El Ciemat está al borde del colapso

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) es la institución de referencia en su ámbito de actividad en España. Se trata de un Organismo Público de Investigación (OPI) dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad cuyo carácter diferencial radica en desarrollar investigación aplicada en energía, medioambiente y ciertos campos de ciencia básica con objeto de generar conocimiento y tecnología al servicio del desarrollo industrial de España y, por ende, de la Unión Europea.

En un país con un índice de paro del 16% y una precariedad laboral muy preocupante, el desarrollo de una economía productiva basada en la innovación es un elemento clave. El Ciemat existe para contribuir decisivamente a ese desarrollo, centrando una parte muy significativa de su actividad en acciones de colaboración público-privada y siendo un motor de transferencia tecnológica al sector industrial. Es difícil poner en tela de juicio la importancia que un centro así tiene para España. Sin embargo, no parece que exista conciencia de la gravedad de la situación en que se encuentran este y otros OPI.

Tras la gran crisis económica mundial que estalló en 2008 y después de los importantes recortes sufridos en 2010, sostenidos desde entonces, la partida para el Ciemat en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se ha reducido un 30%. La aparente recuperación económica no parece que llegue para devolver a la investigación a sus niveles originales de financiación. Para mayor desgracia, las dificultades en aprobar los presupuestos en los años 2017 y 2018 y el cierre anticipado del año 2016 han conducido a problemas de no disponibilidad de fondos en los organismos públicos, y no sólo en las partidas procedentes del Estado, sino en los ingresos obtenidos por concurrencia competitiva y contratos con terceros.

La partida para el Ciemat en los Presupuestos Generales del Estado se ha reducido un 30%

Esta reducción presupuestaria afecta gravemente al funcionamiento del organismo, pero no es el único factor que lo asfixia. Alrededor del 20% del personal del Ciemat está en situación precaria, con contratos laborales temporales durante tantos años que la situación se ha convertido en crónica, amenazando de forma inminente con una letal brecha generacional. Muchas líneas de investigación pueden desaparecer si los investigadores que las dirigen se jubilan sin que los que tienen unos años menos hayan siquiera consolidado sus puestos de trabajo.

Desafortunadamente no acaban aquí los problemas del Ciemat y de otros OPI y por lo tanto, de nuestro sistema de apoyo al desarrollo tecnológico e industrial. Se añade a lo anterior el que, de hecho, es el factor que más contribuye a la literal estrangulación del centro: una batería de normas administrativas de control y fiscalización de su actividad que, al no estar diseñadas para organismos de investigación ni tener en consideración el funcionamiento singular de éstos, causan de facto la imposibilidad práctica de formalizar convenios, dilatan los tiempos, dificultan la ejecución de la inversión y la actividad y requieren unos recursos de gestión de los que no se dispone.

Alrededor del 20% del personal está en situación precaria

El Ciemat, integrado por su naturaleza en foros internacionales altamente competitivos, se ve en situación extraordinariamente delicada al no poder firmar convenios de manera operativa, responder a tiempo de sus obligaciones contractuales, abonar sus cuotas de participación ni, en general, cumplir mínimamente las obligaciones que se derivan de su posición y de las relaciones que le corresponde mantener con los agentes de la industria y de la I+D. Explicar esto a representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de la Intervención General o de la Abogacía del Estado ha resultado estéril. Estos órganos no son receptivos a una visión flexible de una normativa que no está pensada para un organismo de investigación. Tomemos un ejemplo como muestra de ello: la participación en consorcios y colaboraciones internacionales, que normalmente requiere el pago de una cuota, es obligada para mantener los retornos esperados en programas como el Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Abonar una cuota de participación en un foro internacional por un importe de sólo 3.000 euros ya aprobados dentro del presupuesto del centro, implica un proceso que puede llegar a durar más de un año. Este tiempo se consume en una larga serie de trámites que incluye la autorización del Consejo de Ministros.

No es difícil imaginar cuánto desgaste administrativo (y por lo tanto, económico) conllevan procedimientos como éstos. Un sistema que, con toda seguridad, se ha instaurado para ahorrar recursos y evitar malversación, resulta ser la causa de pérdidas económicas apreciables en términos de sueldos de funcionarios malgastados en tareas no siempre imprescindibles, retrasos en pagos, incumplimientos con penalizaciones económicas, pérdida de competitividad, pérdida de oportunidades de participación en proyectos y una larga lista de ejemplos de falta de eficacia en el uso de los recursos públicos.

Las condiciones administrativas actuales, además, impiden al Ciemat diseñar estrategias dentro de su actividad y marco colaborativo, por la incertidumbre que supone para el Centro estar sujeto a diferentes interpretaciones vinculantes de terceros en aspectos administrativos de sus contratos y convenios.

Con voluntad política sería posible aplicar soluciones eficaces inmediatas, como se ha hecho en etapas anteriores con independencia del signo político del Gobierno

Tres factores compiten, pues, en ser causas para el colapso del Ciemat: las fuertes limitaciones presupuestarias, la precariedad crónica de una parte importante del personal y una superposición de nuevas normas administrativas que puede que sirvan para otros tipos de centros públicos, pero que, en su conjunto, son letales para un centro de investigación dinámico y en constante interacción con la industria y con instituciones.

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha mostrado reiteradamente su preocupación por estos graves problemas y nos consta que ha hecho y hace el mayor esfuerzo por encontrarles solución. Tenemos indicios de que en breve pueda salir adelante un plan de consolidación del empleo público que contribuya decisivamente a resolver en mayor o menor medida uno de ellos. Sin embargo, las soluciones a las otras dos cuestiones se encuentran en manos del Ministerio de Hacienda, o de instancias superiores del Gobierno.

Con voluntad política, sería posible aplicar soluciones eficaces inmediatas, como se ha hecho en etapas anteriores con independencia del signo político del Gobierno. Nos consta que estas soluciones cuentan con la comprensión de una amplia mayoría dentro del Congreso de los Diputados. Basta con que se tome conciencia política del enorme perjuicio que la situación actual está causando a un sector de importancia estratégica para entender la urgencia de poner en marcha unas pocas medidas normativas que pueden resolver estos gravísimos problemas. Y ello sin ningún coste presupuestario, es decir, manteniendo la estrategia actual de ajuste presupuestario. Excluir a los OPI del requerimiento de Intervención Previa, por ejemplo, sería una medida de efectos inmediatos y coste cero que podría, en combinación con algunas otras, salvar in extremis al Ciemat y a otros centros de I+D de un colapso inminente.

Sólo pedimos una reflexión serena y objetiva. No queda mucho tiempo.

Este artículo está firmado por Julio Cárabe, Emilio Muñoz, Carlos Alejaldre, Rocío Millán, Antonio Molinero, Paloma Manzanares, Pablo García Abia, Manuel Pujadas, Isabel Rucandio, Carlos Hidalgo, Francisco Castejón, Ángel Ramírez, investigadores del Ciemat, junto a otros 260 científicos y trabajadores del mismo centro y otros organismos públicos de investigación.