa por falta de estabilidad o suficiencia de los ingresos, según un estudio del Instituto de la Juventud (Injuve) de 2021. Este contexto impide formar una familia y desarrollar un proyecto de vida, como evidencia la bajada de la natalidad en la última década (en 2019 hubo 111.382 nacimientos menos que en 2011). “Un sistema que no cuida su futuro es un sistema fallido”, concluye Costas. Los jóvenes que se echaron a las calles para pedir un futuro digno en 2011 tienen hoy un horizonte difuso y precario.

La incertidumbre por la educación

El 15-M tuvo como precedente las grandes movilizaciones contra el Plan Bolonia, que entró en vigor en 2010 y supuso una ruptura con las tasas universitarias vigentes y un encarecimiento del precio por crédito. Las plataformas que impulsaron estas manifestaciones desde finales de 2008 consideraban que el Plan crearía “desigualdad y precariedad educativa” ya que las licenciaturas de cinco años se verían sustituidas por grados, de cuatro, que debían ser complementados por másters de precios elevados.

Una de las cuestiones que generaban mayor desasosiego entre los jóvenes era la solidez del sistema de becas, de las que muchos dependían para poder continuar sus estudios. La reforma de este sistema impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), a partir de 2011, que introdujo el requisito académico para obtenerlas, provocó una caída del 13,2% en la cuantía de las becas entre ese año y 2018. En 2020, el Gobierno de coalición dirigido por Pedro Sánchez, aseguró que incrementará en un 22% el presupuesto en estas ayudas y que se eliminará el requisito académico, teniendo en cuenta tan solo la necesidad económica del alumno. Con todo, la incertidumbre sobre las ayudas al estudio sigue siendo una de las principales inquietudes de los jóvenes en la actualidad.

Un sistema de pensiones cada vez más vulnerable

La sostenibilidad de las pensiones es otra preocupación que se evidenció el 15-M. En enero de 2011 el Gobierno aprobó una reforma que, entre otros aspectos, elevaba la edad de jubilación a los 67 años. Mikel de la Fuente, profesor de Derecho de la Empresa de la Universidad del País Vasco (UPV), considera que esta reforma empeoró el acceso a las pensiones. “Subir la edad de jubilación a los 67 años supone una prolongación difícil de soportar para una parte de la población que ha trabajado en duras condiciones, a veces durante un período superior a los cuarenta años, y que no se le reconoce para poderse jubilar sin penalización”, señala.

A pesar de esa reforma, el gasto anual en pensiones es cada vez mayor —pasó de 112.658 millones en 2011 a 150.606 en 2019— y el fondo de reserva de la seguridad social, la conocida como “hucha” de las pensiones, ha pasado de contar con 66.815 millones de euros en 2011 a solo 2.150 millones en la actualidad. De la Fuente explica que la sostenibilidad del sistema de pensiones podría lograrse con un aumento de los ingresos a través de “la financiación presupuestaria de los elementos que corresponden al Estado” y mediante “el aumento de las cotizaciones sociales”. El proyecto del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentado el pasado abril, pretende, según el experto, “mantener lo esencial de la reforma de 2011”. “La gente joven tiene razones sobradas para preocuparse por su empleo, sus salarios y sus futuras pensiones”, concluye de la Fuente.

La vivienda asequible como pilar

“Sin casa”, era uno de los lemas del 15-M, que señalaba la especulación urbanística como raíz de los males en España y pedía un cambio de modelo habitacional que no ha llegado aún. “La irrupción de las plataformas digitales dedicadas al alquiler turístico ha agravado el problema de la vivienda”, ahonda Luis Giménez. En diez años, el precio medio en España del metro cuadrado de la vivienda en alquiler se ha disparado de los 8,2 euros en 2011 a los 10,4 de 2021. España tiene un parque de vivienda social prácticamente inexistente, en torno al 2,5% según el INE. “Mirando a Europa, vemos que aquellos países con parques de vivienda en alquiler más amplios son sistemas más inclusivos”, señala Andrea Jarabo, portavoz de Provivienda.

La limitación de precios de alquiler, una de las batallas en el Gobierno de coalición, era una de las peticiones del 15-M que sigue sin aprobarse. “Es una medida útil que tiene que ser complementada con otras como el aumento del parque de vivienda pública en alquiler social, las ayudas al alquiler y nuevas fórmulas que eviten la gentrificación”, resume Jarabo. Este contexto afecta especialmente a la emancipación de los jóvenes, que no ha mejorado en esta década. El 55% de los menores de 30 años vive aún con sus padres, y es el porcentaje más alto de los últimos ocho años, según datos del INE. Jarabo señala la relación entre la vivienda y la precarización del trabajo y recuerda que, mientras el alquiler ha subido un 50% en los últimos cinco años, el salario medio sólo ha aumentado un 5,4%, según la EPA. “Es un problema estructural que arrastramos desde hace más de una década”, zanja Jarabo.

Un cambio inconcluso

El impacto del 15-M cambió la vida política española. “Ningún hecho político ocurrido desde entonces se entiende sin el prisma que instauró el 15-M”, defiende Luis Giménez. El bipartidismo, inamovible desde hacía 30 años, ya no existe y los partidos tradicionales necesitan a los nuevos para formar gobiernos. La democratización interna de los partidos ha sido otra de las grandes improntas de la protesta social. En la última década la celebración de primarias internas y procesos participativos se ha extendido incluso entre partidos que nunca las habían celebrado.

Las reclamaciones sociales del movimiento, en cambio, no se han visto satisfechas. El desempleo ha descendido pero la precariedad sigue vigente y la crisis de la covid-19 ha dejado un panorama incierto. El mercado inmobiliario sigue siendo insostenible, la “hucha” de las pensiones está cada vez más vacía y la precariedad y la temporalidad siguen predominando, lo que retrasa la edad de emancipación y obliga a muchos jóvenes a emigrar. Diez años después, las reivindicaciones de aquel movimiento que tomó la Puerta del Sol durante más de un mes siguen vigentes.

Infografías: Ignacio Gallello Bonino y Antonio Alonso.