El Gobierno levanta la intervención de la ciencia española por Hacienda
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprueba un paquete de medidas urgentes para eliminar la burocratización que paraliza los laboratorios desde 2014
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un paquete de medidas urgentes para eliminar algunas de las trabas burocráticas que lastran a la ciencia española desde 2014, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy impuso un nuevo régimen fiscal de intervención previa que supuso el aterrizaje de un interventor de Hacienda en cada organismo público de investigación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un real decreto ley que incluye la eliminación de esta intervención previa y la vuelta a la situación de 2014: la fiscalización de los gastos a posteriori.
“Esto es oxígeno”, celebra el bioquímico Óscar Fernández Capetillo, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en Madrid. Hace un año, el científico alertaba de que “el auténtico lastre de la ciencia española” es que está “intervenida de facto” por Hacienda. “He tenido problemas hasta para poder comprar sillas, porque los proyectos no indican explícitamente que necesitemos el concepto sillas”, denunciaba. El ministro de Ciencia, Pedro Duque, anunció en noviembre el fin de esta intervención previa en una entrevista con EL PAÍS. Entonces, afirmó que el plan de choque estaría listo antes del fin de 2018.
El nuevo paquete de medidas atiende otras reivindicaciones históricas de la ciencia española, como la agilización de la contratación y la estabilización del personal. Durante años, científicos de alta cualificación han encadenado contratos temporales fraudulentos, a veces durante más de una década, para cubrir necesidades permanentes. La química Cristina García, por ejemplo, fue despedida tras denunciar al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) por haber pasado 10 años trabajando con contratos temporales. García, entre otras tareas, calibraba desde 2006 las máquinas de radioterapia de los hospitales para que los pacientes de cáncer recibieran la dosis adecuada. Un juzgado de Madrid consideró su despido improcedente y apreció fraude de ley por estar cubriendo un puesto fijo con contratos temporales.
El real decreto ley facilitará la contratación de personal de forma indefinida
El real decreto ley aprobado hoy modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica. El Ministerio de Ciencia cree que esta medida “contribuirá enormemente a rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos, en especial los jóvenes”.
En los últimos años, los jueces han obligado a indemnizar o a readmitir a cientos de trabajadores de instituciones científicas, incluyendo a una química empleada por la actual número 2 del Ministerio de Ciencia, Ángeles Heras, en su etapa al frente de un grupo de investigación en la Universidad Complutense de Madrid. En los laboratorios españoles —según explicó Heras a este diario tras ser nombrada secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación— “se desarrolló una colección de personas jóvenes, muy válidas todas, pero no había otra forma de contratarlas y han acabado poniendo muchos recursos [judiciales]”.
Heras achacó entonces la contratación fraudulenta de la química a “la situación totalmente frágil que han tenido tanto los grupos de investigación como los jóvenes investigadores”, con “una única figura normativa, que es la de la contratación por obra y servicio”. El pasado 25 de enero, el Gobierno ya aprobó la estabilización de 1.454 plazas temporales en organismos públicos de investigación.
La burocratización ha hecho que pedidos de materiales para investigar el cáncer lleguen con meses de retraso
Más de dos centenares de científicos denunciaron en marzo que el Ciemat estaba “al borde del colapso”, con el 20% de su personal trabajando “en situación precaria”, con contratos temporales concatenados uno detrás de otro. El primer firmante de aquella carta, el físico Julio Cárabe, recibe “con esperanza y agradecimiento” el paquete de medidas de Pedro Duque, aunque recuerda que quedan temas pendientes, como facilitar el pago de las cuotas anuales para pertenecer a sociedades científicas internacionales. En la actualidad, el pago de una cuota de 2.000 euros requiere la aprobación del Consejo de Ministros y de los ministerios de Hacienda y Asuntos Exteriores. “Tu prestigio depende de 2.000 euros que se abonan con meses de retraso, porque el procedimiento es demasiado complicado”, explica Cárabe.
“La burocratización es tremenda y hace que todo se ralentice. Si un pedido de material llegaba antes en dos semanas, ahora llega en tres meses”, denunciaba hace un año Giovanna Roncador, una bióloga italiana de 51 años que dirige la Unidad de Anticuerpos Monoclonales del CNIO. La maquinaria burocrática no tenía en cuenta que los pedidos retrasados eran urgentes y consistían en materiales para investigar moléculas para el diagnóstico del cáncer.
