¿A quién y dónde va la ayuda al desarrollo?

Desde sus inicios, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) ha tenido una fuerte orientación a dar respuesta a los intereses de los propios países donantes, alejándose así de las necesidades de los países empobrecidos. Esto ha llevado a que canalice, con frecuencia, una compleja amalgama de recursos, medios e instrumentos que en no pocas ocasiones benefician más a los países que la ofrecen que a las poblaciones que la reciben.

El crecimiento de las migraciones forzosas y de refugiados en los últimos años, especialmente hacia Europa, ha llevado a los países donantes de ayuda a dedicar más y más recursos a atender a refugiados y solicitantes de asilo en su propio territorio, algo desconocido, que desvirtúa completamente ese ambiguo principio de que la AOD se dirija a la mejora del desarrollo económico y el bienestar de los países pobres. Por el contrario, en la medida en que importantes partidas presupuestarias se gastan en los propios países occidentales, particularmente europeos, financiando servicios y dispositivos de distinta naturaleza para la atención y acogida a refugiados y solicitantes de protección internacional, se ha producido una reorientación de la ayuda hacia las necesidades de los donantes, restando recursos y energías a la lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones de vida en los países más vulnerables.

En la medida en que las migraciones internacionales adquieren importancia en las últimas décadas, tanto en términos económicos y políticos como en el aumento de los flujos hacia países occidentales, con frecuencia en condiciones extremadamente dolorosas, los países donantes del CAD han incorporado en sus políticas de ayuda al desarrollo de manera creciente recursos y partidas para estas finalidades.

De esta forma, si en el año 1996 todos los países donantes de ayuda en el mundo dedicaron 664 millones de dólares a estos gastos para la atención a refugiados en su propio territorio, dos décadas después, esta misma partida de gastos se multiplicó por 24, ascendiendo en el año 2016 a 15.959 millones como respuesta a la llamada “crisis de los refugiados” que desde Oriente Medio y África llegaron hasta Europa. Es decir, los países occidentales y particularmente los europeos, emplearon partidas elevadas de una ayuda al desarrollo menguante en atender las necesidades de los refugiados que llegaron a sus países, en lugar de ayudar y fortalecer a los países golpeados por la violencia y la pobreza. Estos gastos representaron en ese año 2016 el 11% de toda la ayuda al desarrollo que dieron los países donantes que forman parte del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) de la OCDE, elevándose hasta el 15% para los países europeos donantes, una proporción en descenso, que para 2018 se situó en el 7,1% de total de la ayuda para los países del CAD y el 9,5% en los países europeos, en línea con el importante descenso en la llegada de refugiados.

El caso de España es llamativo en la medida en que el 60% de todos los gastos que a lo largo de su historia ha consignado como ayuda a refugiados en territorio español lo ha hecho en los últimos cuatro años, precisamente cuando la ayuda española se ha desplomado a niveles históricos. Hasta tal punto que en 2015 España dedicó un 15% de su ayuda al desarrollo a estas partidas, retrocediendo hasta el 9,5% en 2018. Además, España sería uno de los países del mundo que declararía mayor gasto por refugiado al año, unos 13.296 dólares.

Doble crisis

Las políticas de cooperación al desarrollo han contribuido a impulsar migraciones con buena parte de sus intervenciones multilaterales y bilaterales, aplicadas con frecuencia como modelos de solución única, permaneciendo de espaldas al desmoronamiento social que en numerosas comunidades se ha producido en estas últimas décadas. La creciente disparidad en los procesos de avance social y democrática entre los países en desarrollo y desarrollados, junto a las guerras, conflictos e intervenciones militares que en los últimos años se han cronificado en África, Oriente Medio y algunos países latinoamericanos, han generado una bolsa creciente de refugiados y desplazados que se han sumado a las corrientes migratorias de las últimas décadas que aspiraban por llegar a los países occidentales en condiciones cada vez más desesperadas.

Es por ello por lo que los países donantes han ido incluyendo en su Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) las políticas de atención a refugiados en su propio territorio, pero sin criterios armonizados, más preocupados por encajar estos gastos dentro de sus partidas de ayuda al desarrollo que por construir una política respetuosa y coherente de asilo y refugio. De esta forma, a la crisis del sistema de cooperación se ha sumado la crisis en el sistema de asilo y refugio, de manera que la suma de ambas ha profundizado el declive que atraviesan estos dos niveles de intervención simultáneamente.

Ahora bien, el avance de estas partidas de gastos para la atención a refugiados en los propios países donantes de acogida financiadas con dinero de la ayuda al desarrollo para los países pobres, especialmente durante los años en los que Europa vivió la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, no se corresponde con un avance en las políticas de acogida, en mejores procesos de incorporación social de los refugiados, e incluso en un mejor reconocimiento del derecho al asilo y a la protección internacional. Ni los gastos están relacionados con estas variables, dada la disparidad de criterios que cada país aplica, ni las políticas de asilo han avanzado en los años en que más recursos de la ayuda al desarrollo se han aplicado, ni tampoco existen evidencias de que los destinatarios de estos gastos en suelo europeo hayan tenido una mejora en sus condiciones asilo a lo largo del año en que, se supone, han recibido este apoyo económico.

Por el contrario, los recursos dedicados a solicitantes de asilo y refugio durante su primer año de estancia en los países donantes han tenido una voluntad de reforzar las capacidades institucionales en políticas migratorias y de asilo, nada que ver con la mejora del desarrollo y el bienestar en los países origen de esos refugiados, en todos los casos, países pobres, con frecuencia, azotados por guerras, hambrunas, conflictos y privaciones. Ni siquiera se han impulsado desde las políticas de ayuda vías para impulsar patrones nuevos que vinculen las migraciones y el desarrollo, que algunos países han tratado de trabajar por medio de organizaciones de la sociedad civil con comunidades del Sur, intentando a renovar una ayuda oficial al desarrollo en decadencia.

La Ayuda al Desarrollo tiene mucho camino por delante para contribuir a una mejor comprensión e intervención social y política sobre los dilemas globales relacionados con las migraciones forzosas y los refugiados que están marcando nuestra convivencia. En un planeta común no hay salvaciones individuales, y de ahí la importancia de unas políticas de cooperación al desarrollo que tienen que ser fuente de esperanza en el mundo.

Carlos Gómez Gil es profesor e investigador en cooperación al desarrollo en la Universitat D’Alacant (UA), autor del libro Debates y controversias en la cooperación al desarrollo. Fondos privados de ayuda, acuerdos neocoloniales y ayuda a refugiados (Publicaciones de la Universitat D’Alacant, 2020).

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