Bruselas estudia restringir las importaciones de productos que generen deforestación

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La crisis climática copará buena parte de la agenda europea de la próxima legislatura. Pero mientras el movimiento se ha consolidado en las calles con las movilizaciones estudiantiles, y en los despachos con el ascenso de Los Verdes, otros números recuerdan que el asunto excede las fronteras continentales. La deforestación del Amazonas escaló en mayo a niveles récord en el Brasil de Jair Bolsonaro; según la FAO se perdieron 7,6 millones de hectáreas anuales entre 2010 y 2015 globalmente, y un estudio del IDH (organización especializada en comercio sostenible) señala a Europa como uno de los grandes consumidores de los productos que generan deforestación a escala planetaria, entre ellos la madera, la soja (procedente de Brasil y Argentina), el aceite de palma (de Indonesia y Malasia) y el cacao (de Ghana y Costa de Marfil). Otros bienes como el café, el caucho, el maíz y la carne también están detrás de la tala indiscriminada: la FAO culpa a la agricultura del 80% de la deforestación en los países tropicales.

En un documento, titulado Deforestación y degradación forestal: intensificación de la acción de la UE, al que ha tenido acceso este diario, Bruselas asume la responsabilidad europea en la pérdida de masa boscosa, y abre la puerta a imponer restricciones a las importaciones para frenar el fenómeno. "La Comisión Europea explorará los beneficios potenciales de medidas regulatorias adicionales para minimizar el riesgo de deforestación asociado a las importaciones", afirma el borrador del texto, todavía sujeto a cambios.

Bruselas cree que contener la deforestación no corresponde solo a los países productores, sino que supone también cambiar patrones de consumo, y ofrece a los Gobiernos y empresas de los Estados que los comercializan asistencia técnica e incentivos para atajar la desaparición de millones de hectáreas de bosque, los grandes proveedores de oxígeno y responsables de capturar millones de toneladas de dióxido de carbono. "Damos la bienvenida a que la Comisión Europea esté considerando seguir los pasos de Francia e introducir nuevas leyes para minimizar el riesgo de deforestación asociado a las importaciones europeas", ha celebrado Justin Adams, de la Alianza Tropical Forestal 2020, una organización público-privada respaldada por los Gobiernos noruego y británico.

Los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre y alojan el 80% de su biodiversidad, pero su retroceso es patente debido al crecimiento de las ciudades, el desarrollo de infraestructuras, las construcciones ilegales, el crecimiento de la población, la minería y sobre todo, la expansión de los terrenos agrícolas.

La Comisión Europea reconoce que la Unión es uno de los principales importadores de materias primas asociadas a la deforestación, como alimentos y biocombustibles, y pretende frenar la tendencia con una batería de medidas. Bruselas quiere que los Veintiocho aumenten la compra de alternativas que no dañen los bosques, ayudar a los consumidores europeos a identificar esos productos más responsables mediante certificados que garanticen su sostenibilidad, e implicar en el proceso a los grandes organismos internacionales como la OCDE, la ONU y la FAO.

La batalla comunitaria contra la deforestación está todavía en una fase inicial. Pero ya ha vivido sus primeros escarceos. Más de 600 científicos de instituciones europeas han pedido que la Unión Europea, segundo mayor socio comercial de Brasil, condicione la compra de productos al cumplimiento de compromisos ambientales ante la amenaza que supone para el Amazonas la voracidad exportadora de Bolsonaro. Bruselas elevó en marzo la presión contra el aceite de palma, al calificarlo de "insostenible" y lanzar una propuesta para limitar su uso en los biocombustibles al culparle de causar deforestación, lo que en la práctica supondría un importante golpe a su importación desde Asia. El movimiento tuvo consecuencias: Indonesia y Malasia, los dos mayores productores del planeta, reaccionaron con virulencia al anuncio. Yakarta estudia quejarse ante la Organización Mundial del Comercio, y Malasia amenazó con imponer represalias a productos europeos. Su prohibición definitiva en la UE está prevista para 2030.

En entrevista con este diario, la ministra malasia de Industrias Primarias, Teresa Kok, señala que el aceite de palma es el tercer bien más exportado por su país, asegura que la pérdida de masa boscosa ha sido residual, y acusa a la UE de promover el veto por razones proteccionistas y no ambientales. Kok critica además que las restricciones golpearán a muchas familias de escasos recursos, dado que en Malasia el sector emplea a más de medio millón de trabajadores.

La futura prohibición de la UE, el segundo mayor cliente del aceite de palma malasio por detrás de India, puede no resultar del todo efectiva para atajar la deforestación. El Gobierno está tratando de aumentar la cuota que adquiere China, su tercer cliente, y explora nuevos mercados en Rusia y Oriente Medio. El veto europeo se enfrenta por tanto a un dilema: si continúa con la importación de aceite de palma, puede provocar deforestación. Si lo prohíbe, puede perder el contacto con los productores al derivarse a otros mercados con menor preocupación por los estándares ambientales.

También ha habido iniciativas individuales por parte de los Estados miembros. Francia ha iniciado este año un plan de acción para frenar por su cuenta las importaciones de bienes que contribuyan a la deforestación. Y Bélgica, que presume de tradición chocolatera, ha puesto en marcha una iniciativa —respaldada por el Gobierno, las empresas y entidades de la sociedad civil— en la que solicitaba a Bruselas medidas contra la deforestación derivada de las importaciones de cacao.

Por ahora, la Comisión combina un mensaje de dureza con la invitación al diálogo con los países productores para invertir en productos sostenibles y acabar con la sobreexplotación forestal. Bruselas considera que también puede dañar a las comunidades indígenas, y advierte a las empresas de que invertir en sectores asociados a la deforestación puede exponerles "a riesgos operacionales, legales o reputacionales".