El real decreto ley agiliza la compra de materiales e instrumentos para proyectos científicos. Los centros de investigación y las universidades podrán ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 euros con el mismo proveedor y para distintas unidades, según ha anunciado el Ministerio de Ciencia. Esta medida facilitará, por ejemplo, la compra de material de laboratorio para dos proyectos diferentes de una misma universidad. A juicio de Duque, estas reformas significan "levantar las cadenas" que bloqueaban el sistema científico español, según ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El bioquímico Luis Serrano pide que la ciencia española esté exenta de IVA
El Gobierno también atiende otra medida muy reclamada por las científicas madres. El real decreto ley modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los investigadores en situación de maternidad o paternidad, y también los que estén con una incapacidad temporal, no se vean discriminados en la evaluación de su actividad científica. Por ejemplo, si una investigadora está de baja seis meses tras ser madre y para optar a una convocatoria del Ministerio de Ciencia se evalúa su trabajo de los últimos cuatro años, a partir de ahora sus méritos será prorrateados para que la maternidad no penalice.
El bioquímico Luis Serrano, presidente de la alianza Somma de centros de investigación de excelencia, aplaude el nuevo paquete de medidas. “Habrá que ver la letra pequeña, pero suena bien. Atiende dos de nuestras principales reivindicaciones: permitir la contratación indefinida y facilitar la compra de materiales”, afirma. Sin embargo, Serrano echa de menos otras medidas, como “que la ciencia se considere una actividad económica y esté exenta de IVA”.
La mayor parte de los grupos de investigación de España, según recuerda Serrano, depende de los planes nacionales, que en teoría se otorgan cada año y aportan financiación para tres años. Desde hace siete años, según denunció hace unos días en una entrevista con este periódico, el Plan Nacional se convoca aleatoriamente, con diferencias de siete u ocho meses. Hay años, incluso, en los que la convocatoria no se publica hasta el año siguiente. Estos retrasos “hunden a los grupos de investigación pequeños”, alerta Serrano, que pide un presupuesto plurianual para que la Agencia Estatal de Investigación pueda asegurar que los planes nacionales salen siempre el mismo día del año.
"Hacienda tiene muchas cosas más que ceder"
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) agrupa a 82 organizaciones que representan a más de 40.000 investigadores asociados, según sus propias cifras. Nazario Martín, catedrático de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid, es presidente de la Confederación desde hace cuatro años. Martín, nacido en Madrid en 1956, recibió con "optimismo" el nombramiento de Pedro Duque al frente del Ministerio de Ciencia el pasado 6 de junio. Sin embargo, el tono de su organización ha cambiado desde entonces, como muestra un posicionamiento oficial emitido ayer: "La COSCE viene alertando desde hace meses sobre las dificultades crecientes de gestión que el sistema de ciencia debe afrontar por una reglamentación y una legislación inadecuadas. Hemos denunciado y trasladado repetidamente esta situación tanto al Ejecutivo como al Congreso, con escaso éxito hasta ahora, por lo que cualquier rectificación al respecto será bienvenida". En conversación telefónica, Martín desarrolla la postura de la Confederación.
¿Qué le parece el paquete de medidas aprobado por el Gobierno?
Desde la COSCE hacemos una valoración preliminar positiva. Son medidas que eran imprescindibles para no ahogar el sistema de ciencia español. Son unos cuantos peldaños, pero hay que seguir caminando. Hacienda no distingue para nada las particularidades de la gestión de la ciencia. Hacienda tiene muchas cosas más que ceder.
¿Qué cosas?
Estamos muy preocupados por cómo funciona la Agencia Estatal de Investigación [el instrumento para la gestión y financiación de los fondos públicos destinados a actividades de I+D+i]. O, mejor dicho, estamos muy preocupados por cómo no funciona. Es el Ministerio de Hacienda quien tiene que gestionar unos presupuestos plurianuales para la Agencia. Ahora, si un año no se aprueban los presupuestos generales, las convocatorias de proyectos del Plan Nacional no salen. Y eso es un desbarajuste. Son cosas que dependen de Hacienda y no están resueltas. Sin embargo, como criterio general, valoramos muy positivamente el paquete de medidas. Somos conscientes de que habrá supuesto mucho esfuerzo para las personas que hayan sacado este plan adelante dentro del Ministerio de Ciencia.
¿Qué medidas echa de menos?
Medidas como pasar de un tope de 15.000 euros a uno de 50.000 euros [para ejecutar contratos menores de compra de materiales sin necesidad de hacer un concurso público] son muy importantes, pero también necesitamos que todo el mundo en el sistema de ciencia español pueda confiar que que las convocatorias del Plan Nacional saldrán el 1 de enero de cada año, se resolverán el 1 de junio y se empezarán a ejecutar el 1 de septiembre. Con los retrasos actuales, estamos perdiendo a jóvenes investigadores, que no pueden pasarse meses esperando para saber si los vas a poder contratar con una beca. Se van a trabajar a otras partes. Necesitamos una Agencia Estatal de Investigación que saque las convocatorias con precisión. Es un fallo del sistema que hay que corregir.
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