El plan contra la temporalidad fraudulenta logra 61.000 contratos fijos en casi tres semanas

El nuevo plan de choque contra el fraude en la contratación temporal se puso en marcha el pasado 22 de febrero y ya se notan sus primeros efectos significativos. A través de esta campaña, se han transformado en indefinidos 60.893 contratos temporales hasta el 11 de marzo, según los datos de la Inspección de Trabajo a los que ha tenido acceso EL PAÍS. A las cifras del plan, que empezó con el envío masivo de cartas a las empresas en las que se detecta un posible abuso del empleo eventual, hay que sumar otras 16.500 conversiones en lo que va de año por la actuación ordinaria de la Inspección.

El abuso de la contratación temporal en España está a la orden del día, tanto que muchísimas veces se llega al fraude. Para firmar un contrato temporal, el Estatuto de los Trabajadores exige que exista una causa justificada: un incremento puntual de la producción, la formación de un aprendiz o la sustitución de un empleado de baja. Fuera de la ley queda contratar a alguien a modo de examen por unos meses, para eso están los periodos de prueba en los contratos indefinidos; tampoco puede emplearse a un interino en una tarea estructural; ni está permitido contratar temporalmente a alguien más de dos años en un periodo de 30 meses. Pero estas situaciones se encuentran a menudo. Son irregularidades extendidísimas.

Para intensificar la lucha contra estos abusos, la Inspección de Trabajo lanzó un plan de choque el 22 de febrero. La campaña consiste en el envío masivo de una carta a las empresas en las que se han detectado los posibles fraudes pidiendo la transformación de esos contratos temporales en fijos. En ella se advierte de que en caso de que no se haga, acudirá un inspector al centro de trabajo para comprobar si la supuesta ilegalidad es tal.

En 2021, ese primer paso ha consistido en el envío de cartas a 59.129 empresas explicándoles que se habían detectado indicios de abuso en el caso de 122.528 trabajadores. A partir de ahí, ha comenzado una rápida regularización por parte de las compañías. Solo en los cinco primeros días de marzo han transformado en indefinidos 46.346 contratos. En total, hasta el 11 de marzo se habían regularizado 60.893. Estos datos todavía no son definitivos, ya que el plan sigue abierto.

Para detectar los indicios de abuso, la Inspección utiliza la Herramienta de Lucha contra el Fraude, un recurso tecnológico que cruza datos de afiliación de la Tesorería de la Seguridad Social, los de contratación del SEPE y, en ocasiones, los de la Agencia Tributaria. Su uso permite intensificar el control del fraude en la temporalidad, algo que a la Inspección le cuesta mucho con los métodos tradicionales por la gran cantidad de contratos que se firman cada año en España: en condiciones normales se suscriben más de 20 millones. En 2019 se llegó a los 22,5 millones. El año pasado, por el coronavirus, la cifra quedó en 15,9 millones.

Este plan de choque contra el abuso en la temporalidad es el tercero que se despliega. Ya en 2018 y 2019 hubo dos precedentes. En la primera edición se consiguió regularizar 61.445 contratos y se detectaron 80.529 situaciones de fraude. En la segunda, se transformaron en fijos 59.129 temporales. Estos planes, unidos al trabajo ordinario de los inspectores, elevó las conversiones a cifras históricamente altas, especialmente en 2018. Ese año la Inspección forzó la conversión en indefinidos de casi 200.000 eventuales.

En paralelo a aquellas campañas, Trabajo desplegó otras dos contra el empleo a tiempo parcial que encubre jornadas completas. Esas experiencias demostraron que los planes de choque y el uso de la herramienta contra el fraude son más efectivos para combatir el abuso en la temporalidad (en 2018 se logró la regularización en el 76,3% de los casos supuestamente fraudulentos) que en las falsas jornadas a tiempo parcial (apenas se subsanaron el 17,5% de las situaciones detectadas). Esto se debe a la mayor facilidad para encontrar indicios objetivos de irregularidades en la interinidad. En 2021 no hay aparejado un plan de choque contra el uso ilegal de la contratación a tiempo parcial.

La temporalidad —tras la alta tasa de paro— es el gran problema del mercado laboral español. A través de ella se cuela la destrucción masiva de empleo en las crisis —como se vio en los primeros compases de la pandemia— y, en un movimiento inverso, es el camino por el que llegan las grandes creaciones de empleo (precario) en las recuperaciones. La tasa de temporalidad en España es la más alta de la UE: un 24% frente a una media del 13%.

Luchar contra el fraude en el sector privado es solo una vía para solucionar el problema. Pero esta opción tiene límites. Uno se encuentra en la Administración. La temporalidad en el sector público llega al 30%; en el privado, al 23%. La Inspección puede actuar contra las empresas, pero la Administración no puede sancionarse a sí misma. Además, para tener empleo público fijo hay que pasar una oposición.

Este problema ha sido señalado por Bruselas en las negociaciones con el Gobierno por las reformas que acompañan la llegada de los fondos europeos de recuperación. En ellas, la Comisión ha presionado al Ejecutivo para que ponga coto al uso excesivo de interinos en el sector público. No obstante, poco se conoce de los planes del Ejecutivo en este campo. Más se sabe de sus intenciones en el sector privado: el Ministerio de Trabajo pretende reforzar las causas en la ley, acentuar el control de la Inspección y reducir a tres los tipos de contratos.