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El 23 de abril de 2013 el complejo fabril Rana Plaza, en las afueras de Dhaka (Bangladesh) crujió bajo los pies de sus miles de apretados ocupantes. Despavoridos, fueron obligados a volver a las máquinas. Al día siguiente, la factoría se derrumbó con ellos dentro: el resultado fue de 1.134 cadáveres y más de 2.000 heridos. Como consecuencia se desveló el verdadero precio de una industria -la de la moda- que, además, es la segunda más contaminante del planeta. La difusión mundial de la catástrofe obligó a las marcas a cambiar sus políticas con los proveedores. El Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo concedieron ingentes préstamos y distintas organizaciones presionaron a los gobiernos para que se implicaran en la penosa situación de los trabajadores. Pero queda mucho por hacer.

Los acuerdos

La iniciativa más notoria ha sido el Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad en la Construcción de Edificios y de Instalaciones de Sistemas contra Incendios, firmado poco después del colapso del Rana Plaza por 222 empresas, diez sindicatos y cuatro organizaciones internacionales pro derechos humanos, como observadoras). Eva Kreisler, coordinadora en España de la Campaña Ropa Limpia, una de las cuatro organizaciones, nos dice, cinco años después, que “legalmente es vinculante y busca mejorar la seguridad en las fábricas de ropa mediante un riguroso programa de inspecciones y subsanación de deficiencias y riesgos detectados en más de 1.600 factorías. Son mejoras en la seguridad de más de dos millones de personas. En una industria basada en la explotación de mano de obra barata y vulnerable, por primera vez se han tomado medidas de calado para la seguridad, revisando los edificios y obligando a repararlos”.

Tras el pacto, más de 1.4 millones de trabajadores de la confección conocen ahora los peligros más comunes en sus fábricas y su derecho a rechazar el trabajo inseguro: se han presentado casi doscientas quejas sobre seguridad. No obstante, se carece de un organismo nacional efectivo que la garantice. El Acuerdo expira en mayo próximo y 140 empresas se han comprometido a renovarlo hasta 2021, lo que mantendrá los objetivos iniciales y, de paso, reforzará la libertad sindical. Pero, explica Eva, “no se podrá considerar que tras Rana Plaza ha habido un antes y un después hasta que se afronten otros problemas sistémicos, como los salarios, la represión sindical, la falta de transparencia y la erosión de los derechos humanos”.

Además del Accord, 29 empresas norteamericanas han formado la Alliance for Bangladesh Worker Safety, pero no es legalmente vinculante ni integra a sindicatos y ONG. Sus inspecciones y planes de mejora son privados y no hay compromiso contractual de las empresas para asegurar los fondos precisos para reparar y renovar lo necesario. “Reposa en la Responsabilidad Social Corporativa difundida en las últimas décadas, que es voluntaria y resulta ineficaz”, afirma Kreisler.

La opacidad

El secretismo es típico de buena parte del sector. Algunas marcas temen la deslealtad de la competencia y otras, que niegan haber hecho pedidos a esos centros de distribución, tienen relación comercial con esas fábricas mediante subcontratas. Esta opacidad, además, ha dificultado mucho lograr las indemnizaciones a los trabajadores, que no sabían a quién reclamar: “No hay normas de responsabilidad claras para las empresas involucradas. Falta legislación sobre importación de textiles, para que se cumplan requisitos sociales y ecológicos y se garanticen la transparencia y la gestión responsable de las cadenas mundiales de valor”, opina Victoria De Pereda, responsable de sostenibilidad en el IED Madrid.

"Votamos con nuestro dinero: apoyemos a marcas que generan el mínimo impacto"

Derechos humanos

Los sindicatos y las ONG están en precario. El gobierno ha eliminado la obligación de tener permiso del empleador para formar un sindicato, lo que aumentó las inscripciones sindicales. Pero el Centro de Solidaridad señala que el gobierno ha rechazado casi la mitad, mientras la violencia antisindical continúa con total impunidad. “En diciembre de 2016 hubo una oleada de represión brutal a raíz de protestas salariales que causó despedidos masivos ilegales. Hace solo unas semanas detuvieron a 7 sindicalistas bajo acusaciones falsas. Las solicitudes de sindicatos bajaron de 392 (2014) a 53 en 2017”, cuenta Eva Kreisler. Tal y como ponen de manifiesto los Garment Worker Diaries (Diarios de los trabajadores de la confección), muchos trabajadores no reciben un salario digno –entre 143 y 173€, según regiones, dice un informe de 2016-, sufren abusos y trabajan con dolor crónico. “El gobierno no ha revisado el salario mínimo desde que en 2013 lo incrementó de 3000 a 5300 taka (unos 52€/mes), totalmente insuficiente para mantener una familia”, denuncia Eva.

