El infierno de una guerra inacabada

Katungu Sasita perdió la pierna izquierda a los 19 años por resistirse a ser violada. Estaba labrando en Nyamilima, una pequeña aldea del noreste de la República Democrática del Congo, cuando sufrió el asalto de un grupo de rebeldes ruandeses. Se defendió y recibió un disparo a bocajarro. Tuvo que esperar más de 15 horas en el suelo hasta ser socorrida.

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“Permanecí allí recostada durante horas hasta que alguien vino a por mí alrededor de las nueve de la mañana siguiente”, relata desde un centro privado de rehabilitación de Goma, mientras le preparan el molde de escayola para su cuarta pierna ortopédica.Tal vez, si algún vecino la hubiera atendido y llevado antes a la ciudad, la herida de bala nunca se le habría infectado hasta el punto de requerir la amputación. Pero esas son demasiadas suposiciones en un escenario de guerra.

“Fue la voluntad de Dios”, repite Sasita sentada sobre uno de los escuálidos colchones del dormitorio donde las mujeres y sus hijos más pequeños pueden esperar en este centro, ubicado frente a una prisión. “Fue difícil, pero las cosas se dieron así. La pierna no va a volver”, añade de forma tranquila, con un colorido vestido de kitenge (tela africana) y con su hijo de dos años en brazos.

El 80% de los que acuden a este centro —gestionado por los Hermanos de la Caridad belgas con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)— son hijos de la violencia. Víctimas colaterales de un conflicto que, desde hace 25 años, mantiene en jaque el este del Congo, atestado de organismos humanitarios, cascos azules de la ONU y soldados congoleños, pocos y mal remunerados, frente a más de un centenar de grupos paramilitares e incontables milicias de autodefensa comunitarias.

Genocidio exportado

“Se podría decir que el conflicto de Ruanda se exportó al Congo”, asegura la congoleña Soraya Souleymane, experta en minería y desarrollo. Se refiere al genocidio de 1994, aquellos 100 días en los que 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados por hutus extremistas. Al concluir este suceso, el Ejército de Ruanda (tutsi) “los siguió hasta aquí dando inicio a los enfrentamientos con los hutus de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR)”.

Se estima —hay divergencia entre las cifras del Gobierno y las agencias extranjeras— que más de cinco millones de personas han muerto en el este del Congo desde 1996, cuando una invasión ruandesa para derrocar al dictador Mobutu Sese Seko y defender de las matanzas a la minoría tutsi, provocó una conflagración. Inicialmente fue regional (1996-97) y después, bajo mandato el presidente Laurent Désiré Kabila, se transformó en el mayor frente de batalla tras la Segunda Guerra Mundial, en el que entraron otros nueve países africanos seducidos por las concesiones mineras.

“Cuando concluyó (2003) y se les pidió que se retiraran del Congo, algunos de sus generales se quedaron y comenzaron a operar por cuenta propia, según justifican sus Gobiernos. Sin embargo, yo creo que se puede decir que cuentan con su beneplácito”, analiza.

El final de este conflicto, apodado guerra mundial africana, significó la teórica expulsión de las potencias africanas extranjeras —entre ellas, Angola, Zambia, Sudán o Libia— pero no la disolución de los grupos rebeldes rivales formados a lo largo de aquellos años. Milicias que han ido transformándose, disolviéndose y multiplicándose. Por cada grupo armado, surge otro para combatirlo, y otro más para oponerse al primero. Son una amalgama de guerrillas que, sin causar demasiado ruido mediático y ligadas todavía a la extracción y comercio de recursos naturales o al simple saqueo, continúan matando. “En el último censo se contaron 132 grupos armados a los que habría que añadir bandas de criminales comunes”, detalla Carlos Batallas, jefe de la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja en Goma.

“La atomización del conflicto es tan grande que no existen dos partes claras que puedan negociar. Se trata de una miríada de grupos mucho más problemática que una guerra civil clásica”. Un escenario bélico, que, además, dificulta la erradicación de la epidemia de ébola más mortífera hasta ahora en la historia del país, que desde agosto de 2018 ha dejado más de 2.000 muertos y cerca de 3.500 contagios. “Si a una de las enfermedades más letales que existen se le añade un territorio de zonas rojas, donde ni los médicos y el Ejército pueden entrar, el resultado es un escenario de cronificación”.

Cuando tan solo quedaban 48 horas para que el Gobierno congoleño declarase el fin de esta décima epidemia, después de que la última paciente de ébola fuese dada de alta en el Centro de Tratamiento de Ébola de Beni (Kivu del Norte) el pasado 6 de marzo, un nuevo caso ahogó todas sus esperanzas:  el 17 de marzo moría por esta enfermedad vírica un electricista de 26 años, y con él se daba inicio a una nueva cadena de transmisión que hasta la fecha ya suma seis nuevos contagios y otros dos fallecidos. El ébola parece haber resurgido justo cuando el país necesita concentrar todos sus esfuerzos en combatir otros males, como el sarampión —con más de 6.000 muertos en un año— o la incipiente epidemia de covid-19, que aglutina hasta el 23 de abril 377 contagios y 25 muertos.

El niño milagro

Desde abril de 2018 han muerto 2.171 personas por la violencia solo en las provincias nororientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, según los últimos datos de monitoreo de la plataforma Kivu Security. Víctimas, buscadas y colaterales, de un conflicto multilateral en el que se entremezclan ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército, ofensivas de milicias armadas, saqueos de maleantes y actos de venganza de grupos comunitarios de autodefensa Mai Mai, hastiados de tanta destrucción y pillaje.

Es imposible contabilizar el número de heridos, o conocer las historias que ni siquiera llegan a constituir una cifra, como la de Davide Kasereka, un niño, como cualquier otro, que se mueve inquieto de un lado a otro de la entrada del hospital CBCA Ndosho, uno de los centros de referencia en Goma para heridos de bala.

A su alrededor, otros pacientes con cabestrillos, muletas y sillas de ruedas bromean sobre lo que le sucedió a este pequeño de cinco años. “Un machetazo en la cabeza”, exclaman, “le dieron un machetazo en la cabeza y por eso la tiene así: partida en dos”. En realidad, lo que pasó fue mucho más banal. Su madre, Neema Kahambu, decidió dejarle en casa de su hermana en Goma para que pasara las vacaciones escolares junto a su primo. Creía que allí estaría más seguro que en su ciudad natal, Bunia. Sin embargo, durante la madrugada del 18 de abril del pasado año, un policía borracho empezó a disparar, y una de las balas atravesó el cráneo de Davide.

El personal médico ha apodado al pequeño como el “niño Milagro”, porque sobrevivió y se ha recuperado en un tiempo récord. Hoy, pese a su semblante serio y aires desapegados, sus ojos se mantienen brillantes y se distraen ante cualquier estímulo. “Me comeré un plato de espaguetis”, advierte. Será lo primero que hará en cuanto regrese a casa.

Más de cinco millones de personas han muerto en el este del Congo desde 1996

Lo que le ocurrió a Davide no es raro. En el noreste del Congo quien más mata son las fuerzas de seguridad. Durante el pasado año las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y la Policía han protagonizado 80 incidentes violentos en los que murieron 127 personas, según los datos de Kivu Security.

“Son las fuerzas de seguridad las que lo estropean todo”, critica Adidas Bisimana, un carnicero de 54 años, ingresado en el hospital de Ndosho. “Los enemigos llegan, roban tus cosas y te dejan en paz, pero los soldados te disparan”, matiza quien lucirá para el resto de su vida una abultada cicatriz en el dorso izquierdo de su mano; el lugar exacto donde le agujereó la bala de un uniformado. Un grupo de militares, durante una supuesta operación de contrainsurgencia perpetrada el pasado 18 de marzo, abrió fuego a la entrada de su casa, en Rugari. “Cuando se encuentran con alguien, lo matan”, resume sobre las operaciones de las FARDC, acusadas de tener una nula disciplina de mando y escasa formación, además de recibir un salario de miseria.

Para Stewart M. Kalyamughuma, militante del movimiento civil congoleño Lucha por el Cambio (LUCHA), uno de los factores que contribuyen a que se produzcan este tipo de ataques es la falta de consecuencias para sus autores. “No hay paz en el país porque no existe voluntad política, pero también por la impunidad que protege al Ejército. Cuando un militar mata a un civil no se le castiga, sino que se actúa como si nada hubiera pasado”, explica. Lo que ocurre en el interior de este hospital, a cientos de kilómetros de los difusos frentes de batalla, escenifica el carácter de esta guerra: en la sala de operaciones, un cirujano y tres ayudantes cambian el pañal a una bebé de seis meses a la que acaban de curar una herida de bala; una madre lava a sus hijos para marcharse a su casa después de pasar varios meses recuperándose y un niño pequeño toma el sol en su silla de ruedas con la cabeza inmovilizada.

Lucha por los recursos

La ciudad de Goma es un hijo vástago de esta guerra. El volcán de Nyiragongo y el lago Kivu, que la custodian al norte y al sur, se mantienen incólumes, pero casi todo los demás ha sido deformado por la violencia.

Es una ciudad sitiada por el “mzungu”, el hombre blanco, omnipresente en sus calles a bordo de grandes todoterrenos pertenecientes a más 250 organismos humanitarios internacionales con presencia permanente. A pie, aferrados a sus armas, los soldados de la Monusco —la misión pacificadora de Naciones Unidas, la mayor y más costosa del planeta— se mezclan con las furgonetas y los centenares de motos que usan los congoleños para moverse. Al investigador panafricano Fidel Bafilemba le cuesta reconocer el lugar donde se crió. “Crecí en una urbe de unas 300.000 personas que en la actualidad es una megápolis de 1,2 millones. La mayoría ha llegado de fuera huyendo de la violencia, pero también han venido por el auge de los minerales de sangre”, explica este incansable predicador en contra del férreo dominio económico, educativo, religioso y militar que, a su juicio, aún ejerce Occidente sobre todo el continente africano.

Las entrañas del Congo albergan toneladas de oro, diamantes, estaño y tantalio; además de la mitad de las reservas mundiales de cobalto y el 70 % de las de coltán, imprescindibles para la fabricación de cualquier dispositivo electrónico. Esta riqueza mineral es a menudo identificada como una de las principales causas de tanta violencia. “La minería industrial no está del todo vinculada al contexto de conflicto. Es cierto que se dan abusos de derechos humanos, como compensaciones injustas o falta de alternativas para antiguos agricultores, pero es la minería artesanal (sin maquinaria, sin generadores, etcétera), refugio de mano de obra infantil, la que vende sus minerales a señores de la guerra, grupos rebeldes y hombres de negocios corrientes”, distingue Souleymane.

Son excavaciones provisionales para obtener minerales “limpios” o “libres de conflicto”, llamados así porque su origen es imposible de rastrear. “Todo está mezclado, al final del día no puedes saber si lo que está dentro de la bolsa coincide con lo que dice su etiqueta”, subraya esta experta, que aclara que el sistema de identificación se ha implementado en algunas de las minas de coltán y casiterita de Kivu del Norte, pero no en las de oro, cobalto o plata.

“El sistema de localización y rastreo está lejos de ser perfecto y sus deficiencias favorecen el contrabando de minerales ilícitos a Ruanda, que se ha convertido en el primer productor de coltán del mundo cuando ni siquiera dispone de reservas suficientes”, añade Souleymane, conocedora también de la interferencia militar ugandesa en este lucrativo negocio.

En 2019, según los datos del Ministerio de Minas, el Congo exportó 1,4 millones de toneladas de cobre, casi 78.000 de cobalto y más de 33.000 kilos de oro. Además, entre 2014 y 2017, exportó 7.557 toneladas de coltán, más de la mitad producido en Kivu del Norte.

Sin embargo, el 85% de esta producción minera está en manos extranjeras, concretamente en la compañías Randgold (anglo-sudafricana), AngloGold Ashanti (Sudáfrica), Glencore (Suiza), Ivanhoe (Canadá) y Zijin Mining, MMG y China Molybdenum (chinas). En 2016, obtuvieron 2.600 millones de dólares por esta producción, de los cuales apenas un 4% acabó en las arcas del Estado congoleño.

Ajenos al lucrativo negocio de minerales, la mayoría de las víctimas anónimas de este conflicto cree que lo mejor de Goma es, sencillamente, que se muere menos. La probabilidad de morir en un ataque de las autodeclaradas yihadistas Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en la ciudad de Beni, o de los rebeldes ruandeses de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) en la de Rutshuru, es estadísticamente superior. “Las personas de a pie no ganan nada de este juego. Lo único que reciben a cambio es corrupción, robos en sus casas, niños en la calle y milicias”, reprocha Fabilemba. “Si fuera al revés tendríamos educación gratuita, un buen sistema judicial y una sanidad eficiente, pero ese no es el caso”.

Pese a sus recursos minerales y a tener 80 millones de hectáreas cultivables, más de 56 millones de congoleños —el 73% de la población, según datos del Banco Mundial— vive en la extrema pobreza.

Alejado de los grandes titulares o de la atención mediática que despiertan otros conflictos, el Congo volvió a ser en 2018 uno de los países con más nuevos desplazados internos a causa de la violencia, con 1,8 millones de personas, solo superado por Etiopía, y por delante de países como Siria, según cifras del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC). En total, hay 5,5 millones de desplazados, según la OCHA. “La tragedia de este conflicto es que cuando los desplazados regresan, sus casas han sido quemadas y sus cultivos calcinados, por lo que tienen que rehacer una especie de vida que no saben muy bien si va a durar un mes, dos o tres años”, relata Batallas, que relaciona este grado extremo de “desesperación” con que “al final muchos intenten encontrar un trabajo o una vida mejor al otro lado del mundo”. De hecho, a mediados de 2019 hubo 1,7 millones de emigrantes congoleños en el mundo, un máximo histórico, según la ONU. La analista Souleymane culpa a un Gobierno congoleño débil y ausente, escondido a 1.600 kilómetros de distancia en la capital, Kinshasa. “Con que fuera un poco más fuerte y estuviera algo más presente en esas áreas, y con que los militares fueran llevados ante la Justicia debido a su indisciplina, sería fácil reducir el contrabando de minerales. No podría detener el conflicto porque también está relacionado con la tierra, los recursos o la cuestión étnica, pero sí disminuirlo”.

La comunidad internacional, en un intento de ayuda y a la vez de exculpación, desplegó en 1999 una misión de cascos azules que se ha convertido en la mayor del mundo, con más de 14.000 efectivos militares y un coste operacional anual de 322 millones de dólares. Un convoy de cuatro vehículos todoterreno blancos con la inscripción “UN” (las siglas en inglés de Naciones Unidas) sobre el capó y sus puertas laterales sale de Goma en dirección a Mutaho, una aldea de casas de rama esparcidas a lo largo de una colina, que un grupo de bandidos atacó hace más de medio año. La imagen de un contingente de fornidos —y fornidas— militares indios, equipados con armas de asalto, chaleco antibalas y cascos azules no impacta a la población, que continúa con sus tareas cotidianas: separar maíz, cargar madera ladera arriba o ir al colegio. Sólo algún grupo de niños se gira a su paso para pedirles caramelos.

La credibilidad de la Monusco, cuyo limitado campo de actuación le ha llevado a atrincherarse en momentos álgidos de violencia, en lugar de proteger a la población civil, también se ha visto minada por denuncias de abusos sexuales o por casos de corrupción como la venta de armas por parte de un contingente paquistaní en 2005 a diversas milicias. “Podemos disparar si nuestras tropas están en peligro, si los civiles están en peligro. Podemos tomar medidas activas y disparar, pero todo depende de las normas de combate”, justifica el coronel indio Dushyant Tanwar, que lidera la misión a Mutaho.

“La Monusco ha estado en este país 20 años. ¿Para qué, exactamente? ¿No es eso una forma de racismo considerar a los demás incapaces de resolver sus propios problemas?”, cuestiona Fabilemba. “Hasta que los líderes de Europa y Estados Unidos no nos dejen respirar un poco, dirigir nuestras economías y establecer nuestro propio sistema educativo y religioso, Congo seguirá siendo un infierno para los jóvenes congoleños, que seguirán buscando asilo y refugio en vuestros paraísos”.

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