Prejuzgados

SI NO ME EQUIVOCO, se espera para estas fechas la sentencia del famoso procés catalán. En contra de lo que debería ser no sólo aconsejable, sino obligado, se trata de un caso que casi todo el mundo ya ha prejuzgado. Es decir, los políticos, y buena parte de sus mayordomos periodistas, llevan meses o años actuando como si el fallo del tribunal se hubiera producido, o al menos estuviera cantado. Las derechas vaticinaron hace mucho que los acusados serían rápidamente indultados por el Gobierno socialista, dando así por descontado que serían condenados. Es obvio que no se puede indultar a quienes han sido absueltos, lo que indica que esas derechas no prevén ni conciben otra sentencia que la de “culpables”. Es más, indica que no aceptarán más que esa (otra cosa es “acatarla”, qué remedio les quedaría; pero imagínense las críticas furiosas contra los jueces si declararan “inocentes” a Junqueras, Romeva, Rull y compañía).

El mismo veredicto esperan, y aun dan por seguro, los líderes secesionistas y sus huestes mosqueadas. Han decidido que, como el Estado es represor y antidemocrático, y la justicia no es independiente y está servilmente a sus órdenes (justo lo que iba a suceder en la “República Catalana” por ellos diseñada), el fallo será contrario a sus “mártires”, que no han hecho nada punible. Con frecuencia se los califica de “gente de paz” que no ha tirado ni una piedra. Aquí se olvida que tampoco Rato y tantos otros, ni siquiera Mario Conde en su día, se habían manchado las manos. Se olvida deliberadamente que se puede delinquir sin violencia física, sin necesidad de puños ni pistolas.

Curiosamente, en este ámbito independentista, se da por cierto el “aberrante” fallo y a la vez se exige que éste sea absolutorio. Alguna energúmena con escasas luces (perdonen la redundancia) ha proclamado que todo lo que no sea absolución será “ignominioso”. Tanto las derechas como los secesionistas ya dan por sentenciado el caso. Los segundos, además, lo hacen contradictoriamente: ven muy claro que los reos son inocentes y con la misma claridad ven que los prevaricadores jueces los declararán culpables. Lo cual no es óbice, sin embargo, para presionarlos, amenazarlos e intentar torcer su veredicto aún no llegado. Todo racional y nítido.

En cuanto al indulto temido, pronosticado y previamente vilipendiado por las derechas, surge otro problema: al parecer, para que se otorgue, los condenados (si lo fueran) deberían solicitarlo, y ya hay unos cuantos que han anunciado que jamás se prestarían a eso: si lo pidieran, equivaldría a reconocer su culpa, y ellos no se considerarán culpables aunque resulten así declarados. Lo cual es otro absurdo: lo más probable es que la mayoría de los presos del mundo se vean a sí mismos inocentes, pero por desgracia poco importa lo que crean: les toca cumplir su pena si lo han determinado un juez o un jurado.

Las leyes son a menudo injustas, estúpidas, abusivas. Pero, mientras no haya otras o se cambien, hay que cumplirlas. No me cabe duda, por ejemplo, de que un altísimo porcentaje de los contribuyentes que han tenido problemas con Hacienda (que ahora gusta de llamarse a sí misma Agencia Tributaria), inspeccionados y multados por ella, consideran que obraron de buena fe y de acuerdo con la legalidad. De todos es conocida la veleidad de la Agencia Tributaria: primero dice (lo dijo el ex-Presidente Zapatero) que es lícito cobrar a través de sociedades, y más tarde dice que no, y que además serán castigados retroactivamente quienes se valieran de ellas cuando estaban permitidas. Como si mañana se decretara la Ley Seca y se multara retroactivamente a cuantos han bebido en el pasado. De la misma manera, lo que Hacienda juzgaba desgravable ahora lo juzga gravable, y los inspectores —si no estoy mal informado— perciben un bonus en función de lo que obtengan del contribuyente a su cargo. Se erigirían, de ser así, en juez y parte. Si todo esto fuera así, insisto, nos encontraríamos ante unas leyes cuando menos turbias. Pero son las existentes, y sé de muy pocos ciudadanos que hayan recurrido su aplicación ante Hacienda. La inmensa mayoría se aguanta, obedece y paga lo que se le exige.

Nuestra Constitución, como casi todas, prohíbe referendos de autodeterminación y defiende las autonomías, que no pueden ser abolidas, ni por Puigdemont y el Parlament (como lo hicieron con la catalana en septiembre de 2017) ni por Vox (que querría hacerlo con todas). Es posible discutir las leyes y modificar la Constitución, pero no contravenirlas por las bravas (que se lo pregunten a tantos contribuyentes damnificados). Personalmente no quisiera ver a Turull, Forcadell, Cuixart y compañía permanecer más tiempo en prisión; no les deseo ese mal, aunque hayan hecho enorme daño a Cataluña. Pero no soy quién para juzgar sus actos, o sólo con la opinión. Lo que no entiendo, y me parece sumamente nocivo, es que demasiados políticos, periodistas y ciudadanos se hayan erigido en jueces desde sus casas, hayan emitido su veredicto alegremente y los hayan prejuzgado. Culpables o inocentes, es lo mismo.