Palos de ciego
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

‘No ho tornarem a fer’

La amnistía es inaceptable porque hace más de 40 años que España dejó de ser una dictadura

Para qué mentir: no era yo muy optimista con la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, y no sólo porque las dos exigencias al parecer irrenunciables del Gobierno catalán (o de la parte del Gobierno catalán representada en la Mesa: ERC) son inaceptables por cualquier Gobierno democrático: la amnistía es inaceptable porque hace más de 40 años que España dejó de ser una dictadura; y el derecho de autodeterminación es inaceptable porque lo que los secesionistas reclaman no es el derecho de autodeterminación sino el de secesión, que no es un derecho democrático. No era yo muy optimista, ya digo, pero, después de la reunión de la Mesa en La Moncloa el 27 de julio, entreveo un motivo para serlo.

El encuentro segregó dos documentos: uno dedicado a la lengua catalana y otro titulado Acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías. El rótulo da grima: “desjudicializar la política” es una de las expresiones más exitosas de la jerga impuesta por los secesionistas para enmascarar sus tropelías; de acuerdo con ella, se judicializa la política cuando se lleva ante los tribunales a un político secesionista que ha violado la ley, así que desjudicializar la política equivale a aceptar que los políticos secesionistas no son iguales que el resto de ciudadanos y no están obligados a acatar las leyes que acatamos los demás; en otras palabras: desjudicializar la política —excluirla del control de la justicia— es proclamar la impunidad de los políticos secesionistas. Increíblemente, el desafuero antidemocrático escondido en esa expresión es moneda corriente en el discurso político sobre Cataluña. Dicho esto, leamos el punto 2 del Acuerdo, que establece “el compromiso político e institucional con la seguridad jurídica, el ordenamiento y los principios democráticos”, y donde se afirma: “La mejora de las instituciones y de sus procedimientos lleva aparejado el compromiso de las partes de conducir la actividad política e institucional de acuerdo a las instituciones y procedimientos democráticos”. En circunstancias normales, esta declaración sobraría: el primer deber de cualquier Gobierno democrático consiste en “conducir la actividad política e institucional de acuerdo a las instituciones y procedimientos democráticos”; si esto se pone por escrito en el documento es porque, durante el procés, la Generalitat no cumplió con esa obligación elemental y, de manera consciente, pública y reiterada, violó las leyes, incluidas la Constitución y el Estatut, que derogó a la brava, sin tener la menor legitimidad para hacerlo. Obrando al más puro estilo nacionalpopulista —o trumpista, si se prefiere—, el otoño catalán de 2017 consistió básicamente en eso: en una cínica arremetida contra la democracia en nombre de la democracia (lo que colocó Cataluña al borde del enfrentamiento civil). Por eso el Acuerdo de La Moncloa, aunque envuelto en los eufemismos de rigor, no me parece irrelevante: por vez primera, el Gobierno de la Generalitat, al menos una parte de él, reconoce de forma implícita que el otoño de 2017 fue un error y, de forma explícita, declara que no volverá a repetirlo. Tras el otoño de 2017, el único lema secesionista conocido era: “Ho tornarem a fer” (“Lo volveremos a hacer”: una consigna sostenida en las toneladas de mentiras que se contaron durante el procés y que permitían alimentar la fantasía venenosa de que el otoño de 2017 fue un alarde de radicalidad democrática, cuando fue exactamente lo opuesto); se mire por donde se mire, lo que viene a decir la Generalitat en el Acuerdo es: “No ho tornarem a fer”. Como si poco a poco la verdad se estuviera abriendo camino.

¿Estoy viendo el vaso medio lleno? Podría ser: al fin y al cabo, la mitad del Gobierno catalán —Junts×Cat— sigue en el monte, y la otra mitad —ERC— podría desdecirse; al fin y al cabo, montar una mentira es fácil y desmontarla muy difícil. Pero en el letargo benéfico de este domingo de agosto, mientras el mundo está de vacaciones y me ataca a traición un verso esperanzado de Paul Valéry (“Le vent se lève!... Il faut tenter de vivre!”), prefiero pensar que por algo se empieza.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites
Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS