La hora de los bonos sociales

La tormenta del coronavirus está azotando al mundo y, si aún es demasiado temprano para evaluar con precisión la magnitud de los perjuicios que provoca, no lo es para pensar en el día después: ¿Qué haremos? ¿Cómo repararemos los daños? Cabe preguntarse cómo harán los gobiernos de América Latina y el Caribe para cubrir las abismales necesidades de financiamiento para vivienda, educación, salud e infraestructura, y para socorrer a sus poblaciones más necesitadas y a sus pequeñas y medianas empresas (pymes).

Aquí es donde pueden entrar en escena los bonos sociales, que son como cualquier otro, pero con la diferencia de que cumplen con unos estándares que permiten verificar que se utilizarán para financiar proyectos tales como el gasto en atención médica, el apoyo a las pymes o la construcción de viviendas para sectores desfavorecidos.

Efectivamente, los principios para su emisión formulados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales establecen que, para ser reconocido como un bono social, un tercero imparcial debe verificar que cuente con un sistema robusto de ejecución y de monitoreo basado en indicadores e informes periódicos. Esto ofrece a los inversores no solo información sobre el riesgo o la capacidad de devolución de un país, un banco o una empresa, sino también sobre cuál va a ser el uso de los recursos, cómo y dónde se van a gastar y qué indicadores van a demostrar los impactos sociales esperados.

Fortalecer el vínculo entre los recursos aportados por los inversores y su uso en finalidades sociales es básico para aumentar la rendición de cuentas de los gobiernos que reciben los fondos y también del sistema financiero que los canaliza. Además, a igual riesgo crediticio, es de esperar que bastantes inversores estén más dispuestos a prestar su dinero a gobiernos o a empresas si disponen de un mecanismo creíble para conocer el destino y los resultados alcanzados con sus recursos. Incluso pueden llegar a prestarlo a tasas más bajas, como muestra un estudio del Banco Internacional de Pagos de Basilea, según el cual la reducción se situaría en torno a 20 puntos básicos.

Los bonos sociales permiten verificar que se utilizarán para financiar proyectos tales como el gasto en atención médica, el apoyo a las pymes o la construcción de viviendas para sectores desfavorecidos

Aunque pueden ser una herramienta clave para la etapa post-pandemia, vender los bonos sociales no será tarea fácil. Las dificultades de establecer buenos indicadores (claros, relevantes, específicos y alcanzables), sistemas de ejecución robustos e independientes que garanticen cierta trazabilidad de los recursos o de sensibilizar a países, instituciones financieras, e inversores con estos instrumentos no son menores.

Pero es imperativo superar estos obstáculos porque estos bonos pueden cumplir una función social crucial cuando se sabe ya que la pandemia va a provocar fuertes necesidades de financiamiento por parte de los gobiernos para atender la situación de los hogares y empresas más vulnerables. Poner luz y taquígrafos sobre la actividad del sistema financiero puede además contribuir a mejorar la percepción social de este tan lastrada tras la última crisis financiera internacional.

Todavía, los bonos sociales representan apenas el 1% del mercado global. No obstante, al igual que el de los verdes —similar, pero basado en inversiones destinadas a combatir o mitigar el cambio climático—, el mercado de bonos sociales ha crecido mucho en los últimos años, alcanzando 17.000 millones de dólares en 2019, una cifra promisoria pero aún por debajo de los 258.000 millones de los bonos verdes, según reporta la calificadora de crédito Moody’s.

En enero de este año, aprovechando una de las pocas ventanas ofrecidas por el mercado, Ecuador fue el primer gobierno del mundo en emitir un bono social soberano. El mismo, por valor de 400 millones de dólares, se destinó a financiar vivienda social y fue respaldado por una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El bono ecuatoriano, que recibió además el premio a la estructura más innovadora de Environmental Finance —un prestigioso servicio de información y análisis sobre desarrollo sostenible y mercados ambientales— es también un ejemplo del rol crucial que pueden desempeñar los bancos multilaterales, apoyando el acceso de los gobiernos al mercado mediante garantías que no solo mejoran las condiciones financieras, sino también la transparencia y los resultados sociales. La mejora crediticia proporcionada por la garantía del BID redujo el coste financiero para Ecuador en cerca de 200 puntos básicos, lo que supone unos 120 millones de ahorro para el país o, dicho de otro modo, la oportunidad de construir unas 3.000 viviendas sociales adicionales.

Mucho se habla de los riesgos de contagio del coronavirus. Tal vez sea hora de empezar a hablar de la oportunidad de los bonos sociales como el de Ecuador, que muestran el camino que pueden tomar los gobiernos de América Latina y el Caribe para reconstruir servicios básicos y dar alivio a los sectores más golpeados por esta pandemia de manera más transparente y económica.

Joan Oriol Prats es el especialista líder de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo.

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