Refundar la globalización: una ley europea contra los excesos del capitalismo global

Mucho se viene divagando acerca de cómo será el mundo después del coronavirus. La globalización, tal y como la conocemos, es una de las víctimas recurrentes de esa futurible transformación que los expertos aseguran que podríamos experimentar. Si bien, entre tantos y tan diversos pronósticos, es difícil distinguir las predicciones rigurosas de los anhelos oportunistas, en lo que respecta a la globalización económica, parece que algo está definitiva y afortunadamente destinado a cambiar.

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El anuncio se venía esperando desde hace tiempo, y hace un par de semanas, al fin, el Comisario de Justicia de la UE hizo público su compromiso con una iniciativa legislativa que, previsiblemente, verá la luz en 2021, y que promete alterar significativamente la relación de nuestras empresas con sus cadenas globales de suministro.

En un encuentro virtual con europarlamentarios, el Comisario aseguró que es necesaria una regulación europea que obligue a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y responder de los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en los que puedan estar involucradas sus filiales, subcontratistas o proveedores extranjeros.

La concepción de la iniciativa se retrotrae a mucho antes del estallido de la pandemia y tiene, por tanto, poco que ver con esta y mucho con la incansable lucha de organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil (entre ellas, la Coalición Europea por la Justicia Empresarial) por algo tan básico como un marco jurídico que exija a las empresas la debida diligencia a la hora de operar o de abastecerse en el extranjero (en particular, en países en desarrollo).

El Comisario de Justicia ha puesto la primera piedra de un proceso legislativo que se prevé largo y complejo, por los grandes intereses económicos afectados, pero que, con suerte, podría culminar en una norma que podríamos calificar casi de revolucionaria, que permitiría a los gobiernos europeos sancionar a las empresas que omitan garantizar el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente a escala global, y a sus víctimas reclamarles las debidas compensaciones por los daños causados.

Nuestras empresas a menudo omiten ejercer la debida supervisión e influencia sobre sus cadenas de suministro y evitan intervenir o tan siquiera conocer los abusos que tienen lugar en sus procesos productivos

Víctimas como las de la tragedia escalofriante del Rana Plaza, de la que el pasado 24 de abril se cumplieron siete años, cuando una fábrica textil de ocho pisos en Dacca que no cumplía con la normativa mínima de seguridad, se vino abajo, llevándose la vida de más de mil trabajadores. Hoy, las marcas que recurrían y siguen recurriendo a la mano de obra barata que provee Bangladés no asumen más responsabilidad legal que la que asumían en 2013. Es decir, ninguna. Y ello a pesar de que, a menudo, no actúan como simples compradores, sino que ejercen un control de facto sobre sus proveedores, los cuales, cuando acaece el desastre, se ven arruinados y las víctimas, por tanto, privadas de reparación.

Este no es un mal, por supuesto, que ataña solo al sector textil, aunque este, recientemente sometido a un intenso proceso de externalización y deslocalización, sea quizá uno de los que más inquietan al consumidor. También son archiconocidas las deplorables condiciones de los trabajadores que extraen los minerales de los que se abastecen las grandes marcas electrónicas. Apple, Google, Dell, Tesla y Microsoft se enfrentan a una demanda en EE UU tras el derrumbe de una mina de cobalto en República Democrática del Congo que mató a 14 menores.  O las de aquellos en los primeros eslabones de las cadenas de suministro de nuestros alimentos. Ferrero, por ejemplo, ha sido recientemente objeto de críticas por la supuesta presencia de trabajo infantil en la cadena de suministro de sus famosos bombones, en particular, en Turquía. O los desastres medioambientales con los que se relaciona a las grandes empresas petroleras: la francesa Total se enfrenta ahora mismo a un proceso judicial pionero por sus actividades en un parque natural protegido de Uganda. O los abusos contra las poblaciones más vulnerables en los que se han visto implicadas grandes constructoras patrias. ACS ha sido señalada por su vinculación con un proyecto hidroeléctrico en Guatemala que amenaza el medio ambiente y la forma de vida de la comunidad indígena local; y Ferrovial, acusada de lucrarse de la gestión de polémicos centros de refugiados en Australia, escenario de graves abusos contra los derechos humanos.

Algún país europeo ya había tratado de tomar cartas en el asunto, antes de que la UE se decidiera a actuar. En concreto, Francia aprobó en 2017 la ley más avanzada en esta materia, aunque con un ámbito de aplicación limitado. El debate, sin embargo, no termina de despegar en España, si bien el PSOE se comprometió expresamente en su programa electoral de abril de 2019 a atajar las violaciones de derechos humanos en las cadenas de producción de las empresas transnacionales a través de una Ley de Diligencia Debida; un compromiso que haría bien en recuperar si España pretende influir en el debate que Bruselas tiene intención de abrir muy pronto.

Pandemia, S.L. Riesgos globales, responsabilidades locales

La covid-19 ha puesto en evidencia todavía más, si cabe, la necesidad de legislar esa responsabilidad empresarial extramuros. La pandemia ha revelado el ridículo grado de descontrol de un capitalismo global que ha estirado el laissez-faire hasta su expresión más radical en jurisdicciones que carecen de legislaciones robustas y, lo que es más grave, de recursos para controlar y asegurar su cumplimiento. Una globalización alegal donde nuestras empresas a menudo omiten ejercer la debida supervisión e influencia sobre sus cadenas de suministro, extensas e intrincadas, y evitan intervenir o tan siquiera conocer los abusos que tienen lugar en sus procesos productivos.

Este modelo de globalización, tan lucrativo y a la vez tan vulnerable, ha puesto en peligro la provisión de bienes esenciales en Europa, y en riesgo la salud y la economía de millones de trabajadores en las cadenas globales de suministro de nuestras empresas, despedidos y desprotegidos tras la paralización de la actividad en Europa. Pero es que ese modelo, donde el vacío regulatorio es la norma, también tiene mucho que ver con el origen y la propagación de virus como la covid-19, propiciados por la deforestación, una de las devastadoras prácticas empresariales, hoy impunes, que la legislación planteada por Bruselas permitiría atajar.

El debate cobra todavía más importancia a la luz de los generosos paquetes de rescate que planean los Estados en respuesta a la crisis de la covid-19. De la misma forma que cada vez más gobiernos parecen convenir en excluir de esas ayudas a las empresas registradas en paraísos fiscales, cabe preguntarse asimismo si, a la espera de esa legislación que plantea Bruselas, no debieran condicionarse ya los rescates al cumplimiento de unos mínimos estándares de derechos humanos, sociales y medioambientales, una pregunta a la que, por cierto, Dinamarca se ha apresurado a responder afirmativamente.

Alejandro García Esteban trabaja para la Coalición Europea por la Justicia Empresarial (ECCJ).

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