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La Inspección forzó dos de cada diez cambios de contrato temporal a fijo porque detectó fraude

Las casi 200.000 conversiones instadas por Trabajo en 2018 son la cifra más alta en los últimos 12 años

Un grupo de obreros trabajan en una calle de Sevilla.
Un grupo de obreros trabajan en una calle de Sevilla.

La tasa de empleo temporal en España es, por costumbre, la más alta de Europa. Y la diferencia no se explica solo por la importancia del turismo y otras actividades estacionales. Ese abuso tan extendido se aprecia con claridad en lo sucedido en las conversiones de contratos temporales a fijos en 2018. Se transformaron a indefinidos más de 970.000, y, del total, unos 195.000 se convirtieron tras detectar la Inspección de Trabajo indicios de fraude. Es decir, el 20%. Tanto la cifra absoluta como el porcentaje son los más altos en los últimos 12 años y coinciden con el plan de choque que el Gobierno lanzó el verano pasado.

No es un secreto para nadie que en España se abusa de la contratación temporal. Y se abusa mucho. En teoría, cuando se firma un contrato temporal debe existir una causa justificada: aumento puntual o estacional de la producción, la formación de un trabajador, una sustitución pasajera… El reverso de estas condiciones lleva a que, siguiendo la norma, no se deba emplear a alguien que ya sabe un oficio durante unos meses y tenerlo a examen antes de hacerlo fijo; para eso están los periodos de prueba en los contratos indefinidos. Ni tampoco está permitido que un puesto de trabajo estructural lo cubra un empleado eventual. Pero esto pasa en el mercado laboral español a diario y no solo en las empresas privadas. Las administraciones —especialmente en el sector sanitario— se han llevado más de un bocinazo de los tribunales por abusar.

La Inspección forzó dos de cada diez cambios de contrato temporal a fijo porque detectó fraude

A la par que la sensación de precariedad creciente que ha acompañado a la recuperación laboral en los últimos años, o quizá por ella, la lucha contra los abusos en la temporalidad injustificada ha cogido cierto impulso en los últimos años. La eficacia de la Inspección de Trabajo para detectarla y forzar la conversión de los contratos temporales en indefinidos ha crecido.

Más eficacia en el control

Hace 10 años las transformaciones instadas por la policía laboral tras detectar fraude suponían el 5% del total. Ese porcentaje y la cifra absoluta han aumentado en los últimos años con alguna interrupción hasta llegar al salto de 2018. Pese a esto, no se puede negar que esta lucha no está sirviendo para reducir el exceso de temporalidad en el mercado de trabajo español: el 27% de asalariados a finales de 2018 eran temporales, una tasa creciente desde que empezó a crearse empleo.

Sin embargo, el año pasado hubo 970.838 conversiones de contratos temporales a fijos. De ellas, 194.295 llegaron después de que los inspectores actuaran. Buena parte de este salto, tanto en números absolutos (en 2017 hubo 102.000 conversiones menos) como en porcentaje (pasa del 11,9% al 20%) se debe al plan de choque contra el abuso de los eventuales puesto en marcha por el Gobierno en verano. La primera acción de ese plan consistió en el envío masivo de cartas en las que se advertía a las empresas de que había indicios de fraude en la contratación temporal que hacía y que de no convertirlos en indefinidos recibirían una visita de la Inspección. Esto provocó una primera oleada de transformación de 61.445 contratos temporales en contratos indefinidos.

A estos hay que sumar las 132.850 conversiones que realizó la propia Inspección con su actuación ordinaria. De la suma de ambas y el cruce hecho por EL PAÍS con los datos del servicio público de empleo, que contabiliza las conversiones del plan de choque del Gobierno pero no las ordinarias, surge ese porcentaje del 20% de conversiones que resultan de la mano dura de la Inspección.

“No me sorprende ese porcentaje tan alto”. La respuesta que dan Mercedes Martínez, de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), y Ana Ercoreca, del Sindicato de Inspectores de Trabajo, coincide cuando se les pregunta por estas cifras. Tampoco otros dos inspectores consultados para esta información, que prefieren no dar su nombre, se sorprenden. Incluso señalan que es un porcentaje bajo para lo que ellos se encuentran en el día a día. Lo mismo opinan en CC OO y UGT. Este sindicato llega a hablar de “adicción a la contratación temporal fraudulenta” de los empresarios.

Abuso empresarial

“Yo lo que veo es que los empresarios, de entrada, tienen miedo a hacer un contrato indefinido y si pueden lo hacen temporal”, continúa Ercoreca. También matiza: “Cuando lo requerimos, la gente lo transforma. Eso se tiene interiorizado”. Esta inspectora se refiere a una práctica muy extendida en la Inspección y es que, una vez se ha detectado la infracción, lo que suele hacer el funcionario es instar a la conversión y no sancionar si se acata. Se pretende, con esto, no perjudicar al trabajador afectado (que podría perder su empleo si el empresario debe hacer frente al gasto de una sanción) y lograr la estabilización en el puesto de trabajo.

La responsable de Relaciones Laborales de CEOE, Rosa Santos, niega el “ánimo defraudatorio” de los empresarios. Ella vincula el aumento de la contratación en los últimos años y también de las conversiones al incremento de la actividad. “Las empresas necesitan márgenes de flexibilidad y se recurre a los contratos temporales”, justifica.

Otro punto que señala Santos —y con razón, a tenor de las estadísticas— es que también en el sector público se abusa de la temporalidad. Por ejemplo, hay una sentencia de 2016 Tribunal de Justicia de la Unión Europea apuntando a la Sanidad. Y, además, aquí hay varios problemas: a diferencia de lo que sucede en las empresas privadas, la Administración Pública no se sanciona a sí misma y no se puede conseguir una plaza fija en el sector público sin pasar por una oposición.

La valoración sindical es opuesta a la de Santos. “Estos datos son una muestra más de que la temporalidad y la rotación abusiva del mercado laboral”, lamenta Lola Santillana, de CC OO. Desde UGT, Gonzalo Pino reclama que se convierta en “cuestión de Estado recomponer esta situación estableciendo medidas realmente disuasorias de estas prácticas ilegales”.

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