El medioambiente

La responsabilidad corporativa se extiende también a lo medioambiental. Tras iniciativas como la Campaña Détox de Greenpeace, las marcas han comenzado a reducir la química tóxica. “Se lanzó en el 2011 para garantizar en el 2020 la ausencia de tóxicos en los tejidos. Más de 70 marcas y proveedores se han comprometido ya, pero otras no están dispuestas a hacerlo. Lo positivo es que esta información haya salido a la luz y que como consumidores podamos decidir”, opina Victoria de Pereda.

En 2017, el Circular Fashion System Commitment de la Global Fashion Agenda pide a las empresas un compromiso para acelerar la transición hacia un sistema circular que recoja y revenda prendas usadas y fije la proporción de prendas fabricadas con fibras recicladas. “Es un buen punto de partida para poner el foco en lo que hay que mejorar en la cadena. Y señalo también los Objetivos de Desarrollo Sostenible como brújula para las empresas del sector, y el informe de la Ellen MacArthur Foundation sobre los principios de la economía circular que toda empresa de moda debería adoptar ”, apunta Gema Gómez, directora de Slow Fashion Next y representante de Fashion Revolution en España.

El poder del consumidor

Campañas mediáticas como Who Made My Clothes? (¿Quién hizo mi ropa?) son altavoz de una realidad cada vez más visible en Occidente. Convertida en hashtag, la plataforma Fashion Revolution, nacida tras el derrumbe del Rana Plaza y que se celebra esta semana coincidiendo con su aniversario, invita al comprador a interrogar a las empresas sobre quién confeccionó su ropa. El año pasado, 95 países y más de 2 millones de personas demuestran que el consumidor del primer mundo es más consciente. “Votamos con nuestro dinero: en vez de comprar en negocios que arrasan nuestros recursos naturales, apoyemos a marcas que hacen lo que está en su mano para generar el mínimo impacto, como las del Directorio modaimpactopositivo.com”, afirma Gema Gómez.

Kavita Parmar, con IOU Project (2011), ya permitía al consumidor contactar con la persona en la India que había confeccionado su prenda. “El enfoque era, y es, humanizar el proceso. En Occidente estamos totalmente desconectados de esa situación de tiranía y esclavitud. No se ve la ropa como algo hecho por personas. La producción requiere recoger la materia prima, hilarla, cortarla, coserla, empaquetarla y mandarla al otro lado del planeta. Si lo pensamos un poco, nos damos cuenta de que algo no está funcionando”, explica Kavita. “Con IOU Project yo quería empoderar al consumidor, que viera directamente a quién le afectaba gastar su dinero, quiénes son estas personas con las que puede conectar. No ver solo una foto, sino comunicarse con ellas. Hemos llegado hasta el tejedor y pronto llegaremos al agricultor”.

Está pendiente

De Pereda nos explica que “educar para el futuro de la moda significa acompañar a los diseñadores para que aborden cuestiones como el papel de las nuevas economías y la tecnología, que nos impulsan a nuevos modelos productivos y de consumo; reconectar con la naturaleza y sus ciclos, para trabajar dentro de los límites de los ecosistemas; saber de dónde salen y cómo se producen los materiales con los que diseñamos, su composición e influencia en el medioambiente y en mi salud”.

En Europa, “ahora que el mundo es global, no deberíamos permitir que ninguna empresa se lucre produciendo en el Tercer Mundo sin respetar los derechos que existen en el Primer Mundo”, dice Gema Gómez. Y las grandes marcas también tienen que hacer los deberes. “Deberían asegurar, con estudios hechos por independientes, que su producción es inocua y no engañar con greenwashing: todos sabemos que es imposible que estos monstruos basados en la venta masiva, sin una inversión multimillonaria, consigan esa economía circular”, concluye.

“La sostenibilidad no es un producto que vaya a vendernos una empresa”, opina Kavita Parmar. “Comprar localmente es fundamental. Si hay productos o materiales que no se pueden adquirir cerca, buscad en internet la información, contrastadla y no os quedéis solo con la información de la etiqueta. Con nuestro propio consumo podemos cambiar el modelo. Da igual que las grandes cadenas se pongan ahora a hacer colecciones ‘green’, lo que tienen que hacer es producir menos. Y nosotros, consumir menos”.